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Estado de Derecho
#41
Derecho penal internacional 
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 Sr. Director: El 13 de agosto pasado el Prof. Martín Risso publicó en este semanario una nota sobre la ley de caducidad que, en atención a la especialidad de su autor en este tema y al clima que esta norma sigue despertando, creo pertinente considerar. 
Coincido con nuestro ilustrado catedrático, en adelante CI, en que el Estado uruguayo debe cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de febrero de 2011 en el caso Gelman vs. Uruguay porque así lo convino. 
También acuerdo con él respecto a la conveniencia de una jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. 

Cuanto mejor se los proteja, más se prevendrá el escarnio moral que los uruguayos soportaron durante la dictadura por su violación. 
Difiero con Risso en cuanto considera que la referida sentencia alcanza a los implicados en ese juicio, pero además, como escribe, “a todos los casos de los derechos humanos comprendidos en la ley de caducidad”. 

Un aspecto sobre el que la CI mantiene pronunciamientos ambiguos. Si esta interpretación del fallo se entendiera adecuada, los jueces nacionales quedarían obligados por la sentencia Gelman en prácticamente la totalidad de los procesos acaecidos en ese penoso período. 
Y ello, imputando delitos que, estimados por la CI como de “lesa humanidad”, devienen imprescriptibles. 

Como consecuencia, si bien esta sentencia es de obligado cumplimiento, existen en el país dos visiones diferentes sobre su alcance y naturaleza. En una, priman las decisiones de la CI, en la otra, sin desconocer el derecho internacional, el orden jurídico nacional debidamente integrado. 
Aclaremos como asunto previo, que la Ley 15.848 (de caducidad) incluye los delitos “cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. 

Esto abarca, prácticamente, la totalidad de los delitos perpetrados por agentes estatales durante la dictadura, tanto permanentes como instantáneos. Ahora bien, ¿es correcto afirmar, como hace el Prof. Risso, que estos crímenes, así delimitados, están todos ellos alcanzados por la sentencia de la CI y deben juzgarse siguiendo sus directivas? 

Claramente, no. Uruguay adhirió a la Corte el 26 de marzo de 1985, por lo que los hechos anteriores a esa fecha no son de competencia de la misma. El tema está resuelto a texto expreso por la Convención de San José, cuyo artículo 9º establece que no se aplica retroactivamente. Tampoco, obviamente, los órganos que ella estatuye. Es principio indiscutido que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal instituido con anterioridad a los hechos sometidos a su jurisdicción. Se busca con ello impedir los tribunales especiales y/o los juicios por comisión. 

El tema no es controvertido por la CI, que si bien asumió jurisdicción en el proceso Gelman, lo hizo asumiendo que, pese a su fecha de comisión (1976), los delitos a juzgar en el caso tenían carácter de permanentes, por lo que se continúan consumando hasta el presente (puntos resolutivos y llamada 113, párrafo 99, Sent. Gelman). 

Es de principio que por hechos anteriores a marzo de 1985, cuya violación no constituya un delito continuado (homicidios, prisiones indebidas, torturas etc.) la CI resulta incompetente. Por ello su fallo resulta obligatorio únicamente en la causa Gelman. 
Por más que la CI pretenda que su jurisprudencia tiene validez general (sus sentencias antecedentes prefigurarían los fallos posteriores) y se extienda a todos los casos de desaparición forzada. 

Una interpretación amplificadora que nuestra Suprema Corte rechaza válidamente por entender que esa ampliación no surge de la Convención de San José. Por igual razón, sus reiterados mandatos para anular con efectos generales la por entonces vigente ley de caducidad (hoy prácticamente derogada por la Ley 18831), así como para derogar los institutos de exclusión de responsabilidad, solo resultan aplicables y por razones puramente formales al caso Gelman. Únicamente para ese proceso deben o debieron armonizarse principios, obviamente que sin por eso anular garantías constitucionales, como la CI demanda. 

En cuanto al derecho a emplear respecto a los delitos perpetrados durante la dictadura, fuera de la órbita contenciosa de la CI, lo que la nota del Prof. Risso denomina el “fondo del asunto”, se discute si nuestros magistrados deben aplicar es derecho penal ordinario o normativa imprescriptible de lesa humanidad. 

En este último caso dado el presunto carácter de “ius cogens” de la misma. Se trata de un complejo debate, que no desarrollaremos aquí, donde este supuesto, impreciso y vagoroso derecho penal consuetudinario, parece ser desconocido, en cuanto a su imprecriptibilidad, por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Tampoco en los hechos fue reconocido o aplicado por las grandes potencias (pese a que el mismo requiere aquiescencia universal), salvo parcialmente en Nuremberg, cuyo estatuto (en contra de lo que se sostiene) nuestro país nunca ratificó. 

Por su lado los tratados que más tarde lo validaron tampoco fueron ratificados por Uruguay hasta el reestablecimiento de la democracia, cuando ahora sí, se admitió el delito de lesa humanidad. 
Por lo demás, aun si este jus cogens penal de los derechos hubiera tenido vigencia con extensión, validez, fuerza, penalidad y claridad suficiente como para generar consecuencias jurídicas, el mismo, en aplicación del principio hermeneútico de “preferencia interpretativa”, hubiera carecido de jerarquía normativa como para derogar principios fundamentales de la Carta, como el de certeza jurídica, legalidad e irretroactividad. 

Sus principios se habrían incorporado complementariamente a nuestro derecho mediante el art. 72 de la Constitución, y como consecuencia hubieran impedido amnistías y obligado, sin perjuicio de la prescripción, a investigar los crímenes del terrorismo de Estado. 
De tal forma todos los derechos, tanto de víctimas como de victimarios, hubieran sido contemplados. Ello ratifica, por más que por otras consideraciones, la justeza de la sentencia N° 20 de la Suprema Corte uruguaya de febrero de 2013. También reafirma el error de parte de la doctrina y de aquellos jueces nacionales que continúan invocando una inexistente obligación internacional general, que erroneamente derivan de la sentencia Gelman. 

Hebert Gatto

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"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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#42
Confuso, como todo lo de Gatto. Sugiero leer a Gonzalo Aguirre en el semanario La Mañana de hace más o menos un mes y medio.
 
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#43
EL ABOGADO DEFENSOR
El abogado que ejerce la defensa en materia penal es muchas veces menospreciado. Generalmente se lo identifica o asocia con el delito que se imputa a sus clientes, se lo ve como un cómplice, encubridor o simple saca presos.
A esto se agregan las críticas por la prensa dirigidas a quienes defendemos militares.
Se nos trata con desprecio y califica de chicaneros, cuestionadores compulsivos de los fallos judiciales, lo que no es cierto.
La prueba de ello es evidente, en materia civil y laboral hacemos lo mismo y nadie nos dice nada.
Entonces me permito concluir que el problema es el cliente, son los militares.


Para definir mi concepto sobre el rol del defensor penal no encuentro nada más acertado que la opinión expresada por un querido colega en las postrimerías de la dictadura y bien entrada la democracia, cuando los jueces penales no dejaban entrar a los abogados a las audiencias “porque el indagado primero declara como testigo” o después, cuando podía entrar, pero no preguntar.
Se necesitaron 20 años para que la Ley 17.773 modificara el artículo 113 del Código del Proceso Penal – Ley 15.032, que amplió los derechos de la defensa, sin alcanzar la igualdad con los que tiene el fiscal.
Hoy la cuestión sigue viva.


El fiscal ejerce el poder del Estado y a pesar de ello, tiene más derecho que su contraparte, el indagado y su defensor, lo que es inconstitucional, inconveniente e injusto.
En lo personal entiendo que esta diferencia de poder y de recursos debería ser compensada por la ley con más derechos.
Así ocurre en la materia laboral donde se trata en forma desigual al trabajador y a la empresa; porque la ley debe auxiliar al más débil y procurar la igualdad.
Pero, como soy legal contendor, no pido ventajas, exijo igualdad, reclamo los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el fiscal.


“La evolución histórica, las regulaciones jurídico-positivas y la práctica forense han llevado a pensar siempre que la defensa penal era solamente la actividad contraria u opuesta a la acción del Ministerio Público.
Hasta la propia denominación sugiere la idea de que el monopolio del interés público es tutelado en juicio exclusivamente a instancia del Fiscal del Crimen, como representante de la sociedad.”


“Esto se ha traducido en la calificación del acusador como Magistrado, equiparándolo en dignidad al propio juez o tribunal. Como consecuencia de ello, la figura del defensor ha quedado jurídica y materialmente en un segundo plano, como si éste solamente desempeñara el “ministerio privado” de velar por los intereses de su cliente.”


“Por el contrario, pensamos con CARRARA que la defensa no es un privilegio ni una concesión querida por la humanidad, sino un verdadero derecho originario del hombre y por ello inalienable. A este principio se asocia el otro, que también la sociedad tiene un interés directo en la defensa del acusado, porque necesita ella, que la pena no caiga sobre una cabeza cualquiera sino el castigo del verdadero culpable. Y de este modo – señala el maestro – la defensa no es de orden público secundario sino de orden público primario.”


“La ley no debe ver en el defensor sólo el abogado que defiende intereses particulares de su cliente, sino que debe dársele un trato acorde con su trascendente función. Su cargo debe ser ejercido en interés del derecho y de la sociedad a quien también le interesa que la pena recaiga sólo sobre el verdadero culpable y en la medida de su responsabilidad.”
“Por ello configura un verdadero “ministerio público” si es ejercida por letrados honestos al servicio del derecho y de la justicia más allá incluso de los intereses de su cliente.”


“Sólo la defensa actuando en paridad de condiciones con el Estado dentro del proceso es garantía para el imputado acerca del control de la pretensión punitiva y de las pruebas en su contra.” *
Pasaron 40 años y el artículo del Dr. ÁLVAREZ COZZI sigue vigente, reclamando igualdad, verdad y justicia.
A modo de conclusión destaco que pocas veces se advierte que los abogados en el proceso penal podemos ocupar diversos roles.


Como denunciantes hacemos de fiscal, asistiendo al imputado somos defensores, patrocinando a la víctima o al damnificado civil procuramos la reparación del daño, como cualquier abogado en materia civil.
Para ello debemos estudiar, investigar, solicitar prueba, oponernos a lo que solicita la contraparte y recurrir las decisiones del juez, porque de eso se trata ser abogado.
Entonces como abogado defensor reclamo para mí y para mis colegas el mismo respeto que se debe al Juez y al Fiscal y advierto que no es bueno que se nos menosprecie por el solo hecho de ejercer los derechos que la ley nos otorga.
No trabajamos solo para nosotros y para nuestros clientes.


Somos parte del proceso que hace cumplir la ley con el fin de realizar los valores de paz, verdad y justicia.


* ÁLVAREZ COZZI, Carlos. La defensa penal como “ministerio público”. REVISTA del Instituto Uruguayo
de Derecho Penal, AÑO IV, Nº 6. Ediciones Amalio Fernández. Montevideo, junio de 1982, Pág. 149.



Carlos BUSTAMANTE BARRIOS.
http://www.estudiobustamante.com
"Dormía y soñaba que la vida era alegria, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegria."
Rabindranath Tagore
 
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#44
Uds se imaginan siendo un joven soldado en un operativo en plena guerra anti sediciosa, bajo medidas prontas de seguridad y un estricto codigo de justicia militar que su superior ante la fuga de un sedicioso en los años 70 le da la orden: ¡Tire!!  no hacerlo y cuestionar la orden por ilegitima???

UNA INJUSTICIA ACOMPAÑADA DE UNA BURLA
Ayer Tribunal de Apelaciones de 2do. Turno avalo el procesamiento por homicidio especialmente agravado del soldado -----Vidal, por la muerte de un tupamaro en 1972, cuando el Parlamento había votado el Estado de Guerra Interno. 
El soldado Vidal estaba defendiendo las instituciones democráticas mientras que el militante tupamaro era parte de un movimiento que se levanto en 1962 para destruirlas. 
El soldado Vidal fue juzgado y absuelto en su momento por la Justicia Militar la que tenía autoridad y legitimidad para juzgar esos hechos en aquel momento.
Esta es la injusticia, la burla es que en ese mismo día el Parlamento nacional, símbolo de la democracia republicana, por la cual en su momento Vidal arriesgo su vida, homenajeaba al Partido Comunista, cómplice del Movimiento Tupamaro en el ataque a la democracia. 
Un soldado del Ejército Nacional preso y el Partido Comunista homenajeado
¿Dónde quedo la preocupación del presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional por el caso del soldado Vidal?
¿Dónde esta la preocupación de los líderes y sectores políticos que votaron la Ley de Caducidad y votaron en contra de la Ley 18.831?
Más temprano que tarde verán que quienes hoy imponen su venganza y sus injusticias se mostrarán como lo que son enemigos de la República y de este gobierno. Pero lo triste es que ya lo saben y no dan un paso siquiera para sacar un Fiscal General que esta a la cabeza de los actos de injusticia y venganza.

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#45
Este individuo, secuestró, torturó y mutiló a otro y la justicia lo condena a 24 meses de libertad a prueba. Comparen con los casos de los militares acusados por hechos de hace mas de 40 años atrás con testigos de dudosa credibilidad pero sorprendentemente de una memoria prodigiososa que hasta reconocen gente por el tono de voz....o por sus ojos celestes.

https://www.elobservador.com.uy/nota/por...1124185936

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#46
La nueva "justicia".
 
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