08-13-2020, 02:46 PM
Doctrina fundada
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RICARDO REILLY SALAVERRI
Jueves, 13 Agosto 2020 04:00
En 1984 -gobierno de facto- se celebró el Pacto del Club Naval entre las Fuerzas Armadas titulares del mismo, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Estuvo ausente el Partido Nacional.
Una de sus consecuencias fue una ley de amnistía que comprendió desde terroristas execrables a personas detenidas por sus afinidades políticas.
Las Fuerzas Armadas se negaron a ser amnistiadas por hechos represivos ocurridos a partir del 27 de junio de 1973 (golpe de estado).
Sentían ser inmunes a cualquier denuncia. Pero, en democracia -primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti iniciado el 1° de marzo de 1985- se presentaron denuncias penales contra militares por abusos ocurridos durante el gobierno de hecho.
El Gral. Medina, representando a las fuerzas armadas dijo no les dio curso. Era la antesala de una nueva ruptura institucional. Con responsable impulso Wilson Ferreira Aldunate, liberado de una prisión militar arbitraria y presidente del Directorio del Partido Nacional, para evitarla impulsó una solución: la “Ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Su elaboración correspondió al fallecido parlamentario, Dr. Martín Sturla. La ley -que permitía la investigación administrativas para denuncias contra funcionarios denunciados penalmente cuando su sanción- permitió superar el problema y criticada por sus detractores políticos fue dos veces ratificada por el pueblo en sendos plebiscitos. Contra los pronunciamientos del pueblo, la “derogó” el Frente Amplio cercanamente por una “ley interpretativa” de dudoso fundamento. La materia renueva controversias.
Recientemente el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, constitucionalista y próximo a la elaboración de la ley de caducidad, viene de afirmar que:
1º.- Los hechos que motivaron la sanción de la ley de caducidad enraizados en la negativa del Gral. Medina a dar curso a denuncias penales, están superados. Por lo que la iniciativa del Senador Manini Ríos, de reinstalación de la ley de caducidad no tiene sentido
2º.- Respecto al procesamiento de militares por delitos imprescriptibles por ser de lesa humanidad, cometidos hace más de 40 años, hay que ver si al momento de cometerse los posibles delitos la legislación que así dispone estaba vigente.
3º.- La calificación de lesa humanidad y la imprescriptibilidad nacen merced al Estatuto de Roma, tratado multilateral, celebrado en Italia en 1998. Fue aprobado por Uruguay en el 2002 (ley 17.510), y la imprescriptibilidad a que refiere se dispuso con vigencia nacional por ley en el 2006 (ley 18.026). Crímenes tales como la tortura -fuera de su apreciación ética y su carácter de delitos- no tenían jurídicamente carácter de lesa humanidad y no eran imprescriptibles “en aquellos años nefastos”.
4º.- Además, el Estatuto de Roma expresa que: “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor (…)”. Por lo cual su vigencia rige en nuestro país, hacia el futuro a partir de su ratificación por la ley 18.026, cit., de 25 de setiembre de 2006. En definitiva: es inaplicable el Estatuto de Roma en este aspecto con fuerza retroactiva a hechos anteriores a tal fecha (Gonzalo Aguirre Ramírez, Cartas al Director, semanario Búsqueda, 6/08/20).
Lo citado, acata el principio insoslayable de que no “hay delito, ni pena, sin ley” que les consagre.
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RICARDO REILLY SALAVERRI
Jueves, 13 Agosto 2020 04:00
En 1984 -gobierno de facto- se celebró el Pacto del Club Naval entre las Fuerzas Armadas titulares del mismo, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Estuvo ausente el Partido Nacional.
Una de sus consecuencias fue una ley de amnistía que comprendió desde terroristas execrables a personas detenidas por sus afinidades políticas.
Las Fuerzas Armadas se negaron a ser amnistiadas por hechos represivos ocurridos a partir del 27 de junio de 1973 (golpe de estado).
Sentían ser inmunes a cualquier denuncia. Pero, en democracia -primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti iniciado el 1° de marzo de 1985- se presentaron denuncias penales contra militares por abusos ocurridos durante el gobierno de hecho.
El Gral. Medina, representando a las fuerzas armadas dijo no les dio curso. Era la antesala de una nueva ruptura institucional. Con responsable impulso Wilson Ferreira Aldunate, liberado de una prisión militar arbitraria y presidente del Directorio del Partido Nacional, para evitarla impulsó una solución: la “Ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Su elaboración correspondió al fallecido parlamentario, Dr. Martín Sturla. La ley -que permitía la investigación administrativas para denuncias contra funcionarios denunciados penalmente cuando su sanción- permitió superar el problema y criticada por sus detractores políticos fue dos veces ratificada por el pueblo en sendos plebiscitos. Contra los pronunciamientos del pueblo, la “derogó” el Frente Amplio cercanamente por una “ley interpretativa” de dudoso fundamento. La materia renueva controversias.
Recientemente el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, constitucionalista y próximo a la elaboración de la ley de caducidad, viene de afirmar que:
1º.- Los hechos que motivaron la sanción de la ley de caducidad enraizados en la negativa del Gral. Medina a dar curso a denuncias penales, están superados. Por lo que la iniciativa del Senador Manini Ríos, de reinstalación de la ley de caducidad no tiene sentido
2º.- Respecto al procesamiento de militares por delitos imprescriptibles por ser de lesa humanidad, cometidos hace más de 40 años, hay que ver si al momento de cometerse los posibles delitos la legislación que así dispone estaba vigente.
3º.- La calificación de lesa humanidad y la imprescriptibilidad nacen merced al Estatuto de Roma, tratado multilateral, celebrado en Italia en 1998. Fue aprobado por Uruguay en el 2002 (ley 17.510), y la imprescriptibilidad a que refiere se dispuso con vigencia nacional por ley en el 2006 (ley 18.026). Crímenes tales como la tortura -fuera de su apreciación ética y su carácter de delitos- no tenían jurídicamente carácter de lesa humanidad y no eran imprescriptibles “en aquellos años nefastos”.
4º.- Además, el Estatuto de Roma expresa que: “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor (…)”. Por lo cual su vigencia rige en nuestro país, hacia el futuro a partir de su ratificación por la ley 18.026, cit., de 25 de setiembre de 2006. En definitiva: es inaplicable el Estatuto de Roma en este aspecto con fuerza retroactiva a hechos anteriores a tal fecha (Gonzalo Aguirre Ramírez, Cartas al Director, semanario Búsqueda, 6/08/20).
Lo citado, acata el principio insoslayable de que no “hay delito, ni pena, sin ley” que les consagre.
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".