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Estado de Derecho
#31
(06-17-2020, 01:36 AM)parachute escribió: Algún día alguien va a tener que poner el punto final ...el tema es que seguirán con algo mas .

Por lo que veo, si no siguen con algo mas se les termina, porque es la forma de "mantener" a sus militantes, de lo contrario se quedan sin gente.

Por eso les viene muy bien estos temas como que no aparezcan los desaparecidos, se mantienen activos y en "el ruedo".
 
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#32
Cabildo Abierto impulsará proyecto de ley de amnistía para militares por delitos en dictadura
El País
 
“Cabildo Abierto cuando habla de determinadas ideas las traduce en hechos”, dijo el senador Lozano; se trataría de un proyecto “para todos quienes no quedaron dentro de la ley de Amnistía” de 1985.
 
Cabildo Abierto trabaja en un proyecto de ley de amnistía para militares que hayan cometido delitos durante la dictadura (1973-1985), de acuerdo a lo que dijo este miércoles el senador de ese partido Raúl Lozano en Informativo Carve de Radio Carve.
 
 
“Cabildo Abierto cuando habla de determinadas ideas las traduce en hechos, no hablamos al vuelo”, dijo el legislador, quien agregó que se trataría de un proyecto “para todos quienes no quedaron dentro de la ley de Amnistía”. Esa ley, la N° 15737, fue promulgada en marzo de 1985.
 
No es la primera vez que en los últimos días un legislador de Cabildo Abierto menciona la posibilidad de una amnistía.
 
En entrevista con el programa"970 noticias (Radio Universal), el senador Guillermo Domenech dijo ayer: "Yo pienso que tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja. En algún momento hay que dar vuelta la hoja sin perjuicio de atender la situación de los desaparecidos y la búsqueda de esos cuerpos, eso es otra cosa".
 
Las palabras de Domenech fueron su respuesta tras ser consultado por los dichos del líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, quien a mediados de abril lanzó en el Parlamento: "¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?".
 
El excomandante en Jefe del Ejército dijo esto tras la detención y procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez, procesado con prisión el pasado 26 de marzo por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), durante la dictadura.
 
El propio Lozano se refirió esta semana en el Senado al procesamiento de otro militar retirado, Leonardo Vidal, acusado de haber asesinado al tupamaro Nelson Berreta Hernández en 1972. El legislador dijo que la decisión judicial responde a una “persecución ideológica de venganza y que nada tiene que ver con Justicia”.
 
Lozano se volvió a referir este miércoles a este caso: "Es inconcebible que a un soldado que cumple con su deber 48 años después lo manden a prisión. Lo que hizo fue cumplir con la orden que le dio el oficial a cargo".

Big Grin Big Grin Big Grin
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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#33
El fiscal y la información
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HEBERT GATTO
Lunes, 22 Junio 2020 04:00

El martes 16 de junio, el Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz en un reportaje en Canal 12 de Montevideo, entre otros comentarios, realizó dos afirmaciones de interés.

La primera, con la que concordamos, fue que los medios de comunicación resultaban relevantes en los juicios penales como difusores de creencias, valores y sentimientos que confluían en su resolución. Algo sociológicamente evidente. Por esa razón, la entrevista efectuada con quien dirige el servicio estatal encargado de fijar, diseñar y ejecutar la política de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas constituye una obvia contribución a la formación de la opinión pública de la nación. ¿Quién mejor, para ilustrar a la población sobre políticas penales, que el Fiscal de Corte?

La segunda respuesta, realizada por Díaz al ser preguntado por la polémica desatada por la reciente condena de un exsoldado por un homicidio cometido por orden superior en 1972, fue su enfático pronunciamiento respecto a que en nuestro país tales crímenes no prescriben, por lo cual, en ese aspecto, nada cabía objetar a lo actuado. Es forzoso colegir que este apurado “dictámen” del Fiscal asume que la imputación refería a un delito de lesa humanidad, pese a que, como se sabe, la dictadura militar en el país, recién se declaró en junio del año siguiente. Esto hace altamente discutible que los crímenes cometidos antes de su instauración puedan ser, tanto en lo interno como en el plano internacional, calificados de esa forma. Aún cuando fuera cierto que en 1972 el país vivía circunstancias extraordinarias y que el Parlamento había decretado el “estado de guerra interna”, por entonces la democracia, pese a sus dificultades de funcionamiento, todavía pervivía. No obstante no será este punto -pese a su relevancia- el que aquí discutiremos.

El Fiscal fundamentó su apreciación remitiéndose al fallo emitido por la Corte Interamericana de Justicia el 22 de febrero de 2011, en el caso “Gelman vs. Uruguay”, que decidió que los delitos que juzgaba, al haber sido cometidos por el Estado durante la dictadura eran de lesa humanidad y por consiguiente imprescriptibles. Complementariamente Díaz agregó que la competencia de la Corte había sido aceptada sin reservas por Uruguay en 1985. Con ello no solamente entendió que nuestro país debía cumplir con ese fallo en particular, sino que el mismo sentaba un precedente obligatorio (como en el derecho anglosajón), que Uruguay no podía desconocer en casos similares. Aún si no era parte de los mismos.

Lo que el Fiscal no dijo y también debió decir si hubiera querido evitar que los televidentes quedaran defectuosamente informados, es que esa argumentación la formuló y repitió desde el 2013 en adelante (Sent. Sup, Corte, No 20 del 22.2.13), siendo sistemáticamente rechazada por la Suprema Corte, que entendió en todos sus pronunciamientos que la misma, al desconocer los principios de “legalidad” e “irretroactividad” de la ley colidía con la Constitución de la República. 


Principios de rigor en una democracia liberal. Ello constituye una omisión informativa inaceptable en un Fiscal de Corte que no ignora, puesto que lo reafirmó en la propia entrevista, que cuando, desde su alta posición institucional se dirige a un público masivo debe instruirlo objetiva y adecuadamente, evitando confundirlo mediante verdades a medias.
“Dulce et decorum est pro patria mori”
 
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#34
Dr. Gonzalo Aguirre Ramirez:

 “Como es sabido no soy especialista en Derecho Penal pero no se precisa serlo para comprender los principios cardinales del Derecho como lo son el de la irretroactividad de la ley penal y el de la prescripción de la pena de los delitos”, indicó.

Entre los papeles desplegados está el Estatuto de Roma que entró en vigencia en el año 2002 y a juicio de Aguirre “tiene una gran importancia porque establece en cuanto a las competencias de la Corte en su artículo 1º literal B a los crímenes de lesa humanidad”.

Subrayó que en el capítulo de los Principios Generales es muy importante tener en cuenta que el artículo 22º establece el principio clásico del Derecho Penal que consagra el artículo 1º de nuestro Código Penal que es “Nullum crimen sine lege”, o como reza el texto, “nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte”. “Se trata entonces del clásico principio de la irretroactividad de la ley penal”, explicó el ex vicepresidente.

Para Aguirre “los crímenes de lesa humanidad están vigentes en Uruguay desde que se aprobó la ley 18.026 que establece la cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad que fue promulgada el 26 de setiembre de 2006”.

“De manera tal que delitos cometidos hace 40 o 50 años evidentemente no pueden ser penados porque violan el principio de irretroactividad de la ley penal, más allá de los casos concretos y que evidentemente todos condenamos la tortura”, concluyó Aguirre. “Aquí no prima eso de que lo político está por encima de lo jurídico, según dijo en forma totalmente errónea el ex presidente Mujica. En un Estado de Derecho, el Derecho siempre está por encima de lo político”, agregó.

Vale decir que en febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de Uruguay había declarado inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de delitos supuestamente cometidos durante la dictadura uruguaya. Según una crónica publicada en el semanario argentino Página 12, desde el Frente Amplio se manifestó la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte y se convocó a una marcha para repudiar el fallo, iniciativa apoyada por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. La entonces presidente del FA, Mónica Xavier, también repudió el fallo y llamó a movilizarse. La misma Xavier que condenó recientemente en las redes al senador Manini porque, según ella, “insiste en no respetar la Justicia”.

En aquella oportunidad, siete años atrás, el máximo tribunal de justicia de nuestro país declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. “El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente”, señaló el artículo de prensa.

Para Aguirre el tema es claro. “El artículo 10º de nuestra Constitución en su segundo parágrafo dice que “ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, lo cual quiere decir que no se puede privar de la libertad a una persona autor de determinada conducta que no era punible en el momento de su comisión”, indicó.

“Por ejemplo, si se establece que es delito circular por la carretera a más de 120 km/h no puede la ley establecer hoy en 2020 que la ley rige desde enero de 2018. Eso atenta contra dos principios cardinales, el de libertad porque yo tengo que saber si soy libre o no para realizar una determinada acción y el de seguridad al resquebrajarse el orden jurídico por no tener certeza de cuáles son las consecuencias de mis acciones”, sostuvo Aguirre.

Pide que le acerquen entonces uno de los libros que tiene a disposición. “No improviso opinión al decir esto”, advirtió. Seguidamente leyó varias opiniones de notables juristas de distintas disciplinas como los doctores Alberto Ramón Real, Héctor Gros Espiell y José Luis Shaw.

“Por otra parte, el Estatuto de Roma establece también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero volvemos a la mismo porque en el año 1972 la prescripción se regía por el Código Penal, no por una ley del año 2002. Por lo tanto, esos delitos a casi cincuenta años de su comisión están prescriptos”, afirmó Aguirre. En el mismo sentido, tampoco el Convenio de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad de 1968 estaba vigente cuando se cometieron las torturas porque fue suscrito por Uruguay en el año 2001 con la Ley 17.347.

Consultado sobre la ley de Caducidad, Aguirre opinó que “no solo fue refrendada por el plebiscito de abril de 1989, sino que fue confirmada o mejor dicho rechazada la inclusión de su derogación en la Constitución en el plebiscito realizado simultáneamente con las elecciones de 2009 en el cual el pueblo ejerció directamente la soberanía como dice el proemio del artículo 77º de la Carta, que establece que los ciudadanos son los miembros de la soberanía de la Nación”. “La ley de Caducidad evidentemente sigue vigente aunque ya hace más de una década que fue declarada inconstitucional, pero su no aplicación representa el desconocimiento de la voluntad, no del soberano que es la Nación, pero sí de quienes ejercen la soberanía”, afirmó.

Big Grin Big Grin Big Grin
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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#35
Amén.
 
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