Crimen Organizado

[felix]

Último Momento

LAVADO DE ACTIVOS
Curbelo Tammaro al Comcar

Una docena de profesionales, en su mayoría escribanos y arquitectos, serán interrogados por el juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez, por su presunta vinculación con la organización de narcotraficantes desbaratada en la Operación Campanita.

Por este caso, fueron procesados el jueves de madrugada el abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, el empresario José Luis Suárez -en prisión desde 2006-, un hermano de éste, un escribano y otro narcotraficante que también está preso desde hace un año. A los cinco se les tipificó el delito de "lavado de activos".

La investigación se centrará ahora en la recuperación de los bienes adquiridos por la organización con dinero proveniente del narcotráfico.

El pedido de procesamiento del fiscal señala que Curbelo Tammaro prestó su asesoramiento "a fin de poder enajenar dichos bienes, procurando con ello que los mismos no fueran alcanzados por la Justicia".

El director de la Secretaría Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, dijo a El País que el sector inmobiliario se presta para el lavado de dinero por la falta de controles y la posibilidad de invertir grandes sumas.

AL COMCAR. A media tarde de ayer, Carlos Curbelo Tammaro fue trasladado al módulo I del Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Vázquez, según lo resolvió la Dirección Nacional de Cárceles. Los demás procesados serán alojados hoy en Comcar o en el Penal de Libertad.

Familiares y allegados al abogado realizaron gestiones para que quedara en Cárcel Central o fuera a la Cárcel de Soler, en San José, pero esos planteos no tuvieron eco.

"Es una vergüenza que a un hombre de 73 años se lo envíe a una cárcel hacinada", dijo a El País una persona cercana a la familia.

Agregó que la decisión de no permitirle a Curbelo Tammaro permanecer en Cárcel Central ni en el centro carcelario de Soler obedece a un enfrentamiento político con el gobierno. "Ha sido abogado de Gregorio Álvarez y de Juan Carlos Blanco y por eso ha tenido enfrentamientos muy duros con la actual administración", dijo la fuente. "¿Por qué Juan Carlos Bengoa no va al Comcar?", se preguntó.

Todos los procesados por delitos vinculados al narcotráfico son llevados al Comcar.

La defensa de Curbelo Tammaro -encabezada por Miguel Langón e integrada por otros abogados de su estudio y allegados a la familia- espera notificarse hoy de la resolución del juez Federico Álvarez Petraglia, para luego de estudiar los argumentos resolver la estrategia a seguir en el juicio.

En principio, la idea es no apelar el procesamiento, a menos que del fallo surjan consideraciones que sean "disparatadas", dijeron allegados a la familia. De esa manera se pretende lograr una pronta excarcelación, aunque se estima que eso no ocurrirá en al menos seis meses. Otra opción sería pedir la reclusión domiciliaria ya que tiene más de 70 años.

Abogado en casos sonados
Con 73 años de edad y 45 de ejercicio de la abogacía en materia penal, Carlos Curbelo Tammaro ha intervenido como defensor de varios casos de gran interés público. Hasta 2007 representó al ex dictador Gregorio Álvarez, procesado con prisión por violaciones a los derechos humanos.

También representó al ex canciller Juan Carlos Blanco. El año pasado asesoró al contratista Francisco Casal en la denuncia de la DGI por defraudación.

El País Digital

[felix]

Capaz que no es tan intersante como las críticas de oficiales infiltrados por el MLN en Alemania pero bueno, creo que algo aporta:

SOCIEDAD
Escrito el 27 de noviembre de 2009 a las 17:07 por Redacción 180

Curbelo Tammaro procesado en causa vinculada al narcotráfico

La Justicia procesó el miércoles a cinco personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Entre los procesados se encuentra el doctor Carlos Curbelo Tammaro, un famoso penalista. Los procesamientos se dieron en el marco de la “Operación Campanita” que comenzó en 2006, tras la incautación de 300 kilos de cocaína. El abogado habría intervenido con fondos propios en compras hechas con dinero del narcotráfico.

Curbelo Tammaro es el actual representante legal de la empresa Tenfield y recientemente del empresario Francisco Casal en el juicio penal por defraudación tributaria. También fue defensor del ex dictador Gregorio Álvarez y declaró ser amigo de él en entrevista con No Toquen Nada. Además era el defensor de uno de los procesados por narcotráfico en la operación campanita.

El procesamiento, en realidad, se da dentro de un tercer capítulo de la Operación Campanita. La maniobra de las autoridades comenzó en 2006 con una operación que permitió el procesamiento de varias personas y reportó la incautación de más de 300 kilos de cocaína. Así se descubrió una organización colombiana que se dedicaba a lavar dinero en Uruguay. En aquel momento 30 personas fueron procesadas y Curbelo Tammaro actuó como abogado defensor de José Luis Suárez, cabecilla de la organización de narcotraficantes desbaratada.

El año pasado, dentro de este mismo caso, fue procesado el contador Ruben Weizman y ahora se procesó a cinco personas por relaciones con la droga y con el lavado de activos.

Ricardo Gil, titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos explicó a No Toquen Nada la importancia de este caso. “Este es el caso más importante. Sin duda, concentra muchas cosas de las que hemos venido planteando y haciendo. Es una organización dedicada a lavar, no a traficar, con una estructura muy sofisticada, con profesionales muy conocidos en el medio que participaron muy activamente. Creo que es un caso bastante emblemático y en el que se marca un punto interesante para la experiencia. Además es el caso más complejo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que así como hay narcotraficantes locales que su proceso de lavado es comprar una casa a nombre de alguien o con una sociedad muy desarmada, hay casos como este, complejos. Este es un país que no tiene experiencia, no tiene gente formada en estas investigaciones. Se ha aprendido en estos años y sin dudas se cometieron errores. Era inevitable porque nunca se había hecho una investigación de este tipo. Y de todos los procesamientos, de todos los casos, es sin duda el más complicado”, dijo Gil.

Curbelo Tammaro fue procesado por asesorar en maniobras de lavado de activos y por participar con su propio dinero en algunas de esas maniobras. Esas actividades estuvieron concentradas en movimientos inmobiliarios de compra y venta de edificios. Una de las particularidades del caso es que, por primera vez en la Justicia uruguaya, se utilizó la figura del colaborador. En este caso tres personas que pertenecieron a la organización realizaron acuerdos para reducir sus penas a cambio de información que sirvió para incriminar a otras personas.

El caso involucra a una red de origen colombiana que se dedicaba a ingresar droga a Europa y lavaba plata, entre otros lados, en Uruguay. La cabeza del grupo parece ser el colombiano Alex Pareja detenido en Brasil y recientemente liberado por motivos que no están del todo claros para las autoridades uruguayas.

Ricardo Gil explicó la importancia de los elementos internacionales en el caso. “Por el lado de Uruguay está muy clara la relación con ese grupo de narcotráfico colombiano, que lideraba Pareja y estaba instalado en Brasil. Parte de la plata entró a Uruguay y fue para Brasil. Por alguna razón, que no hace a las autoridades uruguayas, Pareja fue detenido en Brasil y luego fue liberado. Por lo que yo sé fue liberado por un tema formal en el proceso y no porque se haya demostrado su inocencia. Independientemente de eso, como acá se agarró droga, no dependemos de si Pareja es o no narcotraficante procesado en Brasil, la droga acá apareció, está claro de qué grupo era. Está clara la función que cumplía Pareja y la gente que está detenida acá”, afirmó.

El caso tiene varios capítulos fuera de Uruguay. Pero a los efectos de permitir la actuación de la Justicia, la importancia de demostrar esos vínculos queda relativizada desde el momento en que se captura un cargamento de droga y se logra establecer el delito precedente de narcotráfico para poder procesar por lavado. En Uruguay, la ley exige que el delito de lavado de activos esté asociado a un delito precedente.

Otra de las herramientas de esta investigación fueron las escuchas telefónicas. Esto generó la queja de la defensa de Curbelo Tammaro que señaló que se lesionó el derecho del libre ejercicio de la profesión. La defensa del reconocido penalista procesado sostiene que se utilizaron para procesarlo charlas que tuvo con sus clientes. Ricardo Gil dio su punto de vista sobre este asunto. “Acá lo que se ha demostrado es que esos profesionales hicieron cosas que constituyen delito y que no tienen nada que ver con su relación profesional – cliente. En algunos casos el cliente estaba preso, entonces difícilmente iba a hablar con su cliente directamente por teléfono, salvo que él supiera que su cliente en la cárcel andaba con un teléfono arriba. Pero sí llamaron a terceras personas, sí negociaron cosas y eso claramente está demostrado. Algunos dicen que son cosas que pudo hacer un periodista, un funcionario, un jugador de fútbol o un bailarín. Fueron negocios con plata que ellos sabían que venía del narcotráfico porque además, ahí sí, si mi cliente está procesado por lavado, yo tengo claro que de la plata que él maneja tengo que cuidarme un poquito”.

Según informó el miércoles el diario El Observador, Curbelo Tammaro fue registrado por la justicia participando en la venta de apuro del edificio Torre Plaza Independencia para evitar que fuera embargado por la Justicia. Según dijeron fuentes del caso a No Toquen Nada, el abogado fue procesado por un delito de asistencia en el caso de este edificio y por participar con fondos propios en otros dos negocios inmobiliarios en Punta del Este.

Otro de los procesados es Daniel D´Angelo, un escribano de peso en la actividad inmobiliaria del departamento de Maldonado.

El caso es visto como uno de los más emblemáticos de la lucha contra el crimen organizado (hay elementos como narcotráfico, lavado de activos, utilización del sector inmobiliario, participación de figuras reconocidas y poderosas). De todas formas, el caso está en manos de la Justicia Penal ordinaria, específicamente del juez Federico Álvarez Petraglia, del juzgado Penal de 14º turno. Esto se debe a que el caso comenzó antes de que se instalaran los juzgados especializados en crimen organizado que sólo tomaron casos nuevos y no casos que ya estaban en otros juzgados.

Además, en el caso de la Operación Campanita, hubo cambio de juez porque la magistrada Anabella Damasco pasó al Tribunal de Apelaciones. También hubo cambio de fiscal. El doctor Diego Pérez se hizo cargo del caso a principios de este año y fue el primero en lograr aplicar la figura del colaborador, logrando aportes de información de tres personas involucradas en el caso a cambio de una reducción de pena.

Más allá de estos golpes al crimen organizado y las novedades judiciales, desde el punto de vista de la Secretaría Antilavado también hay avances importantes a partir de este caso. “El gran resultado desde el punto de vista nuestro, además de lo que se detectó, de la gente que se encarceló, de los bienes que ahora se embargan, es que se armaron grupos de trabajo que en aquel momento fueron una especie de invento que hicimos y que ahora se han transformado en una herramienta permanente. Estas organizaciones tienen mucho poder, mucho peso, muy buenos asesores y depende de que nosotros sigamos trabajando bien, con gente que dispone de menos recursos pero que seguramente está más convencida de lo que hace y tiene otros valores”, resumió Gil.

Fuente: www.180.com.uy

Saludos!

[coronel]

.... [Curbelo Tammaro] "Ha sido abogado de Gregorio Álvarez y de Juan Carlos Blanco y por eso ha tenido enfrentamientos muy duros con la actual administración", dijo la fuente. "¿Por qué Juan Carlos Bengoa no va al Comcar?", se preguntó.

Estos hechos son tan ciertos como el que hace presumir que Curbelo Tammaro sabía muy bien en lo que "se metía" con su relacionamiento profesional y financiero con gente vinculada al narcotráfico.

[OTEADOR]

Seguramente a eso se refería José Mujica cuando afirmó que "la justicia tiene un hedor a venganza de la p..."

Ahora, qué casualidad/causalidad que días antes de las internas, de las nacionales y ahora del balotaje, irrumpen hechos impactantes ante la opinión pública...

[coronel]

Ahora, qué casualidad/causalidad que días antes de las internas, de las nacionales y ahora del balotaje, irrumpen hechos impactantes ante la opinión pública...

Y sí amigo Oteador: hay jueces siempre "bien activos" por esos días ...

[argos]

Ahora, qué casualidad/causalidad que días antes de las internas, de las nacionales y ahora del balotaje, irrumpen hechos impactantes ante la opinión pública...

Y sí amigo Oteador: hay jueces siempre "bien activos" por esos días ...

En otras epocas aparecian platos voladores... recuerdan?

Argos

[OTEADOR]

Si, no podemos negar que ahora son MUCHO MÁS ORIGINALES...Y RETORCIDOS

[terminus]

Juez Álvarez: "Nada se hacía sin consultar" a Curbelo Tammaro
Venta. Participó directamente en las enajenaciones de bienes de Suárez


El abogado Carlos Curbelo no solamente asesoró a la organización de narcotraficantes para vender propiedades, sino que él mismo negoció parte de esos bienes. Su defensa evaluará este fin de semana si apela o no el procesamiento con prisión.
El veterano penalista está recluido desde la tarde del jueves en una celda del Módulo I del Comcar, luego de haber sido procesado por el juez Federico Álvarez Petraglia quien le imputó el delito de "lavado de activos" y "asistencia para el lavado de activos".
Curbelo Tammaro, de 73 años de edad, patrocinó en su momento a José Luis Suárez, el cabecilla en Uruguay del grupo de narcotraficantes internacionales liderado por el colombiano Alex Pareja, que fue desbaratada por la Brigada Antidrogas en septiembre de 2006.
Sin embargo, la actividad del abogado no se limitó a representar a Suárez, sino que participó activamente de las maniobras de compra y venta de propiedades que permitían transformar las ganancias ilícitas en lícitas, según lo que pudieron comprobar el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez.

Además de Curbelo Tammaro, en la madrugada del jueves el magistrado dispuso otros cuatro procesamientos: el del propio Suárez, a quien le imputó el delito de narcotráfico, un escribano, el hermano de Suárez y otro hombre vinculado al grupo quienes participaron en las maniobra de lavado.

En el auto de procesamiento al que tuvo acceso El País, el juez Álvarez Petraglia detalla la participación del abogado en los negocios de Suárez, y remarca que "nada se hacía sin consultársele previamente".
Incluso, según declaró el miércoles ante el magistrado el escribano Lorenzo D`Angelo -que resultó procesado junto con Curbelo Tammaro- a principios de 2007 el abogado llegó a ofrecerle la Torre Juncal de la Ciudad Vieja.
Esa propiedad de Suárez fue vendida en mayo de 2007 por un total de US$ 1.700.000. En la operación participó, además del penalista, una operadora inmobiliaria de Punta del Esta vinculada a Suárez.
La primera entrega de esa transacción por US$ 540.000 se realizó en el estudio del abogado. La propiedad fue adquirida por un grupo inversor español que en Uruguay opera mediante la sociedad anónima Santa Rufina, cuyos responsables serán citados a declarar para establecer si compraron la Torre Juncal de buena fe o conocían el origen del inmueble.
Pero además, Curbelo Tammaro invirtió US$ 180.000 en una Torre de Punta del Este que fue adquirida por Suárez estando en prisión luego de presentarse en una licitación del Banco Hipotecario, en la que fue representando por la misma operadora inmobiliaria que gestionó la venta de la Torre Juncal.
Por otro lado, el abogado, a pedido de Suárez, entregó al defensor de la esposa de su cuñado, que también fue procesada en 2006, la suma US$ 10.000.

Además, según relata el juez Álvarez Petraglia en la resolución, Curbelo Tammaro alojó en una casa de su propiedad en Punta del Este a una persona que estaba muy comprometida en la investigación. En ese lugar "se practicó un allanamiento e incautó documentación sumamente esclarecedora para la causa", explica el magistrado.
El juez ordenó el embargo genérico de todos los proce- sados por un total de US$ 2.500.000, el monto total estimado de las propiedades incautadas hasta el momento. Sin embargo, se estima que hay más bienes y personas involucradas en las maniobras, por lo que la investigación continuará (ver nota aparte).

APELACIÓN. Ayer, la defensa de Curbelo Tammaro, a cargo del catedrático penalista Miguel Langón pidió el expediente para analizar el contenido de los elementos que existen en su contra para, en base a ello, definir si apelan o no la decisión del magistrado. En principio, la intención de Langón sería no recurrir la decisión con el objetivo de lograr la excarcelación en el menor plazo posible.
Sin embargo, el fallo será apelado si se encuentran elementos contundentes que permitan obtener la revocatoria del procesamiento en un Tribunal de Apelaciones.
Otra opción que se evaluará en su momento es pedir la reclusión domiciliaria del abogado que, al tener más de 70 años de edad podría acogerse a ese beneficio, ya que padece varias afecciones cardíacas y hepáticas, dijeron a El País fuentes cercanas a la familia.
De todos modos, en las próximas horas se iniciarán gestiones para que Curbelo Tammaro sea trasladado a otro centro penitenciario como Cárcel Central o la chacra policial de Canelones, para buscar que esté recluido en un lugar "más desahogado", indicaron las fuentes familiares.

Indagarán a varios profesionales y a un ex socio de José Luis Suárez
El juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez indagarán próximamente a una decena de profesionales -en su mayoría escribanos y arquitectos- presuntamente involucrados con las maniobras de "lavado de activos" provenientes del narcotráfico realizado por la organización liderada por José Luis Suárez, recluido en el Penal de Libertad desde 2006.
En tal sentido, el magistrado y el representante del Ministerio Público prevén reanudar los interrogatorios en los próximos días. La intención es establecer con total claridad cómo se realizaban las maniobras de compra y venta de propiedades y quiénes estaban involucrados con esas operaciones millonarias. Hasta ahora la Torre Juncal en Montevideo y la Torre Tammaro de Punta del Este son los únicos bienes incautados, y en total suman US$ 2.500.000, monto por el cual el juez dispondrá el embargo genérico de todos los procesados.
Además de los abogados y arquitectos, el juez y el fiscal también tienen previsto investigar a por lo menos un ex socio de Suárez. Se trata de un conocido rematador que administraba un local bailable de la Ciudad Vieja que era propiedad del integrante del grupo de narcos. También se citará a un familiar cercano de Curbelo.
La investigación judicial también pretende determinar el origen de varias propiedades, entre ellas, un hotel cinco estrellas de Punta del Este, otro en Montevideo, un emprendimiento inmobiliario de Pocitos.

¿Qué pudo probar el juez?
El auto de procesamiento del juez Federico Álvarez Petraglia explica que en la investigación seguida tras la incautación de la droga en la Operación Campanita en 2006, se logró probar que José Luis Suárez, quien había sido procesado solamente por "lavado de activos", también tuvo vinculación con la operativa de organización y financiación del grupo delictivo, por lo que ahora se le sumó el delito de narcotráfico.
En relación al abogado Carlos Curbelo Tammaro, quien durante varios meses patrocinó a Suárez, la resolución del magistrado señala que se logró probar que incurrió en los delitos de "lavado de activos" y "asistencia" para ese ilícito. El abogado fue quien asesoró a Suárez y a una operadora inmobiliaria para vender la Torre Juncal en mayo de 2007 por un total de US$ 1.700.000. El cobro inicial de US$ 540.000 fue realizado por el abogado. A su vez, Curbelo Tammaro invirtió US$ 180.000 en una torre de Punta del Este, que fue licitada por Suárez estando en prisión.
En cuanto al escribano que intervino en la mayoría de los negocios realizados por Suárez, el magistrado sostiene que incurrió en "un delito continuado de lavado de activos", ya que participó profesionalmente en transacciones "a sabiendas de la procedencia ilícita de los bienes", explica el juez. El escribano, a pedido de Suárez, intentó realizar un giro de US$ 150.000 a Brasil al colombiano Alex Pareja, líder del grupo internacional de narcos.

Respecto a la responsabilidad de Luis Fros (que ya se encontraba en prisión tras haber sido procesado en el marco de otra operación contra el narcotráfico) se logró probar que alertó a Suárez sobre un allanamiento que se estaba realizando en una casa en la que vivía su sobrino. A Fros el juez le imputó el delito de "asistencia" para el "lavado".
Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad de Miguel Suárez, el hermano de José Luis Suárez, la Justicia determinó que intervino directamente en la venta de la Torre Juncal y recibió la suma de US$ 540.000 de parte de una operada inmobiliaria. La transacción se realizó en el estudio de Curbelo Tammaro. Miguel Suárez fue imputado por un delito de "lavado de activos", según la resolución del juez.
El País Digital

[OTEADOR]

Operación Campanita: continúa investigación
Un gran lavadero
28.11.2009 00:00

El juez Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez tomarán declaraciones a unos 20 profesionales relacionados con el lavado de activos descubierto en la Operación Campanita. Uno de los convocados por la Justicia es el hijo del Curbelo Tamaro.

Además de estos llamados que comenzarán la semana que viene, el juez tiene previsto realizar varios careos entre quienes participaron de las actividades de la banda internacional de narcotráfico, debido a que exiten varias versiones encontradas.

Según informó este sábado el diario Últimas Noticas, uno de los convocados por la Justicia, es el hijo del Dr. Carlos Curbelo Tamaro.

El juez Federico Álvarez Petraglia procesó con prisión a Carlos Curbelo Tamaro tras constatar su participación en varias operaciones inmobiliarias.

Las transacciones en las que participó Curbelo, fueron ordenadas por José Luis Suárez, procesado por lavado de activos tras el desmantelamiento de la banda de narcotraficantes colombianos, en la Operación Campanita.

Según lo investigado por la Justicia, Curbelo no sólo asistió en a Suárez en cuanto a la formas en las que debía comprar varios inmuebles, sino que también colaboró con el traslado de dinero o directamente con la capitalización de algunas operaciones.

”No se verifica ningún tipo de imputación penal basada en su relación abogado-cliente; muy por el contrario la actividad objeto de investigación refiere a una conducta que en nada se vincula con la defensa penal de un imputado”, agregó el documento.

La Justicia basó su fallo en una serie escuchas telefónicas, declaraciones de testigos, documentación incautada e informes judiciales. En el caso de Curbelo Tamaro se realizó un allanamiento en una casa en Punta Del Este donde se incautó “información sumamente esclarecedora para la causa”.

Todos los procesados fueron embargados por considerar “liminarmente probable que los enjuiciados desarrollen una conducta dirigida a eludir esta consecuencia del delito”.

[terminus]

El extraño comportamiento de una fiscal prestigiosa.
OLGA CARBALLO Y LA OPERACIÓN CAMPANITA


La magistrada no mostró celeridad para embargar y habilitó la libertad de un narco

Yo tenía una fluida relación con (la fiscal) Olga Carballo y le dije que iba a aceptar un apartamento de Arenas Blancas (edificio de Punta del Este), la puse en conocimiento para decirle que tenía la tranquilidad de que era una operación legítima”, declaró el abogado Carlos Curbelo Tammaro el día que fue procesado por lavado de activos como parte de la llamada operación Campanita según surge del expediente al que accedió El Observador.
Curbelo Tammaro se refería a un apartamento valuado en US$ 500 mil que aceptó como honorarios por la defensa de uno de los líderes de la organización, José Luis Suárez. Ahora ese bien fue embargado por la Justicia al constatarse que proviene del narcotráfico junto a otras propiedades por un valor de US$ 2,5 millones, aunque se estima que el lavado total superó los US$ 6 millones.
La investigación por la que fueron procesados Curbelo y el escribano Daniel D´Angelo por lavado y Miguel Ángel Suárez por narcotráfico revela un proceder poco claro de Carballo –quien se retiró de la fiscalía en julio de 2008– ya que surgió que estaba al tanto de varios inmuebles que eran propiedad de la organización delictiva y no hizo nada por embargarlos.
En setiembre de 2006 por la operación Campanita se incautaron 350 kilos de cocaína, y por ello fueron procesadas más de 20 personas, pero no se embargaron bienes.
La Brigada Antidrogas desde ese momento siguió realizando escuchas a José Luis Suárez y sus allegados, y en tiempo real se enteró e informó a la sede y a la fiscal de que, por un lado, se iba a vender la torre Juncal, en plaza Independencia, y por otro, que Suárez, a través de una de sus testaferros, iba a hacer una inversión en la torre Malvinas de Punta del Este, que luego se transformó en la torre Tammaro y en la que Curbelo Tammaro invirtió US$ 180 mil.
Además, la declaración de Curbelo Tammaro refleja que puso en conocimiento de la fiscal la existencia de otro bien de la organización, que tampoco fue embargado.
La declaración de otro de los procesados, Miguel Suárez, hermano de José Luis, va en el mismo sentido: “Mi hermano me dijo que Curbelo le había dicho que él había hablado con la fiscal y que podían vender la torre Juncal”.
“Mi hermano me hizo saber que si el abogado le hubiera dicho que vender la torre iba a traer problemas, no la hubiera vendido”, agregó el procesado.
Libertad express. A la luz de las nuevas actuaciones surgieron otros cosas llamativas del expediente. Henry Rodríguez Gallego, cuñado del líder de la organización de narcos, el colombiano Alex Pareja, estuvo preso un año y dos meses. Fuentes policiales dijeron no entender cómo Rodríguez Gallego, que era el número dos de la banda y que se dedicaba al tráfico de cocaína en Europa, haya recuperado la libertad tan rápido, luego de lo cual abandonó el país.
Fue extraditado desde España, y procesado el 24 de octubre de 2007 y liberado el 24 de diciembre de 2008. Según se supo, el defensor del narcotraficante, el abogado Víctor Della Valle, pidió la libertad y la fiscal no se opuso, pero la jueza Anabella Damasco se la negó. El abogado apeló y el Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno otorgó la libertad ante la posición de la Fiscalía.
La fiscal. Carballo era una de las más prestigiosas fiscales penales, había sido propuesta por Gonzalo Fernández para la Fiscalía de Corte y su nombre sonaba con fuerza para ocupar una de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado. Sin embargo, poco antes de que se concretara esa designación, renunció y se fue del país.
El 17 de julio de 2008 salió a luz la noticia de que la fiscal había solicitado que el trámite de su renuncia se realizara con carácter urgente. Alegó razones familiares y a sus conocidos les informó que se radicaría en Nueva Zelanda, donde vivía una de sus hijas.
Italia y otra vez della valle. Sin embargo el destino de Carballo parece que finalmente fue otro: Italia. Fuentes judiciales estimaron que ello podría deberse a la relación de Carballo con su marido, del que supuestamente estaba separada.
En el año 2005, el marido de Carballo, el contador Mario Natale, ex presidente de la Cooperativa de la Previsión Social, fue acusado junto a otros dos ejecutivos de un faltante de US$ 10 millones. Tiempo después, las denuncias en su contra se ampliaron porque en pleno concordato de la cooperativa fueron emitidos cheques sin fondos.
Uno de los denunciantes fue el abogado Víctor Della Valle. Natale salió del país y se radicó en Italia, antes de que la fiscal de ese caso, Elsa Machado, emitiera un dictamen sobre su culpabilidad o inocencia. Si bien Carballo había anunciado que se iría a Nueva Zelanda, un juez que estuvo recientemente en Italia se reunió con ella porque la fiscal está viviendo en ese país.

Los procesados
El juez Federico Álvarez Petraglia procesó el miércoles 25 de noviembre al penalista Carlos Curbelo Tammaro, al escribano Daniel D´Angelo y a Miguel Suárez por lavado. A José Luis Suárez y a Luis Fros los procesó por narcotráfico por entender que estaban vinculados a la droga. El abogado de Curbelo apelará.

[OTEADOR]

Continúa... :shock:

Campanita: van por empresario del fútbol

En los próximos días habrá nuevas citaciones judiciales

"Es una presa apetecida", dijo a El País una fuente vinculada con la investigación de la "Operación Campanita" en relación a la vinculación de un empresario del ambiente futbolístico que habría tenido una importante vinculación con la red de narcotraficantes desbaratada en 2006 y que derivó en los procesamientos de más de 20 personas.

Como ramificación de esa investigación, hace diez días el juez penal Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez enviaron a prisión a cinco personas, entre ellas al abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro por actividades vinculadas con el lavado de dinero del narcotráfico.

En los próximos días más de 20 personas serán indagadas por la Justicia con el objetivo de determinar si existen otros responsables en la maniobra, que se estima pudo llegar a transformar en lícitos más de US$ 6 millones.

Según explicaron fuentes del caso, en la mira del juez Álvarez Petraglia, el fiscal Pérez y la Brigada Antidrogas se encuentra un empresario que tiene vinculaciones con la red ilícita pero que en 2006 no fue procesado por falta de pruebas.

Esa persona "le debe" unos 100 kilos de cocaína a José Luis Suárez , el líder de la organización en Uruguay, que se encuentra detenido en el Penal de Libertad desde 2006. Sin embargo, no ha sido posible obtener escuchas telefónicas que determinen su procesamiento con prisión.

1. El Estado gestiona la recuperación de la "deuda" de Suárez
2. Le advierten al "empresario del fútbol" que se cuide, porque aún no tienen resultados las escuchas telefónicas

[OTEADOR]

19/12/09

Free Shop: cinco procesados con prisión; indagarán a 50

Fiscal. Les imputó asociación para delinquir y contrabando

Pablo Meléndrez (El País)

En la pasada madrugada, el juez penal Federico Álvarez Petraglia procesó con prisión a cinco personas que integraban una red de contrabando hacia Brasil utilizando los beneficios fiscales de un importante free shop del Chuy, Rocha.

Entre los procesados, están un conocido empresario del rubro exportador -que en su momento fue accionista minoritario de Pluna-, el dueño del free shop implicado, un ciudadano brasileño de origen árabe que compraba los productos, y los gerentes de ambas empresas, a quienes les imputó los delitos de "asociación para delinquir" y "contrabando", dijeron fuentes del caso a El País.

También fueron procesados, pero sin prisión, dos empleados del free shop del Chuy que eran los encargados de trasladar la mercadería desde el local hasta el lado brasileño. En tanto, la esposa de uno de los empresarios y otras dos empleadas quedaron en libertad, aunque seguirán siendo investigadas por la Justicia.

Los procesamientos fueron pedidos por el fiscal penal Diego Pérez.

El megaoperativo, que la Policía denominó "Pegasus" y que permitió desbaratar una red que se dedicaba al contrabando de whisky y perfumes a Brasil, llevará a la Justicia a indagar en el futuro a más de 50 personas entre empresarios y aduaneros.

LA MANIOBRA. Al interrogar a los indagados, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez exhibieron una gran cantidad de pruebas que evidenciaban la maniobra: filmaciones, escuchas telefónicas e interceptación de mensajes de texto y correos electrónicos. Ante ese cúmulo probatorio, las defensas prácticamente no tuvieron elementos para probar la inocencia de sus clientes.

La mercadería era trasladada hasta la frontera a instancias del empresario exportador. Una vez en ese lugar, empleados del free shop llevaban los productos hacia chacras del lado brasileño, desde donde se cargaban en camiones de transporte internacional en los cuales el whisky y los perfumes eran llevados a diversas zonas de Brasil, según admitieron ayer ante el magistrado y el representante del Ministerio Público los propios implicados.

Una de las chacras fue allanada el jueves por efectivos de la Policía Federal Brasileña, y en ese lugar se encontró mercadería por un valor cercano a los US$ 100 mil, dijeron las fuentes. Ayer, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez recibieron durante todo el día información de parte de los investigadores brasileños.

El caso fue investigado durante casi un año por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en conjunto con la Aduana y la Dirección General Impositiva, bajo la supervisión del juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez.

La maniobra consistía en enviar whisky y perfumes de alto costo al free shop del Chuy mediante zonas francas. Allí, en lugar de vender los productos a turistas, eran comercializados a empresarios brasileños que utilizan la mercadería para abastecer supermercados y locales comerciales de diversas zonas de ese país, como por ejemplo, San Pablo.

De esa manera, tanto el free shop como los compradores evadían el pago de impuestos tanto en Uruguay como en Brasil. Según se pudo comprobar, una botella de whisky adquirida de esta forma a US$ 17 era revendida a US$ 45.

Uno de los elementos que llamó la atención a los investigadores fue que la DGI constató que en un día, el free shop vendió 2.400 botellas de whisky en poco más de una hora.

Los abogados Cecilia Salom (NdR: esposa del actual ministro de defensa y secretaria del diputado Gustavo Bernini-PS-), Jorge Barrera (NdR:PC), Gúmer Pérez y Gonzalo Vertiz, defensores de los procesados, tendrán cinco días hábiles para apelar la resolución del juez Álvarez Petraglia. Sin embargo, ese plazo recién vencerá a principios de febrero, porque el próximo jueves comienza la Feria Judicial Mayor que congelará el proceso hasta 1° febrero.
Dos policías muertos en 2004

Las organizaciones relacionadas con los free shop en las fronteras con Brasil que se dedican al contrabando -principalmente de whisky- hacia ese país, están siendo investigadas en Uruguay hace varios años, ya que se trata de grupos que movilizan millonarias sumas de dinero.

Uno de los casos más notorios de grupos de estas características, tuvo lugar en julio de 2004 cuando el dueño de un free shop de la ciudad de Rivera ordenó asesinar a dos efectivos de la Policía Federal de Brasil, que si bien integraban esa red delictiva, el empresario presumía que podían perjudicarlo.

Así, el comerciante contrató a un sicario brasileño que ejecutó a los dos policías: Ronaldo Almeida, de 43 años y Leonel Da Silva, de 38. Antes de que tuvieran lugar los crímenes, el empresario viajó a Estados Unidos con su familia, con el objetivo de que cuando se descubriera el hecho él no pudiera ser involucrado.

El sicario sepultó los cadáveres en una chacra de Rivera y recién fueron encontrados en diciembre de 2005, luego de que un testigo aportara información sobre cómo habían ocurrido los hechos. El propietario del free shop fue procesado con prisión, y todavía cumple su condena en la cárcel.

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Uruguaya fue condenada a cadena perpetua en China.

Una ciudadana uruguaya cumple cadena perpetua en una prisión china por intentar ingresar al país asiático 2,5 kilos de cocaína. Investigan a qué organización pertenece.
SOLA en el monstruoso aeropuerto de Beijing. Pero con la cantidad suficiente de cocaína como para recibir una inyección fatal, como suelen aplicarles en China a los narcotraficantes que son capturados con más de 50 gramos de droga. Sola, pero con 2 kilos 452 gramos de cocaína, encontraron las fuerzas de seguridad chinas a una ciudadana uruguaya, sexagenaria, quien fue detenida y luego de un largo proceso judicial condenada a prisión perpetua, el pasado 25 de noviembre. La encontraron sola pero todo hace suponer que forma parte de alguna red u organización, revelaron fuentes diplomáticas a Ultimas Noticias.
Según información en poder de la sede diplomática en ese país, la ciudadana había tomado un vuelo desde Beijing hacia la isla de Macao con la droga en su poder.
La información a nivel del gobierno sigue siendo confidencial ya que se abrió una línea de investigación a partir de la detención de la delincuente que estudia los posibles vínculos con una red mayor de narcotráfico.
Fuentes consultadas indicaron que podría haber sido condenada a la pena de muerte pero el hecho de ser mujer y no tener armas oficiaron como atenuantes para su causa. "Se salvó de la pena de muerte. No es que llevaba unos poquitos gramos encima", explicó un informante.
A su vez, se aseguró que desde Cancillería se siguió todo el proceso y que la hija de la ciudadana uruguaya había realizado llamadas para interiorizarse de la situación.
Más aún, las fuentes diplomáticas afirmaron que la compatriota contrató costosos abogados para su defensa, lo que también genera indicios en cuanto a la magnitud y alcance de la organización de la que formaría parte.
También en China se abrió un proceso judicial contra un compatriota que trasladaba droga y fue detenido con documentación uruguaya falsa en su poder. Según la cédula apócrifa, nació en 1977. El caso está siendo seguido por la sede diplomática uruguaya en China.

SEVERIDAD
Desde hace cuarenta años que China trabaja a nivel legislativo para darle un marco normativo a la lucha contra el cultivo, producción, consumo y venta de drogas. Ante la proliferación de las drogas en las últimas dos décadas -se estima que el consumo creció un 35%-, el país oriental aceleró el paso en la legislación sobre el control de las drogas y promulgó una serie de leyes y decretos; el último conocido como "la nueva ley antidrogas" que entró en vigencia en junio de 2008.
El severo castigo de las infracciones relacionadas con las drogas es una de las características más sobresaliente de la legislación penal. La normativa china impone la pena capital a los implicados en los casos de tráfico, venia, transporte o producción de drogas de máxima gravedad. Ser detectado con 50 gramos basta para recibir la inyección letal. En total el Código Penal chino tipifica y determina penas para 12 delitos relacionados con este tipo de sustancias.
La nueva ley contempla la posibilidad de registros policiales en lugares públicos y castigos no solo a consumidores y vendedores, sino también a propietarios de locales en donde se consuman estupefacientes.

Un caso reciente
A las 10.30 del 29 de diciembre de 2009, en la ciudad de Urumqi, fue ejecutado el británico Akmal Shaikh, condenado a muerte en 2008 por los tribunales chinos tras ser detenido en posesión de cuatro kilos de heroína. El caso acaparó la atención internacional y puso sobre el tapete la discusión sobre la pena máxima no solo porque Shaikh se convirtió en el primer europeo en recibir la penacapital en 60 años en el país asiático, sino también porque el primer ministro británico, Gordon Brown, llegó a intervenir para intentar frenar el ajusticiamiento.
Además del gobierno británico y la Organización de Naciones Unidas, los propios familiares de Shaikh habían solicitado a China que frenara la ejecución bajo el argumento de que el delincuente sufría un trastorno bipolar. Pero la Justicia china aseveró que las pruebas médicas no habían mostrado ningún problema psicológico.
Shaik, de religión musulmana, fue detenido en 2007 en posesión de los cuatro kilos de droga en el aeropuerto de Urumqui. Procedía de Dushan-be, capital de Tayikistán. Estaba casado y tenía tres hijos.

[terminus]

le copiamos los métodos de combate al crímen organizado a otros....pero copiamos mal!!! y el pobre tipo marchó preso

Testigo protegida acusada de mentir ante la Justicia
Campanita. Testimonio clave en el caso Curbelo Tammaro
EDUARDO DELGADO

Una mujer, hoy bajo el sistema de protección de testigos y cuyo testimonio fue determinante para el procesamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro, fue acusada de haberle mentido a la Justicia por otro de los implicados: Ruben Weiszman.

"Campanita" fue de las operaciones más importantes contra el narcotráfico en Uruguay. Incluyó la incautación de más de 300 kilos de cocaína, armas, dinero, propiedades y vehículos.
Hay más de 20 procesados por este caso -entre ellos el contador Weiszman y Curbelo Tammaro- y tuvo la particularidad de que se utilizó la figura del colaborador, en un expediente que no es tramitado por un juzgado especializado en crimen organizado
Para el procesamiento de Curbelo en noviembre de 2009 fue relevante la declaración de una testigo protegida, que fue parte de la maniobra y acordó con el juez penal Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez brindar información a cambio de no ir a prisión, mecanismo previsto en la ley antilavado de junio de 2009.

Días atrás, Weiszman -procesado por lavado de activos en junio de 2008- presentó un escrito a Álvarez Petraglia, en el que sostiene que la colaboradora mintió a sabiendas en información que aportó sobre un edificio en Punta del Este que vinculó a operaciones de lavado de dinero y que en realidad fue un negocio legal con inversores canadienses.
"Ha quedado demostrado el origen canadiense de la inversión realizada en la compra del Edificio Marina Roosevelt", sostiene el escrito presentado por Javier Simonetti y Enrique Moller, abogados de Weiszman. Para demostrarlo, incluyeron documentación que comprueba los giros bancarios provenientes de Canadá y de que la institución bancaria que intervino tenía conocimiento de esta inversión.

Por ello sostienen que la colaboradora "ha faltado a la verdad en tanto tenía conocimiento del origen canadiense de la inversión y faltó a la verdad nuevamente en cuanto al precio de la compraventa informado a la sede, tergiversando la realidad de manera conveniente a sus intereses", expresa el escrito.

Los abogados aclararon que presentaron la denuncia contra la testigo en el expediente del caso Curbelo -que si bien tiene conexión a la Operación Campanita no es por el que está procesado su defendido- porque Weiszman quiere "el esclarecimiento de la verdad" que "se ha tergiversado".
Los abogados recordaron que Weiszman dijo cuando declaró por la Operación Campanita que la inversión en el edificio de Punta del Este era canadiense, pero que esto "jamás se investigó" si era cierto.
"Se tomaron en cuenta, por encima de cualquier explicación que fuera dada oportunamente, las expresiones de la señora colaboradora, quien además no presenta prueba alguna de sus dichos y aun así es amparada por la Justicia", dicen.

Agregaron que el secretario antilavado Ricardo Gil -el perito designado por la Justicia para este caso- no reparó en este punto.
Procesada. La testigo protegida -quien fue procesada por Álvarez Petraglia a principios de 2009, cuando era juez en Maldonado- resultó nuevamente procesada y con prisión en febrero de este año por apropiación indebida, tras ser denunciada por alquilar dos chalets en Punta del Este y no entregarle el dinero a sus propietarios.
Por entonces, Álvarez Petraglia denunció una campaña para "desacreditar" a la colaboradora.

Presos en sus casas
Ruben Weiszman fue procesado en junio de 2008 por un delito continuado de lavado de activos y está en prisión domiciliaria por decisión de la Suprema Corte. Carlos Curbelo Tammaro fue procesado en noviembre de 2009 por asistencia al lavado y tras una cirugía está en régimen de prisión domiciliaria.

El País Digital

[OTEADOR]

LA REPÚBLICA 17/07/10

Subsecretario. Uruguay dejó de ser país de tránsito para ser destino y origen de trata de personas
Vázquez: Unidad especial combatirá y reprimirá organizaciones criminales
El gobierno creará este año una unidad especializada en Crimen Organizado, con policías especialmente capacitados para el combate y represión de estas organizaciones, según anunció ayer el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez.

Vázquez participó de un seminario sobre "trata de personas" desarrollado en el Hotel NH Columbia, junto con autoridades y representantes del Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el fiscal de Corte, Rafael Ubiría.

El secretario de Estado anunció que este año el gobierno creará una unidad especializada en Crimen Organizado, uno de cuyos cometidos será el combate a la trata de personas, en el entendido de que Uruguay dejó de ser "un país de tránsito", para transformarse en centro de origen y destino de personas explotadas sexual, comercial o laboralmente.

En este sentido, el fiscal de Corte señaló que un informe elaborado por la OIM en 2008 determina que Uruguay integra la lista de países con mayor desarrollo de esta modalidad delictiva en los últimos años.

"Uruguay ha sido catalogado como un país de fuente y de tránsito de trata de hombres, mujeres y menores con el fin de explotación sexual, comercial y trabajo forzado.

Se ha informado en esa oportunidad que la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños que son objeto de trata desde dentro del país hacia zonas fronterizas y de turismo para explotación sexual", afirmó Ubiría.

Los principales destinos internos serían Colonia, Paysandú y Maldonado, en particular durante la temporada de verano.

En tanto, la fiscal adjunta especializada en Crimen Organizado, Adriana Di Giovanni señaló que la trata de personas en Uruguay "existe", pero en forma "silenciosa".

La representante del Ministerio Público indicó que los grupos de crimen organizado muchas veces actúan con "complicidad" de los padres: las jóvenes reciben ayuda económica y posteriormente son enviadas principalmente a Europa, dijo la fiscal, según radio El Espectador.

El delito de "trata de personas" fue sancionado en enero de 2008 con la aprobación de la Ley Nº 18.250, "Ley de Delito de Trata de Personas", por la cual se establecieron penas de 4 a 16 años de penitenciaría para los responsables de estas actividades.

En este sentido, el pasado 24 de marzo de 2009 la entonces jueza letrada de Ciudad de la Costa (hoy jueza Penal de 7º Turno), Mariana Mota, dispuso los primeros procesamientos en base al artículo 78 de la norma. La resolución fue adoptada en el marco de la denominada "Operación Monroe", mediante la cual se desarticuló una organización dedicada al tráfico de drogas y el reclutamiento de mujeres para ser enviadas a Europa ­principalmente España­ para ejercer la prostitución.

El procesamiento por "trata de personas" fue dispuesto a pedido del fiscal Gilberto Rodríguez.