[legionario]

UN REFRITO DE MEDIAS VERDADES Y BASTANTES MENTIRAS, AUNQUE EN ALGO, ACIERTAN, POCO PERO ACIERTAN.
NO SE QUIÉN ESE ESE GABRIEL PORFIRIO QUE CITAN PERO LA TIENE CLARA.  

Hace agua (Brecha – pág. 6)

CLAROSCUROS DEL PROCESO DE COMPRA DE BUQUES DE ALTAMAR




Mónica Robaina

El llamado público a empresas interesadas en vender patrullas de alta mar a
Uruguay genera dudas y ha provocado el retiro de algunos interesados en las
últimas semanas. A falta de datos precisos desde el Ministerio de Defensa
Nacional, en el Frente Amplio planean citar a Diputados al titular de la cartera,
Javier García, para que aclare un panorama menos transparente del que
postula el gobierno.

Poderosos astilleros extranjeros, públicos y privados, compiten por colocar dos
buques oceánicos Offshore Patrol Vessel (OPV) en Uruguay, tras un llamado a
ofertas anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en diciembre y divulgado
de manera reservada entre algunos gobiernos interesados a principios de 
enero. Los navíos de alta mar tendrán funciones de control pesquero,
búsqueda y rescate, y lucha contra la contaminación, entre otras obligaciones
que Uruguay mantiene en su debe y que se tornaron aún más imperiosas a
partir de setiembre de 2016, cuando las Naciones Unidas concedieron al país
la ampliación del límite de su plataforma continental hasta llegar al máximo
permitido de 350 millas. 

El plan estratégico de fortalecimiento de la Armada
Nacional, que comenzó en las administraciones frenteamplistas, pero quedó
inconcluso, apunta a adquirir embarcaciones de vigilancia, menos bélicas, que
permitan al país cumplir con sus deberes internacionales y, al mismo tiempo,
bajen los sobrecostos atribuidos a la pérdida de recursos pesqueros, entre
otras causas vinculadas con la obsolescencia de la flota oficial (que promedia
los 60 años de antigüedad) y la escasez de navíos multipropósito para alta mar.
Si se concreta la compra de los dos OPV, será uno de los mayores negocios
del gobierno de coalición y sin dudas la mayor inversión en la historia de la
Armada Nacional: el ministro de Defensa Nacional, Javier García, calculó en
diciembre que la compra rondará los 100 millones de dólares, como si
conociera de antemano las ofertas, aun antes de que se abriera el llamado. La
magnitud del monto manejado no solo despertó el interés de empresas de
China, Francia, España, Alemania, Israel e India –algunas ya interesadas en el
gobierno anterior–, sino que también provocó tensiones por modificaciones que
el actual gobierno impuso a los anteriores requisitos establecidos por la
Armada y por la forma en que, pese al discurso de transparencia presidencial,
se procesan las primeras semanas del llamado. 

De hecho, aunque se esperaba que las ofertas se conocieran el 10 de febrero, algunas empresas cuestionaron el escaso tiempo para preparar las ofertas  solicitaron prorrogar el plazo,
mientras otras desistieron, señalaron a Brecha fuentes de la comisión de
monitoreo del procedimiento, instalada el 19 de enero e integrada por los
representantes de la coalición de gobierno Rodolfo Grolero y Aldo Francescoli,
y Joel Rodríguez por el Frente Amplio (FA).
 Aunque ya recibieron los pliegos de
condiciones, los miembros de esta comisión no tienen potestades para analizar
si los requisitos técnicos definidos por la Armada realmente se ajustan a las
necesidades proclamadas por el gobierno, ni voz sobre la selección de la firma
ganadora, ni sobre los mecanismos de financiación, que comprometerán a
futuras administraciones.
 Para eso se instaló, el mismo 19, una comisión
asesora que analizará las propuestas, integrada por el comandante de la
Armada Nacional, almirante Jorge Wilson, el director general de Recursos
Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Damián Galó, la
directora de Asuntos Jurídicos y Notariales, Sandra de Souza, y la contadora
general de la nación, Magela Manfredi. Además, como en este tipo de
llamados, está previsto que organismos públicos especializados se encarguen
de controlar el cumplimiento del contrato.

NO TAN PÚBLICO
Hasta ahora, la información que recibió la comisión de monitoreo llegó de parte
del ministro García, quien en la primera y única sesión de ese órgano expuso
las pretensiones de la Armada y conceptos estratégicos similares a los de la
conferencia de prensa que ofreció junto a Lacalle Pou en diciembre. A falta de

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datos más certeros para expedirse sobre el procedimiento, las fuentes
consultadas por este semanario pidieron no ser identificadas. Bajo esa
condición, cuestionaron que, al anunciar el llamado, Lacalle Pou dijo que sería
público en lugar de acogerse al artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad
y Administración Financiera, que habilita a hacer la compra de forma directa,
pero en los hechos lo ha mantenido prácticamente en reserva. Las fuentes
mencionaron que esta semana el portal especializado Infodefensa.com señaló
que los pliegos de condiciones fueron enviados directamente a las embajadas,
«como único mecanismo de distribución», por lo cual el llamado no puede
considerarse «público». 

A juicio del periodista Gabriel Porfilio, autor de un
artículo publicado el martes 1, la decisión afecta la transparencia mentada por
el presidente: «¿Cómo se espera que la embajada de un país que tiene dos o
más astilleros privados pujando por el proceso procese la recepción de ese
llamado?», se preguntó, y consideró el riesgo de que un gobierno manifieste
preferencias sobre una empresa en detrimento de otra o intente imponer un
astillero público.

Además, las fuentes señalaron a Brecha que las ofertas
sobre las embarcaciones están catalogadas como «secretas», por motivos de
«seguridad nacional», aunque este resulta un argumento débil en tanto el
diseño y el equipamiento de los buques construidos por los diferentes astilleros
son harto conocidos mundialmente y no se trata de un plan bélico –lo cual
podría justificarlo–, sino de patrullaje.

Ni las conversaciones entre gobiernos ni el secreto para las ofertas son datos a
naturalizar en el contexto de transparencia que intenta preconizar la
Presidencia. Tampoco resultan menores si se recuerda que en diciembre
Lacalle Pou dijo que el gobierno ya conoce a los interesados: «Tanto el ministro
de Defensa como quien habla, en el quinquenio pasado estábamos en la
Comisión de Defensa del Senado y recibimos muchas empresas,
representantes de distintos países que estaban dispuestos a suministrar estas
patrullas oceánicas», dijo. Durante la pasada campaña electoral, García se
perfilaba como futuro ministro de Defensa del Partido Nacional y también
reconoció a Brecha que «cinco o seis empresas» internacionales hacían lobby
por los despachos de los senadores, hasta que, «en aras de la transparencia»,
él mismo les pidió «que institucionalicen las ofertas y comparezcan en la
Comisión de Defensa, para que conste en actas» (véase «Un mar de
casualidades», Brecha, 22-III-19). 

Ahora, dado el «secreto» declarado para las
ofertas, los contendientes no llevarán sus propuestas abiertamente al
Parlamento –lo cual impide que la ciudadanía las conozca–, sino que las firmas
y los gobiernos negocian directamente con el MDN, a través de García y el
subsecretario Rivera Elgue, confirmaron a Brecha fuentes del equipo
frenteamplista que estudia el tema. Por su parte, Porfilio remarcó en su artículo
que «la insistencia del gobierno uruguayo de adquirir material militar o cuasi
militar a través de contactos políticos no es viable en todas las compras y eso
no parece quedarle claro al Ministerio de Defensa». A su juicio, esa tesitura
podría empujar a las empresas privadas a negociar en el ámbito político en
lugar de acogerse a criterios de transparencia técnica.

ENTRE CONOCIDOS

De las últimas actuaciones del gobierno del FA en torno al programa de
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas se sabe que el astillero alemán
Lürssen –cuyo representante en Uruguay es el capitán de fragata retirado
Gerardo Moreira– iba primero en el proceso de evaluación técnica, seguido por
la firma, también alemana, Fassmer, la francesa Naval Group (ex-DCNS) y la
estatal China Shipbuilding Offshore Company, que tenía entre sus
representantes al coronel retirado Gustavo Cardozo, actual director general de
secretaría del Ministerio de Salud Pública en representación de Cabildo
Abierto. Con la administración de Lacalle Pou y sus nuevos requisitos, los
chinos han ganado terreno tras «pactar» algunos cambios, afirmaron las
fuentes. 
También ingresó al ruedo la estatal española Navantia, desde que en
mayo pasado el gobierno español presentó los productos del astillero al
gobierno uruguayo. 
En cambio, otras empresas, como Fassmer y la estatal
Goa Shipyard Limited (India), se retiraron, y lo mismo podría ocurrir con Israel,
cuya embajada ofreció el año pasado a Uruguay embarcaciones OPV de su
astillero oficial, pero de menor porte al ahora planteado. «Uno de los detalles
llamativos es que actualmente Uruguay está descartando buques con menos
de 1.500 toneladas de desplazamiento, más allá de si cumplen con los
requisitos esenciales de “permitir el control funcional del mar”, como exige el
objeto de la contratación. 
Esto limita la posibilidad de incorporar buques más
pequeños y versátiles que cumplan los objetivos del pliego y, a su vez, que
apuntalen tantas limitaciones para la participación de distintas empresas
navales», explicó a fines de enero el portal Visión Marítima. Otro aspecto que
podría considerarse desestimulante es que, además del costo de los pliegos
(10 mil dólares para patrullas nuevas y 5 mil para las de hasta diez años de
antigüedad), el Estado solicita una carta de garantía de mantenimiento de la
oferta equivalente a 1.200.000 dólares. 

Según fuentes del citado portal, esto «acorta la amplitud de oferentes y de modelos disponibles para su compra».2
Dada la situación y a falta de información oficial, en el FA hay intenciones de
convocar al ministro García a la comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados cuando se levante el receso parlamentario.
La idea es plantearle, entre otros asuntos atinentes a su cartera, algunas dudas
sobre el llamado y las negociaciones políticas entre países, además de los
planes del Ministerio de Economía para obtener los recursos presupuestales,
dijo a Brecha el diputado del Movimiento de Participación Popular Carlos
Rodríguez. De acuerdo a los pliegos, el gobierno pagará la mitad de la
inversión durante la presente administración y el monto restante dentro de los
siguientes diez años. 

Sin embargo, el ministro García no ha dicho qué recursos
se emplearán y la compra no figura en la asignación presupuestal del MDN. De
hecho, 50 millones de dólares representan toda la asignación presupuestal de
la cartera para el quinquenio. La pregunta es, en esa coyuntura, de dónde
saldrán los fondos extras para reforzar el rubro y si, en medio de una pandemia
por coronavirus que continúa afectando la economía de los uruguayos, esta
adquisición debe considerarse una prioridad.


1. «La compra de patrulleros para la Armada de Uruguay navega por aguas
turbulentas», Infodefensa.com, 31-I-22.
2. «Nuevos detalles –y limitaciones– de la licitación para los OPV de Uruguay»,
Visión Marítima, 31-I-22.

URUGUAY PAGARÁ 5 MILLONES DE DÓLARES POR GUARDACOSTAS DE
ESTADOS UNIDOS
Un total de 55 bolsos con una tonelada de cocaína, según estimó la Armada
Nacional, fueron encontrados esta semana en la playa del balneario San
Antonio (Rocha). Si bien se intenta determinar la procedencia y el destino de la
droga, la fuerza naval cree que la intención era llevarla en lancha desde la
costa, mar adentro. 
El caso dejó en evidencia las dificultades de Uruguay para
controlar el tráfico de drogas por vía marítima y refuerza la conveniencia de un
acuerdo con Estados Unidos por el cual Uruguay recibirá una donación de tres
lanchas fluviales Protector. Según adelantó la embajada estadounidense
durante la firma de la carta de aceptación, en diciembre pasado, las
embarcaciones llegarían a finales de 2022, como parte de «una subvención de
la Guardia Costera» estadounidense para el plan de modernización de la flota
nacional. «Los tres buques –USCG Cutters Albacore (WPB-87309), Cochito
(WPD-87329) y Gannet (WPB-87334)– fueron puestos en servicio entre 1999 y
2009. El costo original fue de 14.361.000 dólares y el valor actual estimado es
de 8.685.000 dólares», detalló la embajada al divulgar el acuerdo
intergubernamental. 
No obstante, Uruguay deberá pagar 4.986.296 dólares
para el reacondicionamiento de los buques y la formación del personal de la
Armada» que trabajará a bordo.
Los buques «han servido en Estados Unidos en misiones de seguridad
nacional, lucha contra el contrabando de drogas, aplicación de la ley de
inmigración, aplicación de la ley de pesca marítima y apoyo a la búsqueda y el
rescate», destaca el artículo de difusión. Cada uno incluirá una lancha
neumática de casco rígido, que puede ser lanzada desde la popa del buque
mayor mediante un innovador sistema de lanzamiento y recuperación. «Esta
capacidad permite a las tripulaciones interceptar, inspeccionar o abordar
rápidamente otros buques mientras patrullan sin detenerse.»
«La buena noticia para Uruguay es que estos buques son un caballo de batalla
probado de la Guardia Costera, pero todavía tienen muchos años de uso por
delante», dijo la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos,
Jennifer Savage. Se espera que los buques y las tripulaciones entrenadas
lleguen a Uruguay en el último semestre de este año.

CÓMO SERÁN LOS BUQUES OPV Y QUÉ SUPERFICIE VIGILARÁN

Mucho mar

En el pliego de condiciones para embarcaciones nuevas, que se desarrolla en
90 páginas y al que Brecha accedió, el gobierno establece que comprará dos
buques tipo Offshore Patrol Vessel (OPV) iguales o mayores a 1.500 toneladas
de desplazamiento, de entre 80 y 120 metros de eslora, «que permitan realizar
el control funcional del mar a fin de garantizar el rol del Estado en nuestras
aguas jurisdiccionales».

Las unidades deben contar con una «dotación reducida (de 55 a 65 tripulantes,
más otros 25 de complemento), planta de propulsión económica, helicóptero
embarcado para unidades mayores y hangar, armamento polivalente,
dimensiones para su mantenimiento en diques nacionales, equipamiento y
tecnología acordes a la misión, y autonomía y permanencia en el mar
adecuadas a su función». El texto especifica que el primer buque en
condiciones operativas deberá estar abanderado antes del 30 de junio de 2024.
Además de los requisitos sobre el personal que inspeccionará la construcción,
el adiestramiento de los funcionarios de la Armada que trabajarán a bordo, un
soporte logístico integrado que garantice la operatividad de las plataformas por
un período de al menos cinco años y actualizaciones de software, se explicitan
los estándares de comunicaciones.
En el capítulo sobre «sistema de gestión de combate», el gobierno exige que
porten un cañón de 76 milímetros y dos ametralladoras de calibre 12,7 a 20
milímetros instalados. En cuanto a las «operaciones aéreas», se pide que
cuente con «cubierta de vuelo para operaciones con helicóptero AB 412 HP
con coeficiente de peso dinámico 10 toneladas o superior».
Según explicaron a Brecha desde el Grupo de Ciencia y Tecnología Marina de
la Universidad de la República, el mar territorial uruguayo se extiende por 12
millas náuticas (22,2 quilómetros) contadas a partir de la línea de bajamar a lo
largo de la costa hasta la línea imaginaria que une Punta del Este (Uruguay) y
Punta Rasa (Argentina), en el límite exterior del Río de la Plata. En este sector
del océano el Estado ejerce plena soberanía, al igual que en las aguas internas
de su territorio (continente). En tanto, la zona económica exclusiva es una
franja marítima que ocupa 142.166 quilómetros cuadrados, equivalente al 82
por ciento de la superficie terrestre del país (176.215 quilómetros cuadrados).
Se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de
200 millas marinas (370,4 quilómetros) contadas a partir de la línea de base.
En esta zona, Uruguay tiene derechos de soberanía para explorar y explotar
los recursos naturales vivos y no vivos, presentes tanto en las aguas
suprayacentes al lecho marino como en su lecho y subsuelo. Estos derechos
también se extienden a otras actividades, como la producción de energía
derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Por otro lado, Uruguay
tiene el deber de promover el manejo y el uso sustentables de los recursos
renovables y no renovables, y se compromete a proteger y preservar la
biodiversidad y el ambiente marino con base en la mejor información científica
disponible, tal lo plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sustentable 14 de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.