EL OCASO DE A ONU: ENTRE EL OPORTUNISMO, LA CULPA Y EL ENÉSIMO ACTO DE MANIPULACIÓN
Karina Mariani
abril 2, 2026
El pasado 25 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/80/L.48, presentada por Ghana en nombre de la Unión Africana, por 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones. El texto declara el comercio transatlántico de esclavos como «el crimen más grave contra la humanidad», insta a los Estados implicados a iniciar un diálogo sobre justicia reparadora y remarca que los actos ilícitos conllevan el deber de reparación (insiste, la redacción de la resolución, por si a alguien le quedaban dudas).
Sólo Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra. En un despliegue de cobardía sin parangón, los países potencialmente más afectados como Reino Unido y los miembros de la Unión Europea se abstuvieron.
Esta resolución exige responder tres preguntas en secuencia: ¿es real lo que afirma? ¿quién la impulsó y por qué ahora?; y ¿hacia dónde apunta el mecanismo que pone en marcha?.
Hacia una jerarquía antioccidental del pecado
La resolución no se limita a condenar el comercio transatlántico de esclavos sino que lo eleva al rango de crimen supremo de toda la historia humana. Esta pretensión taxonómica es históricamente insostenible.
El texto intenta crear una jerarquía de crímenes al gusto de sus redactores, cuyo criterio subordina a: todo el resto de los mercados de esclavos de la historia o el Holocausto o el Holodomor o el genocidio armenio o las purgas maoístas, al comercio triangular de los siglos XVII, XVIII y XIX. ¿Cuál es la metodología histórica que permitió establecer este ranking? Ni los países que votaron a favor ni los que se escondieron debajo de la mesa hicieron una pregunta tan simple.
La pretensión de que fue «el peor crimen de la historia» no es juicio historiográfico sino un instrumento de presión diplomática construido artificialmente gracias al oportunismo de unos y la cobardía de otros.El texto no menciona otros sistemas esclavistas de igual o mayor magnitud. Esa selectividad es el núcleo del mecanismo.
La esclavitud no fue una invención europea ni una anomalía occidental. Fue una institución universal, practicada en todos los continentes y en todas las civilizaciones registradas desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Por citar sólo algunos ejemplos de la historia más recientes, el comercio árabe-musulmán de esclavos africanos abarcó trece siglos —desde el siglo VII hasta bien entrado el XX— y afectó a entre diez y dieciocho millones de personas. A diferencia del comercio transatlántico, orientado al trabajo agrícola, el comercio árabe se dirigía a mujeres y niños para la servidumbre doméstica y la explotación sexual. Las tasas de mortalidad durante el tránsito sahariano superaban las de cualquier otro mercado humano conocido. Otra omisión llamativa es la de varones africanos previamente castrados para ser vendidos como eunucos a las cortes otomanas. ¿Pedirán las naciones africanas reparaciones a Erdogán?
Los mercados de esclavos árabes no desaparecieron en el siglo XIX: Arabia Saudita no abolió formalmente la esclavitud hasta 1962. Mauritania hasta 1981. Los Estados berberiscos del norte de África practicaron durante siglos la captura sistemática de europeos. Entre 1530 y 1780, entre un millón y 1,25 millones de cristianos fueron cazados en las costas de Italia, España, Francia, Portugal e Irlanda para ser luego vendidos por corsarios en los mercados de Argel, Túnez, Trípoli y Salé. El saqueo de Baltimore en Irlanda en 1631, los raptos turcos en Islandia en 1627, son episodios que sugestivamente se han borrado porque no sirven a la tesis de la resolución A/80/L.48
Si indagamos un poco más, resulta llamativo que ninguno de los diplomáticos que votaron afirmativamente haya preguntado por el papel activo de las élites africanas en el mercado de esclavos tan selectivamente elegido. Los barcos europeos no se internaban en el continente para capturar esclavos: los compraban a reinos africanos que los habían capturado y conducido hasta los puertos de embarque.
Justamente constituye un ejemplo paradójico el Imperio Asante, antecesor político de Ghana, que construyó su poder sobre la esclavitud. Cuando Gran Bretaña abolió el comercio transatlántico y desplegó la Marina Real para combatirlo, el Imperio Asante no liberó a sus esclavos: los redirigió hacia producción interna, sentando las bases de lo que luego sería la economía cacaotera de Ghana.
Otro caso es el del reino de Dahomey que hizo de la captura y venta de esclavos el fundamento de su economía durante generaciones. El Califato de Sokoto, en la actual Nigeria, llegó a ser una de las mayores sociedades esclavistas de la historia moderna, con aproximadamente cuatro millones de personas en stock. Cuando los británicos intentaron abolir la esclavitud, la resistencia más fuerte no vino de Europa sino de gobernantes africanos que dependían de ella para sostener sus economías. La historia convierte a la presentación de la resolución de Ghana en un ejercicio de cinismo infinito.
¿Por qué ahora?
La ONU atraviesa la crisis financiera más grave de su historia. En enero de 2026, el secretario general António Guterres advirtió en una carta a los estados miembros sobre el riesgo de «colapso financiero inminente», con impagos acumulados que alcanzaban los 1.570 millones de dólares en cuotas pendientes. Solo 55 países habían pagado sus contribuciones en la fecha límite de febrero de 2026 y (oh, ironía) el bloque africano no se destaca entre los 55. Para Guterres, la organización podría quedarse sin liquidez este año.
Pero el dato más brutal para entender qué es hoy la ONU en términos de autoridad moral no está en sus presupuestos sino en sus votaciones.
Entre 2015 y 2024, la Asamblea General adoptó 173 resoluciones contra Israel y 80 contra el resto del mundo combinado. Sólo en 2024, de las 23 resoluciones que criticaban a algún país, 17 apuntaban a Israel. En ese mismo año, la Asamblea no adoptó una sola resolución sobre China, a pesar de las reiteradas denuncias sobre la existencia de uigures en campos de trabajo forzado. Ni sobre Venezuela, ni sobre Cuba, ni sobre Argelia, ni sobre Turquía, ni sobre Pakistán. La misma institución que acaba de declarar el comercio transatlántico de esclavos «el mayor crimen de la historia» no ha sido capaz en décadas de aprobar una sola resolución sobre la esclavitud que ocurre en este momento, en tiempo real, en países cuyos delegados votaron a favor del texto.
Una institución en esa situación no está en condiciones de ejercer ninguna autoridad moral.
Pero ONU debe luchar contra la quiebra y la irrelevancia a la vez. Claramente necesitaba producir algo que llamara la atención y de paso ejercer presión sobre los Estados miembros para sostener su financiamiento.
Una resolución de alto impacto simbólico, que genera titulares globales y que la sitúe en el centro del debate. Ghana y la Unión Africana identificaron esa debilidad y la aprovecharon.
La resolución fue el resultado de semanas de intensa actividad diplomática en Nueva York, con delegaciones africanas reuniéndose con representantes de China, Irán, el Movimiento de Países No Alineados y la Unión Europea para construir la mayoría necesaria. China y Rusia respaldaron el texto. No es difícil entender por qué. Así se construyeron los 123 votos que la ONU presenta como expresión de la conciencia moral de la humanidad.
El Mecanismo Jurídico
La resolución no vinculante no es el final: es el primer movimiento de una estrategia jurídica calculada. Los asesores legales de la Unión Africana llevan meses desarrollando planes para llevar la cuestión de las reparaciones ante la Corte Internacional de Justicia. El mecanismo ya existe. En 2019, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre el Archipiélago de Chagos. No obligaba a nada. Pero bastó para presionar al Reino Unido, legitimar el reclamo de Mauricio y convertir una disputa política en un problema jurídico con costo reputacional.
Después, un Gobierno envilecido como el de Keir Starmer firmó la transferencia de soberanía bajo esa presión acumulada. Ese es el modelo: primero se fija una «resolución» moral, después se la traduce en lenguaje jurídico y, finalmente, se la usa para forzar decisiones políticas. La Unión Africana sólo necesita gobiernos de la catadura del británico (y en Europa hay varios) para completar el plan.
La resolución A/80/L.48 es, en esa lógica, el «reconocimiento fundamental» que los asesores jurídicos de la UA necesitaban para construir el siguiente argumento ante la CIJ: si la Asamblea General de la ONU ha declarado el comercio transatlántico crimen contra la humanidad, y si los actos ilícitos generan obligación de reparación, entonces la CIJ puede ser interpelada para que dictamine si EEUU, Gran Bretaña, Francia, España y Portugal tienen una obligación jurídica de compensar. Patrick Robinson, juez jamaicano en la propia CIJ, ya ha declarado públicamente que Gran Bretaña debe billones de libras esterlinas en reparaciones, cifran que arruinarían letalmente la economía británica.
Hay una pregunta que la resolución no puede responder sin demolerse a sí misma: ¿qué relación guardan los Estados que la impulsaron con los derechos humanos en el presente? Los Estados que se presentan como víctimas históricas y reclaman reparaciones de Occidente son, en varios casos, escenario de actuales atrocidades que la comunidad internacional y la misma ONU deberían estar combatiendo activamente, en lugar de tratar de vengar hechos de siglos atrás de los cuales ya no quedan ni víctimas ni victimarios.
Lo que ocurrió el 25 de marzo en la Asamblea General de la ONU tiene una explicación y no es precisamente una preocupación moral: fue un acto de manipulación chapucero de una institución en quiebra, que necesita titulares para justificar su existencia, y que fue utilizada por una coalición de Estados oportunistas y ávidos de fondos para sentar las bases de demandas billonarias contra las democracias que, paradójicamente, fueron las primeras en abolir aquello que hoy se les reclama. El cinismo de unos encontró la culpa de otros. La ONU puso el escenario
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