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La historia torcida
#73
El caso Miguel Sofía;
LAS PATAS DE LA SOTA 

| 2a. entrega


Como vimos en la nota anterior, la existencia de los escuadrones de la muerte en Uruguay es absolutamente improbable. No obstante, en 2009 la justicia uruguaya procesó al ex fotógrafo policial Nelson Bardesio y al ex-agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Pedro Freitas por homicidio muy especialmente agravado, dando por sentado la existencia de los mismos en base al testimonio de Mauricio Rosencof y a un documento apócrifo que él mismo inventó, en base al “testimonio” del propio Bardesio secuestrado durante tres meses en la Cárcel del Pueblo .

El entonces fiscal letrado en lo Penal de 1º Turno, Ricardo Perciballe, solicitó también el procesamiento y prisión de Miguel Sofía por el delito de asociación para delinquir en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor. El entonces defensor de Sofía, el catedrático de Derecho Penal Miguel Langón, solicitó la clausura y archivo de la indagatoria por los crímenes de los escuadrones de la muerte, alegando la prescripción de los delitos y la ausencia de pruebas. Langón argumentó que "no hay prueba directa ni orden material, ni testimonios válidos que demuestren la existencia de esa organización parapolicial, sobre principios de la década del 70.”

“Usted ha sido víctima de una constante campaña de estigmatización desarrollada hasta el presente ­que lleva años de elaboración­ iniciada por sus adversarios, verdaderos enemigos suyos, desde su adolescencia, obviamente que con mucha anterioridad al hecho puntual aquí tratado”, dice el informe elaborado por Langón y presentado oportunamente ante la Justicia.

La campaña o “el juicio mediático de parte de la prensa, la ‘comunis opinio’, incluida la de nivel parlamentario, entre otros, dan por acreditada su participación en los hechos, confirmando el viejo dicho de Goebbels de que una mentira repetida continuamente se transforma en realidad”, dice el escrito de 31 páginas.

El catedrático rebatió la prueba argumental sustentada por los denunciantes en la causa y después utilizada por el fiscal Ricardo Perciballe para solicitar el procesamiento de Sofía y otros tres integrantes de la organización parapolicial responsable de los crímenes de cuatro jóvenes militantes de izquierda, previo al golpe de Estado.
El testimonio del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio ante el MLN-T es “la única y fundamental prueba de la existencia de un supuesto Escuadrón de la Muerte y (…) de la supuesta responsabilidad de Miguel Sofía en la desaparición de Héctor Castagnetto”. Sin embargo, el testimonio fue “arrancado bajo tortura, por sus enemigos políticos, un terrible grupo revolucionario o subversivo”, por lo cual es “ilícito” y “no tiene ningún valor de incriminación en un Estado Constitucional de Derecho”, dice Langón.

Bardesio fue sometido a “tortura psicológica” y la misma no puede distinguirse de la cual eran víctimas los militantes de esa organización. “La tortura es tortura siempre”, dice Langón, para agregar que “Bardesio no es victimario sino víctima”. Tampoco son válidas las declaraciones de Miguel “Manolo” Hevia (Coscullela), “agente encubierto de una nación extranjera ­Cuba­, infiltrado con mucha anticipación en esferas nacionales, y enemigo ideológico y político del gobierno democrático nacional de la época”, ni del ex integrante del Escuadrón, Nelson Benítez, ni del “criminal que interrogó a Bardesio en prisión”, el dirigente tupamaro Mauricio Rosencof, dijo el abogado.

Además, el proceso judicial sustanciado viola el principio del “non bis in idem” y vulnera las garantías de seguridad y certeza jurídica. La tipificación responde a “delitos no existentes al momento de una presunta comisión (como el de ‘desaparición forzada de personas’), en todo caso ya prescritos, y que se levantan de nuevo de sus cenizas, para constituir con toda la ominosidad que lo rodea un perfecto caso de ‘derecho penal para enemigos’, contrario al derecho liberal, constitucional, social y democrático”.

El informe niega la existencia de los escuadrones. “Se sabe que no existió como tal, sino que esa fue una denominación que se le dio en la jerga periodística y propagandística de los subversivos, a una serie de organizaciones presuntamente existentes que actuarían al margen de la ley, combatiéndolos”, dice el escrito.
Sin embargo, la orden de captura que pesaba sobre Sofía se transformó en internacional. El 9 de enero de 2019, diez años después de que fuera solicitado su procesamiento, es detenido por INTERPOL en la ciudad de Montevideo.

Hace un año que Sofía está preso en la cárcel de Domingo Arena a instancias de dos testimonios invalidados judicialmente, a los que se suman el del periodista Samuel Blixen, que desde las páginas del semanario Brecha, y utilizando a otros periodistas como firmantes, se dedicó a la persecución de quienes considera sus enemigos. Lo que pocos saben es que Blixen, antes de ser periodista, era tupamaro. Y menos aún, saben que Blixen formó parte del grupo de acción tupamaro que atacó a los supuestos miembros del escuadrón el 14 de abril de 1972 (ver nota anterior). Y más concretamente, que es el autor material de la muerte del profesor Armando Acosta y Lara, a quien le disparó desde la ventana de una iglesia ubicada frente a su domicilio.

Samuel Blixen, el tupamaro ejecutor, el periodista cazador, también testigo estrella del caso, se basa en un documento desclasificado por el National Security Archive de Estados Unidos en 2009, que dice que la embajada de los Estados Unidos en Uruguay creía en la existencia de escuadrones de la muerte. Para la diplomacia estadounidense de la época, los homicidios de los militantes tupamaros, Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez fueron obra de escuadrones. Se trata de un informe entre cientos de informes que informan todo tipo de disparates que distintos informantes de la Embajada de Estados Unidos urdían según su criterio (en general bastante fantasiosos).

El documento, remitido por la sede diplomática norteamericana en Uruguay al Departamento de Estado el 8 de octubre de 1972, bajo el rótulo “Terrorist Deaths” (“Muerte de Terroristas”) y con la referencia MVD A-168, detalla que “entre sus primeras bajas en 1966 y el 30 de setiembre de 1972, por lo menos cuarenta y cuatro terroristas uruguayos fueron asesinados en combates con las fuerzas de seguridad”, una cifra bastante exagerada.

Para quienes están familiarizados con este tipo de archivos desclasificados de embajadas, centrales de Inteligencia y departamentos de estado de distintos países con cientos y cientos de rumores, especulaciones, informes mal redactados, nombres que no coinciden, hechos que no cierran, teorías conspirativas, chismes, no es ninguna novedad que los mismos son la vehiculización de muchos dislates, en este caso, tomados como prueba.

Cito un extracto del libro “Mapa de un engaño; el lado oculto de la trama tupamara” de Alvaro Diez de Medina para recordar que “estos homicidios ocurrieron, por lo demás, en un contexto de bien dirigidas y persistentes violencias (refiere específicamente al año 1971), en aplicación de los fundamentos terroristas de la Linea H y el “Plan Cacao”: copamiento de domicilios de funcionarios policiales, copamiento de domicilios de un subsecretario de Estado, un profesor universitario y un médico, ametrallamientode un puesto de la Guardia Metropolitana, bomba arrojada contra el domicilio de un agente policial, bomba arrojada contra el domicilio de un maestro integrante de la Guardia Metropolitana, bomba contra el domicilio de un funcionario policial retirado, bomba incendiaria arrojada contra un local comercial, bomba arrojada contra el domicilio de un teniente de la Policía. (Agrego el asesinato del peón rural Pascasio Báez; la fotografía de su cuerpo, encontrado en la estancia Espartacus, en la Ruta 9 a unos 10 km de la ciudad de Pan de Azúcar, ilustra esta nota).

Los hechos, pues, no arrojan sino un balance: en 1971, los únicos “escuadrones de la muerte” que merodeaban las calles del país y eran dignos de ese nombre, lo fueron los organizados por la subversión, en su mayor parte nucleada en torno al MLN”.

Otra de las testigos en el caso Sofía es la historiadora Clara Aldrighi, también ex tupamara, que se ha dedicado a escribir libros para justificar las acciones del MLN desde diversos ángulos académicos. Justificándolas desde el punto de vista del derecho (ella habla de “Jus In Bellum” o “guerra justa”), denomina “coordinadores” a las asociaciones para delinquir; “expropiaciones” a los asaltos a mano armada y “ajusticiamientos” a los asesinatos, además de entremezclar documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que cierren en una historia que convenga a sus intereses, y los de sus jefes tupamaros de ayer y hoy.

Hasta acá, hablamos de dos reconocidos asesinos y una cómplice de asesinato, integrantes de una banda criminal, de una asociación para delinquir que asoló Uruguay desde la década del 60 y, como está probado, también luego de 1985, una vez que los mismos fueron amnistiados. Todo el mundo sabe, a esta altura, lo que fueron las tupabandas (pero eso no es tema de esta nota). Lo que no todo el mundo sabe es que también Juan Raúl Ferreira es uno de los principales denunciantes de Miguel Sofía, actual preso político del Frente Amplio.

¿Y qué tiene que ver Juan Raúl con este asunto? ¿De qué acusa a Sofía? 
Veamos:
1. De ser integrante de la JUP (Juventud Uruguaya De Pie) para empezar.
2. De atentar a tiros contra el domicilio de su padre, Wilson Ferreira, “en el primer piso de un edificio en Av. Brasil” a inicios de 1972.
3. De haber interrumpido a los gritos una conferencia de su padre en Naciones Unidas, en Nueva York, en 1976.
4. De haber recibido amenazas de muerte cuando él (Juan Raúl) vivía en Estados Unidos, asegurando que el FBI realizó una investigación que culminó en que Miguel Sofía era el responsable, que además, según afirma Juan Raúl, terminó siendo declarado "persona no grata" en ese país.

Pero resulta que:
1. Miguel Sofía nunca pertenececió a la JUP. Así lo atestiguaron ante escribano público connotados miembros de la JUP como Hugo Salvador Ferrari Sánchez; Carlos Oscar Olave Castro; Artigas José González Samudio; Hugo Alberto Manini Ríos Stratta; Mario Washington Soca Rabaza y Rodolfo Manuel Teba Giraz.
2. Miguel Sofía no atentó contra el edificio de Avda. Brasil. Hecho que además no fue contra el domicilio de Ferreira Aldunate, que era en el séptimo piso y no en el primero, donde vivía la familia Zorrilla, tratándose de un asunto de borrachos a consecuencia del cual se hizo una investigación judicial, que salió en la prensa de la época, hecho en el que nunca jamás apareció implicado Miguel Sofía. De hecho, el ex consejero Daniel Barreiro resultó procesado por el asunto.
3. Miguel Sofía no interrumpió ninguna conferencia de Wilson Ferreira en los Estados Unidos. Sencillamente no estaba en Estados Unidos en la fecha que precisa Juan Raúl Ferreira.
4. Miguel Sofía no realizó nunca amenazas contra Juan Raúl Ferreira ni contra su familia, ni en Uruguay ni en Estados Unidos. No hay registro de ninguna investigación del FBI en contra de Sofía, que nunca fue declarado “persona no grata” y tiene su Visa de ingreso a Estados Unidos vigente y en regla.
Estos son algunos de los disparates en los que la Justicia uruguaya se basa para mantener privado de libertad a un individuo que no goza de la simpatía del gobierno por sus ideas políticas. El delito de falso testimonio (art. 180 C. Penal), establece que “el que prestando declaración como testigo, en causa civil o criminal, afirmase lo falso, negase lo verdadero, u ocultare en todo o en parte la verdad, será castigado con tres meses de prisión a ocho años de penitenciaría”.

Del mismo modo que anteriormente se hizo con tantos otros militares, policías y civiles, se generan intrigas mediante títeres políticos en las sedes judiciales, apelando al relato mitológico de la izquierda y bajo la aparente cobertura de una supuesta superioridad moral “derechohumanista”, que en este caso le ha otorgado a Juan Raúl Ferreira -desde hace unos meses militante del MPP- cargos públicos por el único mérito de ser hijo de quien fue, y también patente de corso para disparatar a su antojo, lo que ha dado lugar a una denuncia por Difamación e Injurias por parte de la defensa de Miguel Sofía (actualmente representado por el abogado Aníbal Martínez) en el Juzgado Ldo. Penal de 32° turno.

Las partes están citadas a una audiencia pública a celebrarse el día 4 de febrero de 2020 a la hora 9:00 a.m. Parece que para algunos, definitivamente se termina el recreo.
Ampliaremos en una tercera entrega…
Federico Leicht
“Dulce et decorum est pro patria mori”
 
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