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Muy interesante analisis:

“El contrato público no es un arma del Estado sino un instrumento de cooperación; se litiga cuando ya se ha agotado el arte de administrar.” — Héctor Gros Espiell

“El litigio es el fracaso más caro de la política.” — Felipe González

“Y la seguridad nacional no se mide en argumentos jurídicos, se mide en medios disponibles.” — Clausewitz

Estimadas/os legisladoras/es: 

Este análisis busca aportar una evaluación integral sobre la gestión contractual con Cardama, priorizando la negociación y el ajuste técnico antes de considerar medidas extremas. El objetivo es fortalecer la eficacia operativa del Estado, proteger los recursos públicos y garantizar que los proyectos estratégicos de defensa se completen con criterios técnicos, jurídicos y financieros sólidos.

Informe de análisis sobre la gestión contractual con Cardama

1. Contexto y Marco Contractual

El contrato con Cardama para la construcción de las patrulleras oceánicas establece un marco normativo claro y detallado, diseñado para manejar posibles discrepancias o incumplimientos de manera ordenada y previsible. Antes de recurrir a medidas extremas, como la rescisión del contrato o la iniciación de acciones legales, resulta imprescindible explorar todas las opciones de negociación directa con el proveedor, incluyendo la ampliación o sustitución de la garantía de fiel cumplimiento y la revisión de los términos técnicos que podrían estar generando demoras. Este enfoque no solo se ajusta a principios de buena administración y gestión responsable del Estado, sino que también permite abordar los problemas de manera constructiva, garantizando la continuidad del proyecto sin exponer al país a riesgos innecesarios.

2. Eficiencia Económica y Mitigación de Riesgos

Agotar los mecanismos de ajuste y conciliación antes de iniciar litigios representa una medida eficaz para proteger los recursos públicos. Las patrulleras en construcción constituyen un activo significativo cuya interrupción o rescisión prematura podría generar reclamos por materiales, mano de obra y ganancias proyectadas. La negociación permite alcanzar soluciones consensuadas que reducen la exposición financiera del Estado, minimizan los altos costos asociados a arbitrajes internacionales, peritajes, gastos legales y logística para preservar las embarcaciones, y evitan retrasos en la entrega que afectarían la operatividad naval. Además, este enfoque reduce el desgaste institucional y protege la reputación del país en el mercado internacional de defensa.

3. Cumplimiento Jurídico y Procedimental

El respeto a los procedimientos contractuales fortalece la posición del Estado frente a cualquier eventual disputa. Agotar la negociación y otros mecanismos previstos por el contrato garantiza que las decisiones se tomen con fundamento técnico y jurídico sólido, protegiendo los derechos del proveedor y evitando alegaciones de actuación unilateral. Este enfoque permite documentar exhaustivamente todas las gestiones, facilitando la defensa en caso de eventual arbitraje internacional o reclamación civil, y contribuye a consolidar la credibilidad y la transparencia en la gestión administrativa de contratos de alta complejidad.

4. Relevancia Operacional y Estratégica

Las patrulleras oceánicas representan un activo crítico para Uruguay, cuya superficie marítima supera ampliamente la terrestre. Estas embarcaciones son esenciales para garantizar vigilancia, control de pesca, prevención de ilícitos y respuesta ante emergencias marítimas. Cualquier demora o interrupción en la construcción impactaría directamente en la capacidad de las fuerzas responsables de la soberanía marítima para operar de manera efectiva. Mantener la continuidad contractual y asegurar la entrega de los buques conforme a los estándares técnicos previstos es indispensable para preservar la seguridad nacional y la eficiencia operacional.

5. Recomendación de Gestión Proactiva

La estrategia más responsable consiste en priorizar la negociación con Cardama y agotar todas las instancias de ajuste posibles antes de adoptar medidas de rescisión o iniciar acciones legales. Esta práctica asegura que las embarcaciones sean completadas según los estándares previstos, protege los recursos públicos, y reduce al mínimo los riesgos económicos, jurídicos y operativos. Adoptar un enfoque proactivo y técnico en esta etapa constituye un imperativo de administración responsable, orientado a garantizar que los activos navales críticos estén disponibles cuando sea necesario y que la ejecución del contrato cumpla con todos los criterios de eficiencia, transparencia y seguridad jurídica.

6. Impacto Institucional y Precedente para Contratos Futuros

Más allá de las dimensiones jurídicas y financieras del caso, la decisión de rescindir o judicializar sin agotar previamente la vía de negociación genera un efecto institucional que trasciende este contrato puntual. Cuando un Estado, frente a un proyecto avanzado en más de un 60%, elige litigar antes que gestionar y corregir, transmite a los proveedores internacionales el mensaje de que Uruguay es una contraparte que judicializa antes de negociar, aun tratándose de bienes esenciales para funciones soberanas.

Ese mensaje —persistente en el tiempo más allá del caso concreto— encarece las futuras contrataciones, desalienta a astilleros y proveedores a asumir riesgos en proyectos complejos, y debilita la posición negociadora del país en licitaciones futuras. No agotar la negociación no solo puede incrementar los costos de este contrato, sino también de los que se celebren en adelante.

Adoptar esta secuencia de actuación —negociar primero, ajustar después, documentar siempre— no es solo una opción prudencial: es la única compatible con un estándar de diligencia reforzada en contratos estratégicos de defensa. Proceder sin agotar estas instancias genera un precedente institucional nocivo, en el que la prisa desplaza al derecho y a la técnica. La experiencia comparada muestra que los Estados que sostienen disciplina procedimental obtienen mejores resultados en arbitrajes, preservan credibilidad como contraparte y reducen de forma objetiva el costo de las controversias. La buena administración no consiste en evitar conflictos, sino en gestionarlos del modo que maximiza el interés público; y en este caso, ello exige agotar con rigor los mecanismos contractuales antes de escalar hacia una ruptura o judicialización.

7. Conclusión

Un conflicto litigioso es tiempo sin buques, y tiempo sin buques es vulnerabilidad real. Incluso si el Estado tuviera razón jurídica plena, el simple tránsito por una controversia internacional —y más aún una contrademanda— implica quedar durante años sin las embarcaciones comprometidas en el contrato. Esta situación constituye una brecha operativa en un país cuyo dominio marítimo supera su territorio y expone intereses energéticos, ambientales, comerciales y de seguridad. Un litigio prolongado, además, erosiona la credibilidad del país como contraparte estatal confiable en proyectos de alto valor y tecnología compleja, afectando futuras contrataciones, financiaciones y condiciones de seguros, mientras que los costos fiscales de una contrademanda permanecen abiertos como pasivo contingente.

Negociar no equivale a ceder: equivale a proteger capacidad, calendario, reputación y soberanía material allí donde estas cuestiones se deciden de verdad, en el mar y con medios disponibles, no en escritos judiciales. Por ello, la recomendación final es agotar de manera exhaustiva todos los mecanismos contractuales antes de adoptar medidas extremas, asegurando así la protección integral de los intereses del Estado.

Un cordial saludo,

Dr. Jorge Cassinelli