Invitación pública a quien quiera acompañar en el homenaje a este ejemplar Inspector de Policía Penitenciaria, que por su firmeza, efectividad e incorruptibilidad, fue ejecutado por terroristas del MLN-T, pues les impedía desarrollar su plan de fuga de Punta Carretas.
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
Después del Homenaje a Rodolfo Leoncino el Viernes frente a la comisaría 27 homenajeamos al agente Juan Godoy ejecutado en el copamiento de dicho comisaría, a los 50 años, 1972 el año más sangriento del grupo terrorista MLN.
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
Familiares de víctimas del MLN preparan un año de “batalla cultural” Entre homenajes a sus muertos y reclamos a autoridades, critican “indiferencia” y “hemiplejia” a 50 años de la guerrilla, mientras esperan por el proyecto de reparación en el Parlamento.
PAULA BARQUET Domingo, 06 Febrero 2022 04:00 Rodolfo Leoncino. Foto: Leonardo Mainé. Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.
Una noche lluviosa de invierno de 1972, dos hombres corrían por las calles del Cerro hasta que un ómnibus de Cutcsa frenó, fuera de la parada, y les abrió la puerta. Eran las dos de la mañana y en el vehículo iban apenas un par de pasajeros, el guarda y el chofer. Como no hay manera de salir del barrio sin cruzar el arroyo Pantanoso, ahí mismo se había apostado un piquete de las Fuerzas Conjuntas para capturar a los dos tupamaros que intentaban huir.
Detuvieron el ómnibus. Un soldado se subió y de inmediato fue baleado. El guarda, que se tiró al piso y se cubrió la cabeza en cuanto comenzó el tiroteo, no vio nada pero sí alcanzó a oír que Vicente Oroza, el chofer, les abría la puerta trasera y les decía que escaparan. Así lo hicieron, pero antes de bajar uno de ellos fue hacia Oroza y le pegó tres tiros.
“Yo tenía 10 años cuando asesinaron a mi padre. El que lo mató era vecino de La Teja, vivía a una cuadra y media de casa. Mi teoría es que si mi padre quedaba vivo lo iba a identificar”, dice Jaime Oroza, su hijo mayor.
La muerte de este chofer de 49 años provocó una conmoción en el barrio. El entierro fue multitudinario, recuerda Jaime. La CNT, dirigida por comunistas, hizo un paro de 24 horas. Desde distintos sectores de la izquierda se repudió el homicidio del que fuera el primero de los obreros de transporte muerto en servicio. Cutcsa le dio trabajo a su viuda, que era ama de casa y desde ese momento criaría sola a dos niños de cinco y 10 años. “Recuerdo las conversaciones de mi madre con las vecinas, que le decían que fulano había tenido algo que ver. Mi madre recortaba los diarios, que yo leía y todavía tengo”, dice Jaime.
Tres meses después agarraron a los dos tupamaros involucrados en la muerte de Oroza: Luis Alberto Estradet (el que le disparó) y Antonio Mas Mas. Fueron presos por homicidio.
Jaime sabe que después de 1985, cuando quedó libre, Estradet se fue del MLN y se unió al PCU. Sabe, por gente de ese partido, que de allí lo echaron por “conflictivo y pendenciero”. Años después, escuchando el noticiero captó el nombre de Estradet y paró la oreja. Según dice, lo habían agarrado robando una gasolinera en Paraguay. Más tarde volvió a Uruguay. Ahora vive otra vez en La Teja y cobra pensión reparatoria por los años que estuvo preso en la dictadura, por ser víctima del terrorismo de Estado.
“Es una locura”, afirma Oroza y deja unos segundos de silencio mientras busca las palabras. “Me parece el mundo del revés. De preso político no tiene nada. No fue preso por sus ideas, sino por asesino. Me parece una terrible injusticia. Se da la paradoja de que yo con mis impuestos le estoy pagando la pensión a él”.
Oroza asegura que el asesinato de su padre no le impidió nada en su vida. “No fue un trauma. Estudié, trabajé, me casé, tuve hijos. No sufrí más ni menos que otro niño que haya perdido a su padre a esa edad”, dice.
Incluso se identificaba con la izquierda y votó al Frente Amplio hasta 2004. Pero con el FA en el gobierno empezó a sentir que “todas las leyes, la reparación, el resarcimiento, iban para un solo lado y del otro se lo quería enterrar”. Vio “condescendencia” y “hemiplejia histórica y moral” con los tupamaros. Vio memoriales a los asesinos de su padre. Eso fue “un revulsivo”, dice.
En aquellos años entró en un estado depresivo que le afectó a nivel familiar y laboral. Estaba enojado. Junto con su hermano pusieron un cartel frente a la sede del MLN, en la calle Tristán Narvaja, que decía: “Vicente Jaime Oroza García, trabajador de Cutcsa asesinado por el MLN el 28/6/1972. Nunca más!!!” firmado por “sus hijos”. El cartel duró una semana. Nunca supo quién lo retiró. Y en Oroza se instaló una espina que permanece al día de hoy.
Un día fue a la sede del MLN. Relata: “Quería decir que yo había hecho el cartel y preguntar qué sabían de mi padre, si habían hablado del tema y si habían hecho un mea culpa”. Un hombre lo escuchó “muy serio” y le dijo que no sabía, pero que averiguaría. Volvió a hablar con él por teléfono días después, y le dijo que tenía una “devolución” para hacerle, pero que lo haría acompañado de alguien. Eso nunca ocurrió: el interlocutor no llamó más, y Jaime no lo pudo volver a ubicar.
Carta al MLN: “Todavía estás en deuda, tupa" En 2014 Jaime Oroza escribió una carta pública titulada “Todavía estás en deuda, tupa”, en la que menciona la muerte de su padre, repasa la historia y pide a un tupamaro promedio dos cosas. “La primera: que te arrepientas públicamente de lo que hiciste entre 1962 y 1973. Lo que implica reconocer públicamente que en ese período te equivocaste. La segunda: que asumas la responsabilidad de tus crímenes. Pidas disculpas por ellos. Y repares a tus víctimas”. Aclara que es “responsabilidad social y política”, no penal. “Y ojo que tampoco te estoy pidiendo un mango. Hay otras formas. Pueden ser recordatorios con los nombres de tus víctimas en los lugares donde fallecieron, por ejemplo”. Hoy, a ocho años de esa carta, Oroza dice que le parece bien el proyecto de Cabildo Abierto. “Porque al menos se acuerdan un poco del sufrimiento que dejó esta gente, pero no porque crea que el Estado me deba algo”.
50 años. Es 27 de enero de 2022 por la mañana y en una esquina de Jardines del Hipódromo se vive un ambiente particular.
“¿Son militares?”, pregunta una vecina. Le dicen que no, que son un grupo de personas que quieren homenajear a un hombre de apellido Leoncino que murió baleado hace 50 años a unos metros de ahí. Ella se asombra: “Mirá, yo viví toda mi vida acá y nunca supe que hubieran matado a alguien…”.
Dos señoras de más de 70 se acercan a curiosear. Ellas sí supieron del crimen, y hasta se acuerdan de Rodolfo Leoncino, un sargento que por trabajar en el penal de Punta Carretas fue ultimado por el MLN. Es más: fueron testigos de sus últimos minutos.
“Él vivía ahí, a mitad de cuadra. Se estaba haciendo la casita. Y cuando yo voy saliendo a trabajar, antes de las siete de la mañana, pasa un Volkswagen por la calle de tierra. Cuando salgo al portón, el tipo que venía -no me acuerdo de su rostro- me quedó mirando con una cara de susto…”, recuerda una de ellas. “Yo salía a la parada y cuando sentí el fogonazo caminé hacia adelante y vi que él había caído frente a la escuelita”, agrega la otra.
Sabían que su vecino Leoncino -“un hombre muy bueno”- trabajaba en la cárcel, pero no fue hasta muchos años después que supieron el porqué de su muerte.
Dicen que a su esposa le pusieron custodia. Al poco tiempo ella se fue de ahí y la casa quedó vacía. Hoy vive otra gente. Comienza el homenaje con palabras de Enrique Navas, quien fuera director de cárceles entre 2002 y 2006. Destaca que Leoncino era “un policía humilde en un barrio humilde”, que hacía requisas con precisión y que habían querido coimearlo “pero era incorruptible”. “Tras su muerte se pudo realizar la segunda fuga de Punta Carretas. El MLN reconoció el atentado pero jamás hizo autocrítica y jamás pidió perdón”, expresa Navas ante unas 40 personas, en su mayoría hombres, muchos de ellos retirados policiales y militares. Forman parte de varias organizaciones: Asociación Toda la Verdad, Foro Montevideo, Reconciliación Nacional, Foro Libertad y Concordia, y agrupación Familiares de Presos Políticos; los miembros de esta última se identifican con un lazo amarillo en la vestimenta y sostienen que sus familiares fueron “presos por las dudas”, “inconstitucionalmente”, “sin garantías y sin condena”.
El nombre de Leoncino integra una lista de 75 personas que fallecieron en Uruguay entre octubre de 1961 y abril de 1974, a manos del MLN u otros grupos armados de la época. Además, la Asociación Toda la Verdad ha podido relevar a unas 150 personas con deficiencias o secuelas por actos de la guerrilla y 23 víctimas de secuestro. Este 2022 se cumplen 50 años de muchas de las muertes y el plan de la asociación es homenajear a cada uno en el lugar donde los asesinaron. Comenzaron a fines de diciembre con Pascasio Báez, el peón rural que es emblema de las víctimas de la guerrilla; en enero hicieron tres homenajes y el próximo domingo 13 será el turno de dos policías muertos en un asalto a la seccional de Soca.
“Absolutamente nadie, a no ser nosotros, se acuerda de Leoncino. Uno se congratula de tantas personas comprometidas con esta causa. Porque sabemos que nuestra lucha fue, es y será muy dura”, dice ante los presentes Diego Burgueño, hijo de un civil que murió por una bala perdida en la “Toma de Pando” el 8 de octubre de 1969. Pero luego agrega: “Me preocupa la indiferencia. Estos encuentros deberían ser de multitudes. Ningún demócrata debería faltar”. Lo escuchan, esa mañana, los diputados Pablo Viana (Partido Nacional) y Carlos Testa (Cabildo Abierto). Otras veces han participado distintos políticos, principalmente cabildantes.
Entonces cuenta Burgueño que un legislador le reprochó que estaban “haciendo actos muy seguido y poco concurridos, desvirtuando la lucha”. “Qué poco se entiende… Por más que seamos tres, seguiremos homenajeándolos a ellos y a sus familias, que debieron sufrir el acoso luego. Vamos a estar acá al firme”, remata enojado Burgueño, secretario general de la Asociación Toda la Verdad.
Dura batalla. Tras años de conversaciones sobre sus historias personales, Sergio Molaguero empezó a acompañar a Diego Burgueño a Pando a recordar a su padre cada 8 de octubre. El grupo que convocaba Burgueño fue creciendo y reuniendo a más gente. Se les sumó Jaime Oroza, con quien en los primeros meses de 2020 se propusieron hacer una “pesquisa de familiares”. La base estaba: la había armado el exdiputado colorado Daniel García Pintos para un proyecto de ley de reparación económica.
En agosto de 2020, ya con nombre de asociación, se presentaron en Torre Ejecutiva y tuvieron una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Le plantearon la intención de que sus muertos dejaran de estar “ocultos” en los libros de texto y que se empezara a dar su versión sobre los hechos de aquellos años. Fue el puntapié de una serie de encuentros con autoridades: Pablo da Silveira, Robert Silva, Javier García, Leonardo Cipriani; también autoridades partidarias como Pablo Iturralde y Julio María Sanguinetti, y varios legisladores.
Hasta ahora, si bien han cobrado “visibilidad” y esas reuniones permitieron que más familiares se unieran, poco han logrado del sistema político.
“Todos nos dieron para adelante, pero yo tengo años de tratarme con políticos. Y una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen”, dice Molaguero, presidente de la Asociación Toda la Verdad, que con 23 años, por ser hijo de un empresario de la industria del calzado, el OPR-33 lo tuvo secuestrado durante 69 días en 1972. Se propusieron conseguir atención en salud mental gratuita, al igual que tienen por ley las víctimas del terrorismo de Estado. Se reunieron con Cipriani y acordaron con la senadora Graciela Bianchi que elaboraría un proyecto para incluirlo en la misma ley que establece la atención para “las otras víctimas”. No se ha avanzado, pero Molaguero es optimista: “¿Quién se va a negar?”.
El planteo para revisar los libros de texto tampoco prosperó hasta el momento. Dice Molaguero: “Ese es el fondo de nuestro planteo. Lo que estamos librando es una batalla cultural, y no de reparaciones. Que la gente esté dispuesta a escuchar toda la verdad. La gente más joven ha sido permeada por una hemiplejia. No queremos ocultarnos detrás de ninguna utopía. Lo importante es que nosotros digamos nuestra verdad, y que si nos equivocamos nos digan por qué”.
Para Burgueño, los liceos hoy son “centros de adoctrinamiento” que transmiten la “simpleza” de que los tupamaros eran “luchadores sociales que querían un mundo mejor”. Afirma: “Somos muchos los que sabemos lo que realmente sucedió”.
A través de los homenajes pretenden poner en la opinión pública las historias que entienden han sido “invisibilizadas”. “Nadie los conoce. Sin embargo, cuando ves las marchas de desaparecidos, los conocen a todos”, dice Molaguero, que ejemplifica con su propia historia. Cuenta que el perpetrador de su secuestro (quien ideó el operativo, participó de la tortura y del cobro del rescate) fue Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, un vecino de Santa Lucía que tenía su misma edad. Rodríguez Mercader es uno de los desaparecidos.
“A él le pusieron un monolito en la escuela industrial de Santa Lucía como ‘luchador social’”, dice, mientras él mismo -Molaguero- no ha tenido reconocimiento alguno. Y plantea: “Es parte de la batalla cultural que queremos dar, que alguien dé explicaciones de esto: ¿cuál fue su mérito?”. Sobreviviente. Sergio Molaguero, hoy presidente de la Asociación Toda la Verdad, escribió su peripecia en un libro. Lo tituló La historia de mi secuestro.
La reaparición. Buena parte de sus planteos están recogidos en un proyecto de ley presentado en diciembre de 2020 por los senadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, bajo el título “Reparación a las víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico en el período comprendido entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976”, y el subtítulo “El Estado asume responsabilidad”. El proyecto ingresó por la comisión de Constitución y Códigos pero no se ha empezado a discutir.
El texto refiere a una “reparación social” y establece que “los entes públicos de enseñanza deberán adecuar programas, libros de texto y todo recurso educativo (...) a los efectos de darle cabida al relato de las víctimas o de sus herederos”. También prevé una “reparación moral” a través de la construcción de “uno o varios memoriales dirigidos a las víctimas”.
Y luego se establece una “reparación económica” para la cual se fijan indemnizaciones de acuerdo a la magnitud del daño, y se diferencian daños físicos (fallecimiento, incapacidad, lesiones) de lo que llaman “menoscabo de derechos”. En el caso de los familiares de fallecidos, que es la categoría de mayor monto, la indemnización podrá ser de 500.000 unidades indexadas (unos $ 2,5 millones al día de hoy) por única vez o de 10.000 UI ($ 50.000) por mes. Lozano afirmó que la reparación prevista es similar a la de las víctimas del terrorismo de Estado, y en ese sentido apuntó con ironía que es una ley “espejo de la que existe para la otra parte del hemisferio cerebral”. “El Estado debe hacerse cargo de lo que hicieron los guerrilleros porque formaron parte del gobierno. Y porque los que murieron lo hicieron defendiendo las instituciones democráticas. O eran civiles que por cuestiones circunstanciales murieron en algo de lo que no eran arte y parte”, fundamentó.
Por su parte, Domenech dijo que hay “un compromiso expreso de los integrantes de la comisión de tratarlo” y que está “en el top 10” de los proyectos. Cree que los partidos de la coalición “están contestes en que hay una situación a reparar”, aunque se puede “conversar sobre el alcance de la reparación”.
Consultados por El País, en la bancada de senadores del Partido Colorado dijeron no haber analizado aún el tema. Por el Partido Nacional, Gustavo Penadés entiende que sus correligionarios apoyarán el proyecto y recordó iniciativas previas dentro del partido, como de Luis Alberto Lacalle Herrera o Jaime Trobo. “Como no han cambiado las circunstancias, y ahora hay mayorías, podría habilitarse en el correr de esta legislatura”, dijo, y luego precisó que “seguro” será parte de la agenda en este 2022. “Se ha intentado minimizar la responsabilidad de los tupamaros y hay un relato de buenismo de algunos”, dijo, y apuntó que es necesario “asumir los excesos de ambos lados”.
En el Frente Amplio, Alejandro Sánchez y Charles Carrera señalaron que no tienen posición tomada aún y que la bancada no lo ha analizado.
El que sí adelantó postura fue el expresidente José Mujica, que si bien ya no está en el Parlamento sigue siendo referente del MPP. Para él, hay que mirar el ejemplo de las “guerras patrias”. La reparación a quienes sufrieron consecuencias por actos suyos y de sus excompañeros “puede ser viable”.
Molaguero: superar el odio y el revanchismo Varios años atrás, Sergio Molaguero participó de un congreso sobre víctimas del terrorismo en Madrid. Conectarse con personas con experiencias similares a la suya ha sido fundamental para procesar aquellos 69 días de 1972, preso y torturado por militantes del OPR-33. “Son estados límite. Algunas personas logran que esas experiencias te fortalezcan, más que complicarte”, dice hoy este hombre de 73 años que preside la Asociación Toda la Verdad. “Me parece que por el solo hecho de pasar por situaciones de esa naturaleza, donde la responsabilidad es de otras personas, aparece odio. Superarlo para no vivir con eso te da una tranquilidad espiritual muy grande. No tener odio es una caricia al alma”, expresa. Molaguero dice que “mentiría” si no dijera que percibe en algunos miembros de la asociación cierto “revanchismo”. Pero aclara: “Hay que ver la vida que le tocó a cada uno. Muchas madres criaron solas a sus hijos”. Uno de los planteos de la asociación es que en Uruguay se reconozca el 21 de agosto como el día internacional de las víctimas del terrorismo, y poder usar ellos ese día para hacer actividades. Familia Oroza. Mayo de 1972, un mes antes de ser asesinado: Vicente Oroza junto a su esposa y sus dos hijos, en el parador Tajes.
Con 9 años, vio el asesinato de su padre por la ventana Walter Custodio era sargento en la Guardia Metropolitana. Su hija Fanny recuerda haber escuchado, de niña, conversaciones sobre “tatuceras”. También recuerda a su madre curando las heridas de su padre.
Hoy, a 50 años de su muerte, Fanny sigue anhelando que se conozcan las circunstancias del homicidio “programado” de su padre un 22 de junio de 1971.
La familia vivía en Chimborazo y Granaderos, cerca del Cementerio del Norte. En mayo de ese año explotó en el jardín una bomba molotov. Con el estruendo volaron panfletos que decían que secuestrarían a dos de sus cinco hijos. A partir de entonces, siempre un familiar estaba en la casa. Pero eso no evitó el desenlace.
Aquel día de junio, una camioneta se paró en la esquina desde temprano. La madre de Fanny vio “caras raras”. “No me gusta nada”, advirtió. Sus hermanos habían ido a la escuela pero ella estaba engripada. Minutos antes de que su padre se bajara del ómnibus, la camioneta avanzó y paró en el Manzanares de enfrente. “Armaron todo el circo de que era un atraco”, dice Fanny.
Cuando Custodio llegó, su esposa intentó prevenirlo y hacerlo entrar a la casa, pero un vecino le suplicó ayuda porque su hija estaba en el almacén. “Era él contra cinco. Se presentó y dio la voz de alto, pero enseguida empezaron los tiros”, rememora Fanny, que con nueve años observó todo desde la ventana. Aterrorizada, vio salir a su padre del almacén con un hombre y una mujer agarrados. Pero la guerrillera se le soltó y le disparó ahí, en la vereda, en medio del caos de vecinos. “Mi papá no cayó en ningún momento. Se sacó el reloj -me acuerdo perfecto-, se sacó la alianza y se los dio a mamá. Le dijo: cuida a los chiquilines”, relata Fanny. Con 37 años, Custodio murió en el hospital.
“Mamá quedó muy mal, solita con nosotros de la noche a la mañana. Clausuró todas las ventanas, puso tablas clavadas por dentro. Fueron años muy pero muy duros”, expresa. Algunos de sus hermanos arrastran secuelas aún hoy.
Ella, que integra la Asociación Toda la Verdad, tiene como objetivo “que todos los involucrados hablen”. “Que reconozcan: yo maté a tal, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero primero sé transparente”, reclama.
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