[HalconLMGA85]

Pongamos las cosas en el contexto real.
Atrás de todo esto, hay una guerra encarnizada mucho más amplia entre gobierno y oposición (antes a la inversa).
Esa guerra tiene muchos frentes y distintas batallas.
Se busca donde pegar más fuerte para tener efectos mediáticos, que derive en arrimar caudales de votantes.
En este sentido, la anterior oposición buscaba hacer responsable al gobierno de las "muertes evitables", de llevar a la Justicia a Heber por el tema portuario y se hicieron la panzada con Penadés. Del otro lado, lograron que se procesara a Cendoya, a Lorenzo y ahora Carreras está con una pata en algún complejo de reclusión.
Es la política de "dejar al otro en evidencia", antes que mostrar lo "bueno que soy".
En ese contexto, y como se venía pegándole a cada paso que daba el gobierno anterior, las OPV quedaron dentro del juego. Ahí la anterior oposición se aprovechó de varios intereses económicos vinculados a la interna de la Armada, para obtener información privilegiada de los que se llevarían tajada en función del astillero seleccionado.
Con eso hizo campaña y criticó día y noche la adquisición (más allá de las enormes desprolijidades y falta de seriedad del Ministro anterior que pretendía un portaviones donado).
Ahora en el gobierno, deben accionar en función de lo que criticaban para mostrar coherencia y seguir pegándole al anterior gobierno para instalar y mantener una mala imagen que les de réditos electorales futuros.
Dicho todo esto, el actual gobierno está incursionando en una zona de altísimo riesgo porque le puede salir el tiro por la culata.
Una cosa es que el astillero incumpla un contrato, y otra cosa es que una garantía presentada pueda no ser solvente.
Las garantías se accionan frente a incumplimientos. Y mientras estos no ocurran, es muy dificil juridicamente demandar al astillero.
A lo sumo podrán denunciar a funcionarios uruguayos por negligencia en su función de contralor, o a la empresa por presentar una garantía insuficiente (QUE EL ESTADO URUGUAYO, en el acierto o error, AVALÓ). Por lo cual, desde la posición de Cardama, tienen todo para ganar!! Están cumpliendo un contrato (más allá de demoras que pueden estar contempladas), y actuó con el aval de su contraparte, Uruguay.
Por lo cual, el RESCINDIR un contrato que se está cumpliendo nos enfrentará a perder una enorme cantidad de millones por daños y perjuicios.
No soy ningún iluminado. Este gobierno seguro que lo tiene claro, pero prefiere pegarle a la oposición y perder fortunas a los efectos de dejar mal parado al anterior gobierno. Además, es seguro que toda esa pérdida se la endilguen a los anteriores. Dirán que fue su culpa, pero no debemos olvidar, QUIEN FUE EL RESPONSABLE DE RESCINDIR.
Todo una locura !!!
Acá, lo lógico sería que el actual gobierno le extienda un plazo a Cardama para presentar una garantía adecuada.
No nos expondrían a una pérdida millonaria, las OPV serían su curso con la necesidad imperiosa que tenemos, y además pueden sacarse cartel de que "gracias a ellos" el proceso se culminó con garantías y de no haberlo hecho, quizás nos hubieran estafado, bla, bla"...