12-20-2021, 02:52 PM
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 12-20-2021, 02:57 PM por Terminus.)
Injusta justicia
Editorial de El País de hoy
https://www.elpais.com.uy/opinion/editor...ticia.html
Una de las pesadas herencias que el Uruguay del siglo XXI recibe de las dos décadas que van de 1963 a 1984 es el enorme sesgo político y la parcialidad histórica con los que se interpreta ese aciago período de la Historia nacional
El asunto es conocido y ha sido tratado muchas veces en estas páginas: hay un relato izquierdista que desvirtúa enteramente lo que ocurrió en esos años. Para ese relato, la izquierda guerrillera se alzó en armas contra un régimen autoritario que ya era tal en 1968, antes del golpe de Estado de 1973.
El argumento que se utiliza de continuo es que la izquierda política era la que realmente representaba los intereses populares y se tradujo en la formación del Frente Amplio (FA) en 1971; la resistencia a la dictadura fue sobre todo y antes que nada protagonizada por el FA y las fuerzas sociales afines a la izquierda; y en la salida de la dictadura el protagonismo resistente mayor fue de los movimientos sociales, sindicales y políticos de signo izquierdista.
Para ese relato la represión del Estado a los movimientos guerrilleros, que iniciaron sus actividades de desestabilización y ataque a la democracia en 1963, es ilegítima: así lo señala, incluso, la ley n° 18.596, que en su artículo 2 miente descaradamente al pretender fijar una responsabilidad estatal “en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973”.
La consecuencia institucional es evidente: “el mensaje que queda planteado hoy es qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso".
En este particular contexto, la izquierda cultural y política viene utilizando desde hace años a la Justicia como instrumento para reescribir la Historia y para sancionar a sus adversarios. En efecto, una de sus herramientas predilectas ha sido los procesamientos con prisión por delitos ocurridos hace cerca de medio siglo atrás (y, además, no siempre bien probados), pretextando de que se trata de delitos que no prescribieron por ser “de lesa humanidad”. Ese concepto, estirado de forma de abarcar cualquier episodio del pasado que sugiera responsabilidad penal, es el que estuvo detrás del injusto procesamiento en 2020 del militar retirado Leonardo Vidal que murió el pasado 2 de diciembre.
Bien lo explicó el Ministro de Defensa cuando señaló legítimamente su discrepancia con ese fallo de la Justicia. En efecto, la circunstancia de Vidal fue que “hace 48 años atrás, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida”.
Y la consecuencia institucional es evidente: “el mensaje que queda planteado hoy es qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso”.
Pero hay más en defensa de la acción de Vidal que el ministro no señaló. Refiere nada menos que al contexto histórico que atravesaba el país en aquella circunstancia.
En efecto, cuando el 14 de julio de 1972 Vidal recibe la orden de disparar contra un sedicioso que pretendía huir, Uruguay vivía en un estado de guerra civil pavoroso: por causa de los asesinatos perpetrados por los Tupamaros, el Parlamento había tenido que votar en abril el estado de guerra interno por un mes, y el 10 de julio había votado la ley de seguridad del Estado.
¿Qué sentido de Justicia es aquel que utiliza en 2020 retroactivamente una figura de delito penal que en 1972 no existía, y que además extiende el sentido de “lesa humanidad” -algo por esencia excepcional y aplicado a los horrores más graves que sufrió la Humanidad en el siglo XX- a una acción represiva legal y legítima, en un contexto en el que la democracia uruguaya se estaba defendiendo del gravísimo ataque de la guerrilla izquierdista terrorista que eran los Tupamaros en 1972? Es un sentido de Justicia que procura cambiar la verdadera Historia del país y suplantarla por un relato izquierdista en el que los guerrilleros ven justificadas sus acciones en el altar de su revolución socialista.
Leonardo Vidal cumplió con su deber en 1972, y así debe ser recordado. Infelizmente, medio siglo más tarde su actuación quedó enredada en el sesgo político y la parcialidad izquierdistas con los que una parte del país pretende cambiar la Historia nacional, desvirtuando la Justicia al punto de violar el sagrado principio de la irretroactividad de los delitos penales y de estirar el concepto de “lesa humanidad” según su conveniencia. Hay que tenerlo muy claro.
Editorial de El País de hoy
https://www.elpais.com.uy/opinion/editor...ticia.html
Una de las pesadas herencias que el Uruguay del siglo XXI recibe de las dos décadas que van de 1963 a 1984 es el enorme sesgo político y la parcialidad histórica con los que se interpreta ese aciago período de la Historia nacional
El asunto es conocido y ha sido tratado muchas veces en estas páginas: hay un relato izquierdista que desvirtúa enteramente lo que ocurrió en esos años. Para ese relato, la izquierda guerrillera se alzó en armas contra un régimen autoritario que ya era tal en 1968, antes del golpe de Estado de 1973.
El argumento que se utiliza de continuo es que la izquierda política era la que realmente representaba los intereses populares y se tradujo en la formación del Frente Amplio (FA) en 1971; la resistencia a la dictadura fue sobre todo y antes que nada protagonizada por el FA y las fuerzas sociales afines a la izquierda; y en la salida de la dictadura el protagonismo resistente mayor fue de los movimientos sociales, sindicales y políticos de signo izquierdista.
Para ese relato la represión del Estado a los movimientos guerrilleros, que iniciaron sus actividades de desestabilización y ataque a la democracia en 1963, es ilegítima: así lo señala, incluso, la ley n° 18.596, que en su artículo 2 miente descaradamente al pretender fijar una responsabilidad estatal “en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973”.
La consecuencia institucional es evidente: “el mensaje que queda planteado hoy es qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso".
En este particular contexto, la izquierda cultural y política viene utilizando desde hace años a la Justicia como instrumento para reescribir la Historia y para sancionar a sus adversarios. En efecto, una de sus herramientas predilectas ha sido los procesamientos con prisión por delitos ocurridos hace cerca de medio siglo atrás (y, además, no siempre bien probados), pretextando de que se trata de delitos que no prescribieron por ser “de lesa humanidad”. Ese concepto, estirado de forma de abarcar cualquier episodio del pasado que sugiera responsabilidad penal, es el que estuvo detrás del injusto procesamiento en 2020 del militar retirado Leonardo Vidal que murió el pasado 2 de diciembre.
Bien lo explicó el Ministro de Defensa cuando señaló legítimamente su discrepancia con ese fallo de la Justicia. En efecto, la circunstancia de Vidal fue que “hace 48 años atrás, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida”.
Y la consecuencia institucional es evidente: “el mensaje que queda planteado hoy es qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso”.
Pero hay más en defensa de la acción de Vidal que el ministro no señaló. Refiere nada menos que al contexto histórico que atravesaba el país en aquella circunstancia.
En efecto, cuando el 14 de julio de 1972 Vidal recibe la orden de disparar contra un sedicioso que pretendía huir, Uruguay vivía en un estado de guerra civil pavoroso: por causa de los asesinatos perpetrados por los Tupamaros, el Parlamento había tenido que votar en abril el estado de guerra interno por un mes, y el 10 de julio había votado la ley de seguridad del Estado.
¿Qué sentido de Justicia es aquel que utiliza en 2020 retroactivamente una figura de delito penal que en 1972 no existía, y que además extiende el sentido de “lesa humanidad” -algo por esencia excepcional y aplicado a los horrores más graves que sufrió la Humanidad en el siglo XX- a una acción represiva legal y legítima, en un contexto en el que la democracia uruguaya se estaba defendiendo del gravísimo ataque de la guerrilla izquierdista terrorista que eran los Tupamaros en 1972? Es un sentido de Justicia que procura cambiar la verdadera Historia del país y suplantarla por un relato izquierdista en el que los guerrilleros ven justificadas sus acciones en el altar de su revolución socialista.
Leonardo Vidal cumplió con su deber en 1972, y así debe ser recordado. Infelizmente, medio siglo más tarde su actuación quedó enredada en el sesgo político y la parcialidad izquierdistas con los que una parte del país pretende cambiar la Historia nacional, desvirtuando la Justicia al punto de violar el sagrado principio de la irretroactividad de los delitos penales y de estirar el concepto de “lesa humanidad” según su conveniencia. Hay que tenerlo muy claro.
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".