OPV - Versión para impresión +- Foros de Uruguay Militaria (http://www.uruguaymilitaria.com/Foro) +-- Foro: Futuro (http://www.uruguaymilitaria.com/Foro/forumdisplay.php?fid=6) +--- Foro: Armada Nacional (http://www.uruguaymilitaria.com/Foro/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: OPV (/showthread.php?tid=115) Páginas:
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RE: OPV - roberto6 - 02-02-2022 LA ARMADA pide y es lógico características como un centro de información de combate que le permitan según las necesidades del momento poder hacerlo mas combativo , como bien dice el forista anterior RE: OPV - Elvasco - 02-02-2022 (02-02-2022, 12:33 AM)Voluntario2 escribió: Creo que el cañón de 76 mm que se pretende para los OPV, es una mínima concesión al rol militar de la Armada. La decisión de extender el proceso a fines de marzo atiende a qué el referéndum no se mezcle con la decisión. A mí modo de ver la opción Koreana de OPVs nuevos que rondan los 48 a 50: dls más un par de Pohang recientemente dadas de baja hacen un paquete casi insuperable. RE: OPV - roberto6 - 02-07-2022 NO SE QUE TENDRA QUE VER EL REFERENDUM la compra es estratégica para el pais debería ser independiente de la política partidaria RE: OPV - legionario - 02-07-2022 UN REFRITO DE MEDIAS VERDADES Y BASTANTES MENTIRAS, AUNQUE EN ALGO, ACIERTAN, POCO PERO ACIERTAN. NO SE QUIÉN ESE ESE GABRIEL PORFIRIO QUE CITAN PERO LA TIENE CLARA. Hace agua (Brecha – pág. 6) CLAROSCUROS DEL PROCESO DE COMPRA DE BUQUES DE ALTAMAR Mónica Robaina El llamado público a empresas interesadas en vender patrullas de alta mar a Uruguay genera dudas y ha provocado el retiro de algunos interesados en las últimas semanas. A falta de datos precisos desde el Ministerio de Defensa Nacional, en el Frente Amplio planean citar a Diputados al titular de la cartera, Javier García, para que aclare un panorama menos transparente del que postula el gobierno. Poderosos astilleros extranjeros, públicos y privados, compiten por colocar dos buques oceánicos Offshore Patrol Vessel (OPV) en Uruguay, tras un llamado a ofertas anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en diciembre y divulgado de manera reservada entre algunos gobiernos interesados a principios de enero. Los navíos de alta mar tendrán funciones de control pesquero, búsqueda y rescate, y lucha contra la contaminación, entre otras obligaciones que Uruguay mantiene en su debe y que se tornaron aún más imperiosas a partir de setiembre de 2016, cuando las Naciones Unidas concedieron al país la ampliación del límite de su plataforma continental hasta llegar al máximo permitido de 350 millas. El plan estratégico de fortalecimiento de la Armada Nacional, que comenzó en las administraciones frenteamplistas, pero quedó inconcluso, apunta a adquirir embarcaciones de vigilancia, menos bélicas, que permitan al país cumplir con sus deberes internacionales y, al mismo tiempo, bajen los sobrecostos atribuidos a la pérdida de recursos pesqueros, entre otras causas vinculadas con la obsolescencia de la flota oficial (que promedia los 60 años de antigüedad) y la escasez de navíos multipropósito para alta mar. Si se concreta la compra de los dos OPV, será uno de los mayores negocios del gobierno de coalición y sin dudas la mayor inversión en la historia de la Armada Nacional: el ministro de Defensa Nacional, Javier García, calculó en diciembre que la compra rondará los 100 millones de dólares, como si conociera de antemano las ofertas, aun antes de que se abriera el llamado. La magnitud del monto manejado no solo despertó el interés de empresas de China, Francia, España, Alemania, Israel e India –algunas ya interesadas en el gobierno anterior–, sino que también provocó tensiones por modificaciones que el actual gobierno impuso a los anteriores requisitos establecidos por la Armada y por la forma en que, pese al discurso de transparencia presidencial, se procesan las primeras semanas del llamado. De hecho, aunque se esperaba que las ofertas se conocieran el 10 de febrero, algunas empresas cuestionaron el escaso tiempo para preparar las ofertas solicitaron prorrogar el plazo, mientras otras desistieron, señalaron a Brecha fuentes de la comisión de monitoreo del procedimiento, instalada el 19 de enero e integrada por los representantes de la coalición de gobierno Rodolfo Grolero y Aldo Francescoli, y Joel Rodríguez por el Frente Amplio (FA). Aunque ya recibieron los pliegos de condiciones, los miembros de esta comisión no tienen potestades para analizar si los requisitos técnicos definidos por la Armada realmente se ajustan a las necesidades proclamadas por el gobierno, ni voz sobre la selección de la firma ganadora, ni sobre los mecanismos de financiación, que comprometerán a futuras administraciones. Para eso se instaló, el mismo 19, una comisión asesora que analizará las propuestas, integrada por el comandante de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson, el director general de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Damián Galó, la directora de Asuntos Jurídicos y Notariales, Sandra de Souza, y la contadora general de la nación, Magela Manfredi. Además, como en este tipo de llamados, está previsto que organismos públicos especializados se encarguen de controlar el cumplimiento del contrato. NO TAN PÚBLICO Hasta ahora, la información que recibió la comisión de monitoreo llegó de parte del ministro García, quien en la primera y única sesión de ese órgano expuso las pretensiones de la Armada y conceptos estratégicos similares a los de la conferencia de prensa que ofreció junto a Lacalle Pou en diciembre. A falta de 8 datos más certeros para expedirse sobre el procedimiento, las fuentes consultadas por este semanario pidieron no ser identificadas. Bajo esa condición, cuestionaron que, al anunciar el llamado, Lacalle Pou dijo que sería público en lugar de acogerse al artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que habilita a hacer la compra de forma directa, pero en los hechos lo ha mantenido prácticamente en reserva. Las fuentes mencionaron que esta semana el portal especializado Infodefensa.com señaló que los pliegos de condiciones fueron enviados directamente a las embajadas, «como único mecanismo de distribución», por lo cual el llamado no puede considerarse «público». A juicio del periodista Gabriel Porfilio, autor de un artículo publicado el martes 1, la decisión afecta la transparencia mentada por el presidente: «¿Cómo se espera que la embajada de un país que tiene dos o más astilleros privados pujando por el proceso procese la recepción de ese llamado?», se preguntó, y consideró el riesgo de que un gobierno manifieste preferencias sobre una empresa en detrimento de otra o intente imponer un astillero público. Además, las fuentes señalaron a Brecha que las ofertas sobre las embarcaciones están catalogadas como «secretas», por motivos de «seguridad nacional», aunque este resulta un argumento débil en tanto el diseño y el equipamiento de los buques construidos por los diferentes astilleros son harto conocidos mundialmente y no se trata de un plan bélico –lo cual podría justificarlo–, sino de patrullaje. Ni las conversaciones entre gobiernos ni el secreto para las ofertas son datos a naturalizar en el contexto de transparencia que intenta preconizar la Presidencia. Tampoco resultan menores si se recuerda que en diciembre Lacalle Pou dijo que el gobierno ya conoce a los interesados: «Tanto el ministro de Defensa como quien habla, en el quinquenio pasado estábamos en la Comisión de Defensa del Senado y recibimos muchas empresas, representantes de distintos países que estaban dispuestos a suministrar estas patrullas oceánicas», dijo. Durante la pasada campaña electoral, García se perfilaba como futuro ministro de Defensa del Partido Nacional y también reconoció a Brecha que «cinco o seis empresas» internacionales hacían lobby por los despachos de los senadores, hasta que, «en aras de la transparencia», él mismo les pidió «que institucionalicen las ofertas y comparezcan en la Comisión de Defensa, para que conste en actas» (véase «Un mar de casualidades», Brecha, 22-III-19). Ahora, dado el «secreto» declarado para las ofertas, los contendientes no llevarán sus propuestas abiertamente al Parlamento –lo cual impide que la ciudadanía las conozca–, sino que las firmas y los gobiernos negocian directamente con el MDN, a través de García y el subsecretario Rivera Elgue, confirmaron a Brecha fuentes del equipo frenteamplista que estudia el tema. Por su parte, Porfilio remarcó en su artículo que «la insistencia del gobierno uruguayo de adquirir material militar o cuasi militar a través de contactos políticos no es viable en todas las compras y eso no parece quedarle claro al Ministerio de Defensa». A su juicio, esa tesitura podría empujar a las empresas privadas a negociar en el ámbito político en lugar de acogerse a criterios de transparencia técnica. ENTRE CONOCIDOS De las últimas actuaciones del gobierno del FA en torno al programa de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas se sabe que el astillero alemán Lürssen –cuyo representante en Uruguay es el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira– iba primero en el proceso de evaluación técnica, seguido por la firma, también alemana, Fassmer, la francesa Naval Group (ex-DCNS) y la estatal China Shipbuilding Offshore Company, que tenía entre sus representantes al coronel retirado Gustavo Cardozo, actual director general de secretaría del Ministerio de Salud Pública en representación de Cabildo Abierto. Con la administración de Lacalle Pou y sus nuevos requisitos, los chinos han ganado terreno tras «pactar» algunos cambios, afirmaron las fuentes. También ingresó al ruedo la estatal española Navantia, desde que en mayo pasado el gobierno español presentó los productos del astillero al gobierno uruguayo. En cambio, otras empresas, como Fassmer y la estatal Goa Shipyard Limited (India), se retiraron, y lo mismo podría ocurrir con Israel, cuya embajada ofreció el año pasado a Uruguay embarcaciones OPV de su astillero oficial, pero de menor porte al ahora planteado. «Uno de los detalles llamativos es que actualmente Uruguay está descartando buques con menos de 1.500 toneladas de desplazamiento, más allá de si cumplen con los requisitos esenciales de “permitir el control funcional del mar”, como exige el objeto de la contratación. Esto limita la posibilidad de incorporar buques más pequeños y versátiles que cumplan los objetivos del pliego y, a su vez, que apuntalen tantas limitaciones para la participación de distintas empresas navales», explicó a fines de enero el portal Visión Marítima. Otro aspecto que podría considerarse desestimulante es que, además del costo de los pliegos (10 mil dólares para patrullas nuevas y 5 mil para las de hasta diez años de antigüedad), el Estado solicita una carta de garantía de mantenimiento de la oferta equivalente a 1.200.000 dólares. Según fuentes del citado portal, esto «acorta la amplitud de oferentes y de modelos disponibles para su compra».2 Dada la situación y a falta de información oficial, en el FA hay intenciones de convocar al ministro García a la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados cuando se levante el receso parlamentario. La idea es plantearle, entre otros asuntos atinentes a su cartera, algunas dudas sobre el llamado y las negociaciones políticas entre países, además de los planes del Ministerio de Economía para obtener los recursos presupuestales, dijo a Brecha el diputado del Movimiento de Participación Popular Carlos Rodríguez. De acuerdo a los pliegos, el gobierno pagará la mitad de la inversión durante la presente administración y el monto restante dentro de los siguientes diez años. Sin embargo, el ministro García no ha dicho qué recursos se emplearán y la compra no figura en la asignación presupuestal del MDN. De hecho, 50 millones de dólares representan toda la asignación presupuestal de la cartera para el quinquenio. La pregunta es, en esa coyuntura, de dónde saldrán los fondos extras para reforzar el rubro y si, en medio de una pandemia por coronavirus que continúa afectando la economía de los uruguayos, esta adquisición debe considerarse una prioridad. 1. «La compra de patrulleros para la Armada de Uruguay navega por aguas turbulentas», Infodefensa.com, 31-I-22. 2. «Nuevos detalles –y limitaciones– de la licitación para los OPV de Uruguay», Visión Marítima, 31-I-22. URUGUAY PAGARÁ 5 MILLONES DE DÓLARES POR GUARDACOSTAS DE ESTADOS UNIDOS Un total de 55 bolsos con una tonelada de cocaína, según estimó la Armada Nacional, fueron encontrados esta semana en la playa del balneario San Antonio (Rocha). Si bien se intenta determinar la procedencia y el destino de la droga, la fuerza naval cree que la intención era llevarla en lancha desde la costa, mar adentro. El caso dejó en evidencia las dificultades de Uruguay para controlar el tráfico de drogas por vía marítima y refuerza la conveniencia de un acuerdo con Estados Unidos por el cual Uruguay recibirá una donación de tres lanchas fluviales Protector. Según adelantó la embajada estadounidense durante la firma de la carta de aceptación, en diciembre pasado, las embarcaciones llegarían a finales de 2022, como parte de «una subvención de la Guardia Costera» estadounidense para el plan de modernización de la flota nacional. «Los tres buques –USCG Cutters Albacore (WPB-87309), Cochito (WPD-87329) y Gannet (WPB-87334)– fueron puestos en servicio entre 1999 y 2009. El costo original fue de 14.361.000 dólares y el valor actual estimado es de 8.685.000 dólares», detalló la embajada al divulgar el acuerdo intergubernamental. No obstante, Uruguay deberá pagar 4.986.296 dólares para el reacondicionamiento de los buques y la formación del personal de la Armada» que trabajará a bordo. Los buques «han servido en Estados Unidos en misiones de seguridad nacional, lucha contra el contrabando de drogas, aplicación de la ley de inmigración, aplicación de la ley de pesca marítima y apoyo a la búsqueda y el rescate», destaca el artículo de difusión. Cada uno incluirá una lancha neumática de casco rígido, que puede ser lanzada desde la popa del buque mayor mediante un innovador sistema de lanzamiento y recuperación. «Esta capacidad permite a las tripulaciones interceptar, inspeccionar o abordar rápidamente otros buques mientras patrullan sin detenerse.» «La buena noticia para Uruguay es que estos buques son un caballo de batalla probado de la Guardia Costera, pero todavía tienen muchos años de uso por delante», dijo la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jennifer Savage. Se espera que los buques y las tripulaciones entrenadas lleguen a Uruguay en el último semestre de este año. CÓMO SERÁN LOS BUQUES OPV Y QUÉ SUPERFICIE VIGILARÁN Mucho mar En el pliego de condiciones para embarcaciones nuevas, que se desarrolla en 90 páginas y al que Brecha accedió, el gobierno establece que comprará dos buques tipo Offshore Patrol Vessel (OPV) iguales o mayores a 1.500 toneladas de desplazamiento, de entre 80 y 120 metros de eslora, «que permitan realizar el control funcional del mar a fin de garantizar el rol del Estado en nuestras aguas jurisdiccionales». Las unidades deben contar con una «dotación reducida (de 55 a 65 tripulantes, más otros 25 de complemento), planta de propulsión económica, helicóptero embarcado para unidades mayores y hangar, armamento polivalente, dimensiones para su mantenimiento en diques nacionales, equipamiento y tecnología acordes a la misión, y autonomía y permanencia en el mar adecuadas a su función». El texto especifica que el primer buque en condiciones operativas deberá estar abanderado antes del 30 de junio de 2024. Además de los requisitos sobre el personal que inspeccionará la construcción, el adiestramiento de los funcionarios de la Armada que trabajarán a bordo, un soporte logístico integrado que garantice la operatividad de las plataformas por un período de al menos cinco años y actualizaciones de software, se explicitan los estándares de comunicaciones. En el capítulo sobre «sistema de gestión de combate», el gobierno exige que porten un cañón de 76 milímetros y dos ametralladoras de calibre 12,7 a 20 milímetros instalados. En cuanto a las «operaciones aéreas», se pide que cuente con «cubierta de vuelo para operaciones con helicóptero AB 412 HP con coeficiente de peso dinámico 10 toneladas o superior». Según explicaron a Brecha desde el Grupo de Ciencia y Tecnología Marina de la Universidad de la República, el mar territorial uruguayo se extiende por 12 millas náuticas (22,2 quilómetros) contadas a partir de la línea de bajamar a lo largo de la costa hasta la línea imaginaria que une Punta del Este (Uruguay) y Punta Rasa (Argentina), en el límite exterior del Río de la Plata. En este sector del océano el Estado ejerce plena soberanía, al igual que en las aguas internas de su territorio (continente). En tanto, la zona económica exclusiva es una franja marítima que ocupa 142.166 quilómetros cuadrados, equivalente al 82 por ciento de la superficie terrestre del país (176.215 quilómetros cuadrados). Se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas (370,4 quilómetros) contadas a partir de la línea de base. En esta zona, Uruguay tiene derechos de soberanía para explorar y explotar los recursos naturales vivos y no vivos, presentes tanto en las aguas suprayacentes al lecho marino como en su lecho y subsuelo. Estos derechos también se extienden a otras actividades, como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Por otro lado, Uruguay tiene el deber de promover el manejo y el uso sustentables de los recursos renovables y no renovables, y se compromete a proteger y preservar la biodiversidad y el ambiente marino con base en la mejor información científica disponible, tal lo plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sustentable 14 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. RE: OPV - el_francotirador - 02-07-2022 Who knows…. RE: OPV - roberto6 - 02-07-2022 tal cual Gabriel RE: OPV - Voluntario2 - 02-07-2022 Los cuestionamientos a los procedimientos para la adquisición de OPV no me convencen en su mayoría. El plantear porque enviar un solo pliego a una embajada si tenía más de un astillero oferente, me parece de poca relevancia por ejemplo. Ahí la embajada o los astilleros se hacen cargo y punto. Que se retire Fassmer no me llama la atención, había sido segundo. Para que presentarse y perder cuándo había salido entre los primeros? Es cierto que el llamado anterior seguramente generó mucha experiencia y su resultado no debe dejarse de lado, pero ahora se incluyen también la posibilidad de barcos de segunda mano hasta con diez año de antigüedad. La propuesta israelí está por lejos fuera de lo que requiere la Armada. Argumentar a favor del OPV israelí, el OPV 62 vendido a Israel es un contra propósito. Es como pensar que los mínimos 80 metros de eslora que se solicitan es un capricho. Salvo que hayan ahí intereses creados del periodista, ese OPV no cumple los requisitos solicitados por la Armada para este llamado. Tal vez serían excelentes sustitutos de los barreminas en funcion patrulleros costeros. RE: OPV - roberto6 - 02-07-2022 EL OPV 62 ESTAS BIEN PARA EL MEDITERRANEO, PERO EN EL ATLANTICO SUR.... RE: OPV - Voluntario2 - 02-07-2022 El O`PV 62 General Cabañas de la Fuerza Naval de Honduras (FHN) es apto para el Mediterráneo y también para el Caribe. Para el Atlántico Sur, mar abierto a más de 100 millas, no proporcionan según la Armada muy razonablemente, las prestaciones necesarias. Seguramente los israelíes deben poder ofrecer OPV de 80 y más metros, pero por la razón que fuese no lo hacen. Tal vez no tengan el diseño pronto. RE: OPV - roberto6 - 02-07-2022 (02-07-2022, 08:19 PM)Voluntario2 escribió: El O`PV 62 General Cabañas de la Fuerza Naval de Honduras (FHN) es apto para el Mediterráneo y también para el Caribe.la Saar 72 se asemeja bastante mas a nuestras necesidades https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-exhibitions/euronaval-2020-exhibitors-visitors-information/euronaval-2020-news/9178-euronaval-online-2020-israel-shipyards-presents-saar-72-new-generation-of-multi-mission-vessel.html |