[ShinJo]

Está más que claro que, en ambos casos, lo político se impone (o se busca imponer) a lo jurídico. Las consecuencias de los desastres y desatinos de ambas administraciones claramente las paga el ciudadano de a pie, que queda como rehén de la desenfrenada búsqueda de imponer una narrativa. En la famosa batalla cultural, los únicos muertos son los bolsillos de Juan Pueblo, sin opción de escape.
¿Se podrá sortear con bien está situación? ¿Hay interés de las partes de que así sea? Porque parece que nos enfrentamos a la falsa oposición de que, si se continúa con el contrato, se legítima todo lo que está mal. Y si se decide por lo contrario, llamando a responsabilidades, el proyecto entra en "full stop". 
¿No existirá una solución de compromiso, en la que se puedan atribuir las responsabilidades a quienes le quepan, pero mirando también por los mejores intereses del país? Reitero: ¿Habrá voluntad?

Habrá que ver qué pasa de ahora en más, 

Salu2!