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Estado de Derecho
#65
La Ley de Caducidad debe recobrar su vigencia
HECHOS 15 de septiembre de 2022 Por Fernando Caride Bianchi
La derogación de la ley de Caducidad, lejos de haber posibilitado el esclarecimiento de hechos ocurridos hace más de 40 años en el país, ha fomentado la “Grieta” en contra de la pretendida conciliación y pacificación nacional. Los pronunciamientos populares a favor del mantenimiento de la ley de Caducidad deben ser respetados devolviéndoles su plena vigencia
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En las últimas horas en las Redes Sociales se ha hecho viral un video en el cual el diputado de la Coalición Republicana e integrante de Cabildo Abierto Carlos Testa en una intervención parlamentaria, se ha manifestado en relación al tema de lo que se dio en llamar la ley interpretativa de la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
El tema es de una gran trascendencia para poder lograr la tan ansiada “vuelta de página” por parte de la sociedad uruguaya, que posibilite mirar hacia el futuro dejando los rencores originados hace ya más de dos generaciones. Para no olvidar lo ocurrido, pero poder recordar en paz a las víctimas de ambos lados, es necesario e imprescindible que la sociedad uruguaya “de vuelta página”.






Ya en octubre de 2021, en el prestigioso Semanario Contexto, habíamos hecho referencia a estos temas que hoy nos permitiremos volver a hacer referencia.
 Es, por lo menos, curioso que habiéndose derogado la ley de Caducidad en el año  2011, en estos últimos dos años, el sistema de Justicia uruguayo (Fiscalía más Poder  Judicial), haya procesado y encarcelado a más militares que en períodos anteriores. 
 Gente con la que he conversado, está convencida que esta “pisada del  acelerador” , en lo que respecta a procesar y encarcelar a militares por presuntos  delitos de lesa humanidad, no tiene otro objetivo que desestabilizar al gobierno. 


 Lo cierto es que, tenga o no tenga base real dicha especulación, al gobierno de la  Coalición Republicana no le hace nada bien estos encarcelamientos. 
 En efecto, el malestar no es solo el que se pueda dar entre la “familia militar”, que  sin duda es una realidad. El malestar trasciende a la esfera castrense para instalarse en  los militantes y votantes de la Coalición Republicana en general. 


 Estos hechos son tomados como una “mojada de oreja” al gobierno de la  Coalición Republicana. Hoy los ciudadanos que votaron a este gobierno ya no  compran más el falso “Relato” elaborado por el Frente Amplio y la Izquierda  uruguaya en general, No solo no lo aceptan sino que lo rechazan. Un “Relato” que  establece que la Dictadura comenzó en 1968 en plena democracia con un gobierno  constitucional electo en elecciones libres. Solo este dato ya está indicando lo  tendencioso de dicho Relato. 
 Hoy la gente cuestiona y condena ese relato falso elaborado por la Izquierda. Ya  no se calla más. Se ha informado y a través del conocimiento, se empieza a  manifestar y contestar la exageración y la mentira. 


 La gran mayoría de los ciudadanos de este país, están hartos de los coletazos de  la dictadura. Quieren realmente dar vuelta la página sobre estos hechos que ya tienen  más de 50 años. Quieren realmente que la sociedad, pasadas ya dos generaciones,  pueda vivir en paz y mirando hacia el futuro.
 Por otra parte, mientras militares ancianos van a la cárcel de Domingo Arena ¿Cuál  es la actitud que observamos respecto del bando terrorista que pretendió tomar el  poder por las armas atentando contra la República y sus instituciones? 


 Lo que vemos es que mientras algunos queremos dar vuelta la página, otros  festejan ostensiblemente orgullosos, la pretendida toma de la ciudad de Pando, en la  cara del Sr. Diego Burgueño, a quien los actos terroristas que festejan le dejaron sin el  recuerdo en su retina de su padre, muerto por los tupamaros en aquella oportunidad. 
 Los que queremos dar vuelta la página, vemos como los que no son capaces de  asumir su responsabilidad en las decenas de muertes ocasionadas por sus actos  terroristas, exigen a los militares información que pueda esclarecer acontecimientos  protagonizados por éstos. 


 Los integrantes del MLN Tupamaros, que asesinaron a compatriotas, tienen claro  que el anonimato es un escudo que los protege de la condena social. A pesar de que  para el caso de que dijeran la verdad, dando respuesta a los familiares de sus  víctimas, , no tendría consecuencias jurídicas puesto que ya fueron amnistiados, aún  así no hablan. 
 Los familiares de las víctimas del MLN -Tupamaros, tampoco saben quienes  fueron los victimarios que terminaron con la vida de sus padres, de sus hermanos, etc.  Acaso también ¿no tiene derecho a saber la verdad? 


 ¿Será que los integrantes del MLN Tupamaros, necesitan una 45 en la mano para  tomar valor y en lugar de entrar en un banco, se pongan a hablar y decir la verdad? 
 Es imperioso que el Gobierno de la Coalición Republicana de señales a la  ciudadanía que él también quiere dar vuelta la página. Esta encrucijada en la que se  encuentra el Gobierno se soluciona con una ley de un solo artículo. Una ley que  derogue la ley 18.831, ley que derogó a la Ley de Caducidad y que fuera declarada  inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. 
 No mencionaré los argumentos jurídicos como el de la irretroactividad de la ley  penal, la fecha de vigencia del tratado de Roma en lo que refiere a la aplicación de los  delitos de lesa humanidad en nuestro país, los que comparto plenamente, por no ser el  objeto de esta columna. 


Además, ¿Qué se ha logrado con la derogación de la llamada ley de Caducidad? Lejos de pacificar a la sociedad uruguaya, tuvo como consecuencia gravísima que el propio Sistema de Justicia, de la mano del fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, atente contra en Ordenamiento Jurídico, violando principios del Derecho imprescindibles para un Estado de Derecho. Entre otras cosas, Perciballe no ha tenido en cuenta en sus dictámenes entre otras cosas: la irretroactividad de la ley penal, en materia probatoria ha elevado los a “indicios” prácticamente a la categoría de “plena prueba”, así como tampoco ha tenido en cuenta la vigencia de tratados internacionales como el de Roma del cual Uruguay es signatario.


No se ha logrado el esclarecimiento de ningún caso. No se ha encontrado a ningún desaparecido. No se ha logrado dar respuestas fehacientes a las víctimas de la Dictadura. Con la derogación de la ley de Caducidad, solamente se ha conseguido encarcelar, porque ni siquiera condenar, a un montón de ancianos fogoneando la famosa “Grieta social” que dicen combatir. 


 Corresponde destacar, por ser un dato no menor, que dicha ley fue sancionada en  el año 2011 y votada en contra por todos los partidos que hoy integran la Coalición  Republicana que en ese entonces contaban con representación parlamentaria. 
 En consecuencia, podemos pensar que la Coalición tendría los votos necesarios  para ponerle el punto final al tema derogando una ley declarada inconstitucional y  que las consecuencias de su vigencia es un verdadero dolor de cabeza para el  Gobierno. 
 Alguien dirá que es posible que algún legislador de la Coalición Republicana no  esté dispuesto a levantar la mano en el parlamento para ayudar a dar vuelta la página. En tal caso igualmente yo exhortaría a la presentación del proyecto de ley  derogatorio, a los efectos de que los ciudadanos votantes de dicha Coalición tomen  conocimiento de quienes son los legisladores que no contribuyen a la pacificación de  nuestra sociedad, dándole nuevamente vigencia a la voluntad del pueblo expresada a  través de dos plebiscitos y que el Frente Amplio la deshonró derogándola. 


 El pueblo Republicano se merece saber, cuales de sus legisladores, ante un cruce  de caminos como el propuesto, prefieren respaldar lo resuelto por el Frente Amplio  en el 2011 al sancionar la ley 18.831,en contra de sus propios Partidos e incluso en  contra de lo resulto por el pueblo uruguayo en tres oportunidades, la primera en 1984 indirectamente a través de la elección de los legisladores que lo representaron a la hora de la sanción de la ley y dos en forma directa a través de consultas populares.   


 Además el pueblo Republicano también tiene derecho a saber qué legisladores  están en contra de lo hecho y defendido por grandes referentes políticos, que no solo  apoyaron la vigencia de la ley de Caducidad, sino que lucharon para que se  mantuviera vigente. Dirigentes de la talla de Wilson Ferreira Aldunate, Luis Alberto  Lacalle Herrera y Gonzalo Aguirre Ramírez dentro del Partido Nacional y Julio  María Sanguinetti y Enrique Tarigo, en el Partido Colorado; lucharon  incansablemente contra quienes se opusieron a la Ley de Caducidad.  Seguramente los militantes y votantes de la Coalición Republicana, en el año 2024  tendrán en cuenta muy especialmente, a los legisladores que les defraudaron en este  importante tema. Resolviendo no votar ninguna lista que los incluya como  candidatos.
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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