08-12-2026, 11:00 PM
El gobierno actuó en forma legítima al rescindir el contrato con Cardama, según informe jurídico de Delpiazzo El Poder Ejecutivo consultó al estudio cuál era su opinión sobre la decisión que había adoptado de finalizar el acuerdo con el astillero español por la compra de dos patrulleras oceánicas. La respuesta, a la que accedió El País, llegó el 1° de julio.
Cuando el Poder Ejecutivo liderado por el presidente Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama al que se le habían encargado dos patrulleras oceánicas (OPV) por 82 millones de euros provocó un cimbronazo en el sistema político. Se anunciaron reclamos por parte del privado, la oposición —principalmente el Partido Nacional— criticó duramente el haber dejado por el camino un acuerdo firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou y quedó instalada la interrogante de si la actual administración había actuado bien al cortar el contrato. Al punto tal que una comisión especial en el Parlamento analiza el proceso y lo ocurrido años antes.
Más allá del convencimiento de las autoridades —cuya cara visible ha sido el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz—, Presidencia encargó al estudio jurídico Delpiazzo, que formó parte de la elaboración del contrato con Cardama, que diera su opinión sobre los pasos que dio el Poder Ejecutivo desde que el 22 de octubre de 2025 decidió iniciar acciones civiles, penales y administrativas que luego derivaron en la rescisión.
En dicho informe, al que accedió El País, el estudio concluyó que el Poder Ejecutivo "ejerció legítimamente la potestad rescisoria" por constatar un "incumplimiento grave del adjudicatario.
En el documento de 28 páginas —firmado por los doctores Gabriel Delpiazzo y Natalia Veloso— se agregó que "el incumplimiento es grave subjetiva y objetivamente" ya que se comprobó "la falsedad ideológica y material de los documentos originales presentados como garantía de fiel cumplimiento del contrato y de su pretendida renovación" así como "por irregularidades de igual índole en la garantía de reembolso en tanto se presentó un documento diferente al obtenido de la entidad aseguradora" y "por la omisión de subsanar dicha falta mediante el aporte de una garantía válida y eficaz".
El proceso
El gobierno decidió rescindir el contrato el 13 de febrero de 2026. En los poco más de tres años que pasaron entre la firma con Cardama y la caída del acuerdo hubo varios hechos que Díaz y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, han contado como prueba de que el astillero español incumplió.
Varios de ellos los recoge y analiza el informe de Delpiazzo. Desde sus primeras páginas resalta la cláusula 36 del contrato donde se estipuló que entraría en vigencia cuando se cumplan ciertos hitos, entre ellos, "el constructor presente la garantía de reembolso" y "la garantía de fiel cumplimiento". Se detalló allí que si en 60 días no estaba todo resuelto el contrato se consideraría nulo. Fue desde ese entonces que se acordaron varias prórrogas para que Cardama pudiera acreditar sus garantías.
Cuando el Poder Ejecutivo liderado por el presidente Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama al que se le habían encargado dos patrulleras oceánicas (OPV) por 82 millones de euros provocó un cimbronazo en el sistema político. Se anunciaron reclamos por parte del privado, la oposición —principalmente el Partido Nacional— criticó duramente el haber dejado por el camino un acuerdo firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou y quedó instalada la interrogante de si la actual administración había actuado bien al cortar el contrato. Al punto tal que una comisión especial en el Parlamento analiza el proceso y lo ocurrido años antes.
Más allá del convencimiento de las autoridades —cuya cara visible ha sido el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz—, Presidencia encargó al estudio jurídico Delpiazzo, que formó parte de la elaboración del contrato con Cardama, que diera su opinión sobre los pasos que dio el Poder Ejecutivo desde que el 22 de octubre de 2025 decidió iniciar acciones civiles, penales y administrativas que luego derivaron en la rescisión.
En dicho informe, al que accedió El País, el estudio concluyó que el Poder Ejecutivo "ejerció legítimamente la potestad rescisoria" por constatar un "incumplimiento grave del adjudicatario.
En el documento de 28 páginas —firmado por los doctores Gabriel Delpiazzo y Natalia Veloso— se agregó que "el incumplimiento es grave subjetiva y objetivamente" ya que se comprobó "la falsedad ideológica y material de los documentos originales presentados como garantía de fiel cumplimiento del contrato y de su pretendida renovación" así como "por irregularidades de igual índole en la garantía de reembolso en tanto se presentó un documento diferente al obtenido de la entidad aseguradora" y "por la omisión de subsanar dicha falta mediante el aporte de una garantía válida y eficaz".
El proceso
El gobierno decidió rescindir el contrato el 13 de febrero de 2026. En los poco más de tres años que pasaron entre la firma con Cardama y la caída del acuerdo hubo varios hechos que Díaz y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, han contado como prueba de que el astillero español incumplió.
Varios de ellos los recoge y analiza el informe de Delpiazzo. Desde sus primeras páginas resalta la cláusula 36 del contrato donde se estipuló que entraría en vigencia cuando se cumplan ciertos hitos, entre ellos, "el constructor presente la garantía de reembolso" y "la garantía de fiel cumplimiento". Se detalló allí que si en 60 días no estaba todo resuelto el contrato se consideraría nulo. Fue desde ese entonces que se acordaron varias prórrogas para que Cardama pudiera acreditar sus garantías.
La Libertad no se regala hay que ganarla y merecerla! Cuando te enfrentas a intereses..Te tienes que hacer respetar por la fuerza y punto!
-Francisco José fernández-Cruz Sequera
-Francisco José fernández-Cruz Sequera

