[Terminus]

In memoriam del Cnel. Artigas Bianchi

Roque Gallego Curbelo | Montevideo
@|Hace un año y a la edad de 95 años falleció el Coronel Artigas Bianchi tras un arbitrario pasaje por el Poder Judicial. Había sido procesado con prisión a los 92 años. Bajo su comando se allanó la estancia Espartacus y se desenterró el cadáver de Pascasio Báez cruelmente ejecutado por la delincuencia subversiva tupamara (hoy mimetizada bajo la sigla MPP).

Como todos los militares juzgados por hechos del pasado fue víctima de la venganza orquestada por el Frente Amplio y sus adláteres, desconociendo una ley aprobada por un parlamento democrático y dos veces ratificada por la voluntad popular, al amparo de una inconstitucional ley interpretativa y la aplicación de normas internacionales ignorando el principio “tempus regit actum”(irretroactividad de la ley en el Derecho Penal).

Si lo anterior fuera poco se creó una Fiscalía especializada de dudoso valor constitucional poniéndose a su frente a un fiscal que, ante la falta de pruebas, acude al recuerdo de los denunciantes y testigos que se construye a partir de otras consideraciones, a partir de un relato colectivo que los orienta. Se admite que ellos “no sabían quiénes eran los represores” que “eso también fue un hecho colectivo” (Brecha, 20 agosto 2021).

El empleo del Derecho como arma de guerra no convencional, la persecución judicial, judicialización de la política, guerra jurídica o lawfare en inglés, es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el desprestigio y repudio popular contra un oponente.

La anterior descripción encaja, sin entrar en grandes detalles, con lo sucedido con civiles, militares y policías procesados por supuestos delitos cometidos en el siglo pasado, durante el combate a la sedición en defensa de nuestras instituciones y sistema democrático. Motivados por sentimientos de venganza y buscando el desprestigio de nuestras Fuerzas Armadas, último escollo éstas para la toma del poder, los seguidores de las directrices del Foro de San Pablo pergeñaron el lawfare en nuestra patria. Sus brazos ejecutores fueron los sucesivos gobiernos del Frente Amplio auxiliados por una vasta red de ONG´s, mucha de las cuales responden a George Soros a través de la Open Society y un sistema judicial infiltrado o cuando menos presionado o atemorizado.

Sintetizando: para quienes robando, secuestrando, asesinando y torturando intentaron derrocar un gobierno democrático: amnistía y compensaciones económicas; para quienes defendieron la patria: prisión.

Existe un proyecto de ley que establece prisión domiciliaria para personas mayores de sesenta y cinco años, el cual aliviaría en una pequeña parte el sufrimiento de aquellos detenidos y sus familias. El mismo se considera necesario y urgente, pero no suficiente. Se requiere de una ley que devuelva al sistema la situación creada por la Ley de Caducidad aprobada por un parlamento democrático y dos veces refrendada por la ciudadanía.
Esperamos que los poderes Legislativo y Ejecutivo actúen en consecuencia.
“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”, Platón.