[Terminus]

ESTADO DE INDEFENSION…

Por Nelson Jorge Mosco Castellano

 

Derecho penal del enemigo  es la expresión acuñada por  Günther Jakobs en 1985, para referirse a las normas que en el Código Penal alemán sancionaban conductas, sin que se hubiere afectado el bien jurídico, pues ni siquiera se trataba del inicio de la ejecución. Estas normas no castigan al autor por el hecho delictivo cometido, castigan al autor por el hecho de considerarlo peligroso. Jakobs en 1985 consideraba que en un Estado de libertades solo tiene cabida un derecho penal de ciudadanos. 

El concepto de derecho penal del enemigo se ha venido desarrollando desde entonces para cuestionarlo y rechazarlo como contrario a un modelo de Estado democrático y de derecho. La admisión jurídica del concepto de enemigo en el derecho (que no sea estrictamente de guerra) siempre ha sido, lógica e históricamente, el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho.  Dice Jakobs: "todo aquel que presta fidelidad al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser tratado como persona.”

Dijo Jorge Batlle: “No puedo dejar de reconocer que cuando los acontecimientos de la guerrilla fueron muy duros en la vida del Uruguay, la gente reclamaba la acción de la fuerza de seguridad, tanto de la Policía como del Ejército; parecía algo que se iba totalmente de las manos, por eso el Parlamento votó la participación militar en esa actividad de represión. Si los militares, concluida la batalla, hubieran dicho: “Cumplí y me voy”, hubieran tenido un reconocimiento público enorme, pero cometieron  el error de creer que tenían  la obligación de quedarse”.

Hay una cierta parte de los uruguayos que han sido políticamente condenados por una minoría totalitaria, a no ser personas, pese a prestar absoluta fidelidad al ordenamiento jurídico. Su condena, nos coloca a todos los que advertimos la injusticia en la condición de políticamente incorrectos, ácratas del sistema democrático, traidores al sistema republicano, perpetradores de atentado contra el Poder Judicial y defensores del terrorismo de Estado. Somos los que intentamos, desde una visión diversa a la posición ideologizada, plantear su derecho a que se reciban sus argumentos para cuestionar el proceso penal, por el que se condena a UNA PERSONA a prisión.

Para tener dimensión del asunto, tenemos que colocarnos en el lugar de un ciudadano (persona) que tenga el infortunio de ser formalizado por una decisión anómala de la Justicia y que, en mérito a un proceso viciado contra el encausado, terminara injustamente preso. Los operadores del Poder Judicial no son infalibles; se equivocan. A veces corrige su actuación una instancia superior. A veces, la corrección tardía provoca otras desgracias: prisión indebida, inevitable desgracia familiar y hasta la muerte.

En casos judiciales que involucraron a militares (personas) se cometieron errores judiciales que pueden deberse a varios factores. Una despiadada campaña para ubicar culpables a toda costa, que condiciona los fallos judiciales bajo la presión de una minoría estridente ideologizada.  “Lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia fue FEO”, dijo el ex presidente Mujica cuando se intentó evitar la asunción de un cargo de una jueza y resistir su traslado. El Frente Amplio aún no ha condenado la “asonada”. En otros casos, en los que surgen tardíamente reclamantes, se puede trasuntar el interés de una sentencia penal que procure una reparación económica patrocinada por angurrientos operadores jurídicos. También la intencionalidad de sentirse partícipe de un acto vindicativo por afinidad política; o relaciones familiares con personas vinculadas a desaparecidos.

En cualquier caso, es obligación del funcionario público dar cuenta de un presunto hecho irregular, que pudiera afectar la libertad y la vida de otra persona. No hacerlo, además de constituir una violación flagrante de sus obligaciones funcionales, configura una incorrección institucional, una afrenta a la Justicia y, en definitiva, una inmoralidad.

El sistema político discrimina según de dónde venga la denuncia de irregularidad. En el caso del ex Vicepresidente de la República, gran parte del espectro político que se autodefine de izquierda, inflamó su garganta denunciando la actuación sesgada del Poder Judicial, la anomalía tendenciosa contra un pro-hombre público intachable, la persecución con finalidad política por la mano del magistrado, el bulling generalizado y la perversidad de la prensa. Todo finalizó con la renuncia del procesado y una tardía proscripción electoral del tribunal de conducta política.

¿Acaso no correspondería en el caso de la persona Sendic una revisión de eventuales errores judiciales, si tantas denuncias de irregularidades se probaran ciertas? Esta simple conclusión, no se aplica para otras personas, que pudieron padecer anomalías procesales impertinentes. Como sostiene el Dr. Sergio Abreu: en el Uruguay tienen ventaja los “izquierdos” humanos sobre los derechos humanos.

El ex Comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos atribuyó el cese en su cargo y su mala relación con el gobierno a "falsedades de burócratas incapaces, enceguecidos en su soberbia y atrapados en sus prejuicios ideológicos". El militar cesado por Tabaré Vázquez dijo que “hay personas siempre dispuestas ejecutar un perverso libreto" que busca "la destrucción de nuestras instituciones" para "dejar a los uruguayos en el más absoluto estado de indefensión". Manini fue destituido por presentar, a sus mandos, documentos que podrían probar anomalías en procesos judiciales de personas, como ocurrió en otros casos en que la propia Justicia rectificó su error.

 Por ejemplo: El coronel retirado Walter Gulla fue liberado un año después de su procesamiento con prisión debido a que un Tribunal de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que lo acusó de un asesinato durante la dictadura. Fueron profundas las huellas que quedaron en él y su Familia.

En 2010, la jueza de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, procesó por "homicidio muy especialmente agravado" al coronel retirado Juan Carlos  Gómez como autor de asesinato, decisión ratificada por el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno en 2011; posteriormente fue liberado reconociéndose el error judicial.  En el caso cambiaron la jueza y el fiscal, quienes entendieron que el militar no estaba involucrado en el delito. 

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, cuestionó el procesamiento de Gómez, a través de una carta que envió a la magistrada, fechada el 19 de julio de 2012. En la misiva, el jerarca afirmaba: "Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación".

La magistrada Elhorriburu fue trasladada este año al juzgado de familia de 6º turno de Pando, por decisión de la Suprema Corte de Justicia. En su lugar asumió Karen Cuadrado Fernández Chávez, quien firmó su traslado de Florida a Paso de los Toros el 15 de febrero de 2013, el mismo día que la jueza Mariana Mota signaba su traslado al fuero civil. 

También fue trasladada la fiscal Angelita Romano y en su lugar quedó el Dr. Fernando Pérez D'Auria. Gómez consiguió testigos que declararon a su favor, los abogados Carlos Ramela Regules y Gonzalo Fernández, Secretario de Tabaré Vázquez, y el ex comandante del Ejército Ángel Bertolotti, y se remitieron a la información de la Comisión para la Paz. Con esta "nueva" prueba, tanto la jueza Cuadrado como el fiscal Pérez D'Auria consideraron que era suficiente para revertir el fallo del mal procesamiento anterior y decidieron liberar a Gómez.

Vázquez no evaluó en absoluto que la denuncia de Manini tuviera el fundamento de un análisis jurídico justificado. Que acaso, por “error”,  algún operador fiscal o judicial tuvo un desvío ideológico, ejerció presión indebida para considerar la responsabilidad del indagado, lo afectó sentirse acusado de cómplice de terrorismo de estado si hubiera declarado la inocencia del imputado o abusó en perjuicio del indagado en la valoración de la prueba. 

No asumió que cualquiera que hubiera estado en la penosa situación de vivir en la ancianidad el desborde de la impertinente decisión del justiciable, hubiera aprobado la acción de Manini. 

Al predicador de la igualdad, no le importó evaluar su responsabilidad de conocer y archivar la denuncia que puede determinar que una persona y su familia padezcan la ignominia de una condena penal siendo inocente. 

No se sintió cómplice de una claudicación del Estado de Derecho; ni siquiera prestó oído y revisó los argumentos de quien designó en tan alta investidura y le advertía el atentado a la libertad. Primó el ego.

Alarma que el sistema político evaluó únicamente la potestad del presidente de destituir, sin siquiera exigir conocer los argumentos para defender a la persona involucrada; analizar que la resolución, aun siendo potestativa, carecía del mínimo respeto a la Institucionalidad democrática, el beneficio de la duda sobre el procedimiento probatorio que pudiera estar afectando la libertad de UNA PERSONA. 

El Comandante aclaró que no era impunidad lo que procuraba, sino  el derecho de LA PERSONA a revisar los argumentos de un eventual procesamiento impertinente. 

Cumplió con el deber que le imponía conocer el resultado de Tribunales de Honor: comunicar al mando, al Poder Ejecutivo, que quienes tuvieron a su cargo esos procesos dispuestos por ese Poder, encontraron, casos concreto, irregularidades. Un inocente podría estar PRESO.

Eso les pareció políticamente incorrecto, en diverso grado, a los dirigentes políticos aspirantes a dirigir los destinos de todos y cada uno de nosotros. No pareció atendible detenerse un instante para analizar el fundamento del ejercicio de la potestad de destituir que ipso facto dispuso Vázquez. 

Tampoco evaluar si el Comandante en Jefe, que contaba hasta ayer con el respaldo de Vázquez, cumplía una obligación funcional al elevar elementos que pudieran demostrar errores concretos judiciales, CONTRA UNA PERSONA. 

A quién importa LA PERSONA QUE PUEDE ESTAR MAL ENCARCELADA, que atrás de  los elementos aportados hay una PERSONA que justifica que se evalúe si son de recibo. Primó la “grieta” que separó y separa ideológicamente a la izquierda del Ejército: se presume culpable. 

Ni siquiera permite considerar al Comandante en Jefe, 39 años después de la re-institucionalización, digno del respeto político que merece cualquier funcionario público. Se le sancionó por cumplir la obligación: denunciar una irregularidad judicial que puede tener preso a UNA PERSONA no culpable. 

El Poder Ejecutivo, ni siquiera se molesta en someter a análisis jurídico los elementos que aportó. Considera que se atentó contra la verticalidad del mando, la separación de poderes, la democracia y la república, porque se aporta documentación de un Tribunal, dispuesto por el Poder Ejecutivo, que considera que algún fiscal o algún juez, pudieron equivocarse  al disponer indebidamente la prisión de UNA PERSONA.

Nadie se ha puesto en el lugar de LA PERSONA, posiblemente, injusta e inconstitucionalmente PRESA. 

 

El 13 de agosto de 2018, se publicó el discurso del propio Tabaré Vázquez sobre la Violencia en la Sociedad, pronunciado en reunión de la Confederación Masónica Interamericana, en el que señaló: “Permítanme comenzar con cuatro citas y una pregunta: Primera cita: ‘Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató’. Libro del Génesis, capítulo 4, versículo 8.  

Segunda cita: `La violencia es padre y rey de todo’. Heráclito (aprox. 500 años antes de Cristo). 

Tercera cita: ‘La a violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva‘. Karl Marx, El Capital, Tomo 1, Cap. 24. 

Cuarta cita: ‘La violencia es la expresión más contundente del poder‘. Hannah Arendt, Introducción a su ensayo “Sobre la violencia”, 1970.  

La pregunta (que también es una cita): ¿Cómo puede ser entonces que se  presente a la violencia como un problema nuevo, surgido casi ayer? (Jean Marie Domenach en “La violencia y sus causas”, publicación colectiva de UNESCO, 1981). 

Aunque las referencias son contundentes, no es mi ánimo escudarme en ellas. Las mismas no son excusas ni atenuantes, pero evidencian una realidad que nos acompaña desde siempre, más allá de cosmogonías, mitologías y leyendas. Pero… ¿se trata de un  acompañamiento, solamente? No; la violencia no es una entidad ajena que nos acompaña; la violencia está en nosotros, es inherente a la naturaleza humana como también lo son el amor, la compasión, la esperanza, el desánimo, la razón, la pasión, la resignación o la voluntad de cambio. 

Aceptar que la violencia nos constituye, aunque nos duela, nos ayuda en la difícil tarea de mitigarla”. 

En el final, Vázquez dio un par de elementos de la receta para solucionar las distintas violencias que tienen una parte preventiva y otra de control. “Estimar si existe eficiencia en la policía nacional y otras instituciones a través de la ejecución de programas de modernización y capacitación de sus elementos en áreas sensibles como los derechos humanos. 

En el sistema judicial, investigar si este organismo se desempeña con una adecuada tecnificación y transparencia de sus distintas instancias”. Parece que Vázquez no sostiene en el Poder Ejecutivo lo que discursea para la galería.

Invirtiendo a Clausewitz, Michel Foucault piensa que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Esto debería mover a la reflexión de actores políticos que mezclan los temas que ponen en riesgo la legitimidad del Estado cuando dispone irregularmente la pérdida de LIBERTAD DE LA PERSONA.

En su DECALOGO DEL ABOGADO, el Maestro Eduardo J. Couture disponía sabiamente: “Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.”

El luchar es nuestro deber cotidiano, luchar por la justicia, luchar por descubrir la verdad, y sobre todo, utilizar de manera correcta las leyes que nos rigen y nos hacen personas ante un ente jurídico.

POBRE REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, SI ADMITIMOS SIN CUESTIONAR, QUE HAY PERSONAS A LAS QUE NI SIQUIERA SE LES RESPETA EL DERECHO A AVERIGUAR SI ESTÁN PRESAS POR ERROR O POR HORROR. 

Y cuando las pruebas de la posible ignominia las presente un Militar, será cesado. Las pruebas no interesan. 

ESTAS PERSONAS ESTAN DEFINITIVAMENTE CONDENADOS AÚN SIENDO INOCENTES.

ESTÁN PARA SIEMPRE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN.