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OPV - Versión para impresión +- Foros de Uruguay Militaria (http://www.uruguaymilitaria.com/Foro) +-- Foro: Futuro (http://www.uruguaymilitaria.com/Foro/forumdisplay.php?fid=6) +--- Foro: Armada Nacional (http://www.uruguaymilitaria.com/Foro/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: OPV (/showthread.php?tid=115) Páginas:
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RE: OPV - Terminus - 09-01-2026 Demanda internacional de Cardama contra Uruguay alega que no se puede separar lo jurídico de lo técnico En el contrato se estableció que las controversias contractuales se dirimirían de acuerdo con la legislación nacional, mientras que conflictos por incumplimientos en la construcción serían resueltos por una corte con sede en París. Ante la insistencia del diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, que incluso recurrió a la Justicia, finalmente el Poder Ejecutivo debió presentar la demanda que inició el astillero Cardama contra el Estado uruguayo en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París (Francia). En el documento, al que accedió El País, el empresario español, patrocinado por el estudio jurídico Hughes & Hughes, dirige la acción judicial concretamente contra el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y realiza un recuento de los hechos desde el 15 de diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato para la compra de las dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros. Entre las peticiones que realiza el astillero, a raíz de la decisión unilateral del gobierno de dejar sin efecto el contrato, se solicita al Tribunal que “declare que la rescisión contractual promovida fue improcedente y contraria a Derecho”. “Se declare que la República Oriental del Uruguay ha incumplido sus obligaciones contractuales y violentando el principio de buena fe contractual. Que se declare que Cardama tiene derecho a percibir cualesquiera cantidades pendientes de pago en virtud del contrato, así como una indemnización por los daños y perjuicios sufridos y condene a Uruguay al pago de lo mismos. Uruguay debe correr además con los gastos generados por el presente procedimiento arbitral”, reclama el astillero, aunque en su demanda no establece una cifra específica. En la descripción de la controversia, que consta de 25 puntos, los representantes legales de la firma mencionaron, entre los primeros ítems, la obligación del astillero de constituir dos garantías —la de fiel cumplimiento, que resultó ser falsa, y la de reembolso—, para posteriormente señalar que “inició los trabajos de construcción según lo establecido en el contrato”. “Para la ejecución de los trabajos pactados, Cardama suscribió también múltiples subcontratos con distintos proveedores de materiales y elementos esenciales de los buques. Uno de los contratos más relevantes, tanto a nivel operativo como económico, se compone por los pedidos suscritos entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 con la representante de Caterpillar en España (Finzanzauto), para la construcción y entrega de los motores principales y auxiliares de los barcos”, prosigue el documento. Conferencia y garantía falsa Como cuestionamiento al accionar del Estado, Cardama puntualiza que mientras “la construcción de los buques seguía su curso”, el 22 de octubre de 2025 el gobierno uruguayo “convocó una sorpresiva rueda de prensa de alcance público y notorio en la que el presidente (Yamandú Orsi) anunció, en esencia que: “la garantía de fiel cumplimiento otorgada por Eurocommerce había resultada fraudulenta y que Uruguay se disponía a iniciar las acciones civiles, penales y administrativas correspondientes frente a Cardama y al anterior gobierno, así como rescindir el contrato. En su defensa, la empresa manifiesta en la demanda que “nunca fue informada con anterioridad de las circunstancias descritas en la rueda de prensa y, en ningún caso, estuvo involucrada en fraude alguno con las garantías". “Por el contrario, en la rueda de prensa y en todos los actos posteriores a la misma, el Estado uruguayo infringió flagrantemente el principio de buena fe, así como la cláusula de confidencialidad prevista en el contrato. Además, como consecuencia derivada de tan graves acusaciones, Uruguay convirtió el contrato en un pacto de imposible cumplimiento, propiciando otros efectos dañinos como la huida de subcontratistas claves para la ejecución del trabajo”, acusa la empresa. Cardama alega también que una vez conocida esa situación se dirigió de inmediato a Eurocommerce y que se le aseguró, “en su momento”, que la garantía era valida y tenía vigencia. “Incluso, se inició un procedimiento penal ante la jurisdicción española para la investigación de los hechos”, agrega la demanda. Se argumenta que “por todos los medios a su alcance intentó contactar con el Estado uruguayo en busca de una solución consensuada a un defecto contractual en todo caso subsanable”, ofreciendo una garantía alternativa. Sin embargo, acusa el astillero, Uruguay exhibió una actitud absolutamente obstructiva y una negativa frontal a cualquier tipo de conversación extrajudicial”. Sobre este punto, como ha informado El País, Cardama hace mención a la mediación del excanciller Gonzalo Fernández, quien “desistió precisamente por la opacidad y falta de colaboración” de las autoridades uruguayas. Alegato Con respecto a la notificación de parte del Estado sobre incumplimientos técnicos de Cardama, la constructora considera que se conforma una única controversia y son materias intrínsecamente conexas e inseparables la jurídica (según el contrato debe dirimirse bajo la ley y los tribunales uruguayos) y la técnica. “Abordar o enjuiciar una de estas cuestiones aislando la otra resulta jurídica y lógicamente inviable, so pena de incurrir en resoluciones contradictorias. Solo a modo de ejemplo, mal podría un tribunal pronunciarse sobre el supuesto incumplimiento técnico de obligaciones derivadas de un contrato cuya vigencia y entrada en vigor es simultáneamente negada por la propia demandada. Por consiguiente, la inseparabilidad de ambas cuestiones exige su conocimiento y resolución conjunta y unitaria en el procedimiento arbitral, garantizando así la unidad del procedimiento y el principio de seguridad jurídica”, se alega. El argumento de Cardama en este sentido es contrario al del gobierno uruguayo, a partir de lo establecido en las cláusulas 38 y 39 del contrato. En ellas se fijó como ley aplicable la de la República Oriental del Uruguay y se estableció que los tribunales uruguayos serían competentes para resolver las controversias jurídicas. En cuanto a los aspectos técnicos, se dispuso que la Sociedad de Clasificación (Lloyd’s Register) sería la encargada de dilucidar los eventuales conflictos. Pero en caso de no alcanzarse un acuerdo, el contrato habilitaba a recurrir a un arbitraje en París, sede principal de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Finalmente, en el documento el astillero acusa “una conducta continuada de mala fe por parte del Estado uruguayo, iniciada con la exposición pública y mediática de acusaciones gravísimas sin previa comunicación a Cardama, seguida del rechazo sistemático a toda solución conservativa del contrato y de la fabricación oportunista de supuestos incumplimientos para justificar una decisión de rescisión tomada de anteamano”. https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/demanda-internacional-de-cardama-contra-uruguay-alega-que-no-se-puede-separar-lo-juridico-de-lo-tecnico RE: OPV - Terminus - 09-06-2026 SIGUE EL CIRCO Y JUSTO CUANDO LA GORDIS SE HIZO LA CIRUGÌA BARIÀTRICA Usurpación, abuso de funciones y revelación de secretos: los delitos por los que la oposición denunció a Lazo Varios legisladores presentaron este jueves la acusación penal contra la ministra de Defensa y sus asesores por su accionar en el proceso de rescisión del contrato con el astillero Cardama. Usurpación de funciones -prevista en el artículo 166 del Código Penal-, revelación de secretos conocidos en el ejercicio de sus funciones, utilización indebida de información privilegiada y abuso de funciones. Esos son los delitos que los diputados y senadores de la oposición invocaron en la denuncia penal presentada en la noche del jueves contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos de sus asesores más cercanos, Damián Rojas y Daniel Marsiglia. En el escrito, al que accedió El País, los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente que integraron la comisión bicameral que investigó el proceso de compra y posterior rescisión del contrato con el astillero Cardama -José Luis Falero, Pablo Abdala, Gabriel Gianoli, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo- atribuyen a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dirigente del MPP, haber participado e impulsado acciones “con apariencia delictiva” entre el 1º de marzo y el 1º de junio de 2025. En concreto, como había informado El País en setiembre de ese año, se denuncia que Rojas y Marsiglia se presentaron públicamente y actuaron como “asesores” de la ministra durante ese período sin “contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”. Es decir, los asesores no tenían ningún vínculo formal con el Ministerio de Defensa (MDN) al momento de hacer varias indagatorias, que los denunciantes califican de “pesquisas” sin tener la potestad para hacerlo. Además, se los acusa de haber “manipulado información oficial y reservada en forma ilegítima”. “En este carácter irregular, realizaron actuaciones y elaboraron informes con efectos jurídicos, investigaron e interrogaron a las máximas jerarquías de la Armada, accedieron a información confidencial vinculada a la defensa nacional y por ello sensible y reservada a las personas que por su jerarquía están habilitadas para hacerlo, con las responsabilidades que ello implica. Varios aspectos ‘coincidentemente’ empezaron a tener difusión pública en el ámbito periodístico y político”, acusa la denuncia penal. Según el documento, el informe de Rojas y Marsiglia del 29 de marzo de 2025 -que resultó clave para la sanción a los contralmirantes Miguel de Souza, José Ruiz, el capitán de Navío Marcelo da Silva y el excomandante en jefe Jorge Wilson, que debieron cumplir arresto a rigor tras una investigación administrativa- fue elaborado de “manera irregular, secreta y sin garantías con consecuencias para terceros”. “Da cuenta de actividades realizadas, tanto de investigación, recopilación y análisis de información reservada, interrogatorios a privados y a funcionarios públicos. Ninguno de ellos mantenía vínculo formal con el MDN, habiéndose no obstante reunido con el principal proveedor de la cartera y sus contratistas, accediendo y requiriendo información de un contrato de carácter confidencial en materia de defensa nacional”, se subraya. En este orden, se describe que Rojas y Marsiglia mantuvieron reuniones con el director del astillero, Mario Cardama, con representantes de los proveedores para la construcción de los buques (Caterpillar, Terma, Cintranaval), “representando indebidamente al MDN en el marco de un proceso bajo cláusulas de confidencialidad, sin contar con autorización formal alguna para acceder a dicha información reservada”. Como ejemplo e información que hasta el momento no había trascendido públicamente, el escrito describe que el astillero Cardama denunció en junio de 2025 “la filtración a la prensa de información reservada, cuestionando el compromiso de seriedad del acuerdo suscrito con el Estado uruguayo”. “El correo filtrado era del 28 de mayo de 2025 y había sido dirigido también a Rojas, circunstancia que fue irónicamente destacada por el astillero español, al señalar que el nombre de Rojas aparecía tachado en la versión difundida”, consignaron los legisladores. Un mail de similares características fue enviado por Cardama a la ministra el 25 de julio de 2025, luego de la filtración de los informes elaborados por los inspectores enviados a Vigo. En el mensaje, el empresario español señaló que en sus 110 años de historia nunca le había ocurrido algo similar con otro gobierno. “Esta actuación podría exponer al Estado uruguayo al incumplimiento de cláusulas de confidencialidad del contrato, lo que reviste suma gravedad”, se agrega en el escrito, que atribuye a Lazo la responsabilidad por haber instruido esta y otras acciones denunciadas que tenían como objetivo el posterior procedimiento disciplinario aplicado a los oficiales de la Armada. Por estos hechos es que la oposición entiende que se fundamenta la imputación del delito de abuso de funciones a la ministra y de usurpación de funciones por parte de los dos adscriptos. Dicho delito establece: “El que indebidamente, asumiere o ejercitare funciones públicas, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión. En la misma pena incurrirá el que, habiendo recibido oficialmente la comunicación del cese o de la suspensión de sus funciones, continuara ejerciéndolas”. En el caso de Rojas, funcionario presupuestado de la Universidad de la República, al momento de su designación formal como adscripto del MDN se encontraba en pase en comisión en el despacho de la diputada Cecilia Cairo. Esto ocurrió a mediados de mayo, varios meses después de que realizara las indagatorias y elaborara el informe para Lazo. Marsiglia, por su parte, fue autorizado a pasar en comisión al MDN desde el Ministerio de Desarrollo Social en mayo de 2025. Sin embargo, según destaca la denuncia penal a partir de información proporcionada por la Oficina Nacional del Servicio Civil, el traspaso se materializó el 15 de junio de ese año. Actualmente, Rojas presta funciones en Presidencia de la República, mientras que Marsiglia continúa desempeñándose en el MDN. Acción arbitraria A lo largo de la denuncia, además de acusar a Lazo de haber mentido en el Parlamento sobre la situación funcional de sus dos asesores, de existir indicios de que había una decisión premeditada para que el contrato cayera y de cancelar el envío de los oficiales que debían hacer el seguimiento de la construcción de los patrulleros, la oposición sostiene que Fiscalía debe investigar hechos que califica de “graves”. “La ministra dispuso, por resolución, una investigación administrativa sin el debido fundamento, anunciando un ‘análisis preliminar’ que no es otro que el informe irregular elaborado por su grupo de trabajo”, señala el escrito. Ese equipo estuvo integrado, además de por Rojas y Marsiglia, por Alfredo Maeso, en calidad de asistente letrado, y Carlos Visca. Para los denunciantes, esta actuación constituye una “acción arbitraria” de Lazo en el ejercicio de sus funciones y podría configurar un eventual delito de abuso de funciones, extremo cuya investigación solicitan a Fiscalía. “Estos episodios documentan la omisión de Lazo en el cumplimiento de sus funciones, de las advertencias y denuncias que el astillero le hizo sobre las filtraciones sistemáticas de correos privados a su propia casilla de correo. En el marco de un contrato confidencial, las omisiones en que incurrió en uso de su cargo deberá ser valoradas por Fiscalía”, reafirmaron los denunciantes. https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/usurpacion-abuso-de-funciones-y-revelacion-de-secretos-los-delitos-por-los-que-la-oposicion-denuncio-a-lazo RE: OPV - Draken - 09-16-2026 La ministra de Defensa de Uruguay visitará COTECMAR, en Colombia, para conocer el OPV 93. El país busca alternativas tras rescindir el contrato a Cardama https://www.defensa.com/uruguay/ministra-defensa-uruguay-visitara-cotecmar-colombia-para-conocer RE: OPV - JollyRoger - 09-16-2026 Demasiado armado. Lo van a destripar a lo loco. RE: OPV - dragonfly - 09-16-2026 Salen notas sobre la opción Coreana ser la "con más aceptación" por el gobierno. Yo no sé como van a hacer para justificar un gasto de 100 millones por 1 OPV. Vi unos videos sobre los OPV93 colombianos. La verdad NO me gustó. RE: OPV - Voluntario2 - 09-17-2026 Supongo que la opción elegida va a ser la más económica. Con economía en armas y en electrónica. La actual oposición no va a hacer muchas críticas, cualquiera sea el costo. Sea como sea, ojalá se concrete. RE: OPV - Draken - 09-18-2026 Comprar OPV no interesa, lo que interesa es viajar XD Se vienen muchos viajes sin concretar nada. No se si en Uruguay se habla del rearme Argentino, si hay alguna preocupacion en el mundo politico. RE: OPV - Parca666 - 09-18-2026 (09-18-2026, 01:36 AM)Draken escribió: Comprar OPV no interesa, lo que interesa es viajar XD Acá no se dice nada, solo nos interesa a los que nos gusta a los políticos les lucrar con nuestro esfuerzo! RE: OPV - Parca666 - 09-18-2026 (09-17-2026, 02:40 AM)Voluntario2 escribió: Supongo que la opción elegida va a ser la más económica. Con economía en armas y en electrónica. Van a hacer revuelo porque ellos compraban 2 por el precio de uno, les interesan los votos y la cháchara barata. Mientras tanto la ANU sin buques ni radares costeros, siga el baile siga el baile! RE: OPV - Parca666 - 09-18-2026 Sra. ministra deje de viajar y deje que los interesados vengan, demuestre que ganó la honestidad y la austeridad republicana! |