Es un tema bien controversial: el Derecho y su expresión que es el ordenamiento jurídico o conjunto de normas de esa naturaleza que una Sociedad se ha dado para regir conductas y situaciones en determinadas coordenadas de tiempo y lugar, debe ser especialmente receptivo de las necesidades de esa Sociedad y sobre todo de los cambios que allí se operen, a efectos de que las nuevas situaciones que vayan dándose sean debidamente reguladas por ese conjunto de normas jurídicas, que no constituyen una abstracción en sí mismas sino que son herramientas necesarias para asegurar la convivencia social. Si así no fuera, no sólo estaríamos negando la evolución social, sino que seguirían rigiendo normas arcaicas e inmutables.
Y ello no sucede sólo con respecto a normas de naturaleza penal: el "derecho de las naciones", algo regulado (por el derecho y por la fuerza) desde siempre en la historia, ha desembocado desde mediados del siglo xx en la creación de un ordenamiento supranacional en constante modificación. Ni hablar de los "derechos humanos", donde multiplicidad normas de derecho interno y de derecho internacional han consagrado todo un supraordenamiento al respecto, que dejan a la Declaración de los Derechos del Hombre de1948 como un distante y pequeño antecedente. hace 30 años no existía un "derecho informático", no obstante el desarrollo y la aplicación social de la tecnología informática obligó a una rápida creación de esas nuevas normas.
En ese sentido es donde nostros tenemos problemas: un fenómeno social como por ejemplo los ahora llamados "menores infractores" sigue rigiéndose prácticamente por un Código del Niño de 1934, emparchado en dos o tres oportunidades por nuevas normas que en todo caso también han sido ya superadas por la realidad; otro tanto sucede con la drogadicción: la compasiva Ley de 1974 que la interpretaba como patología, no permite encarar las modalidades malditas del narcotráfico, y no me estoy refiriendo sólo al "gran" narcotráfico, sino hasta el minorista de las "bocas". La Ley de Ilícitos Económicos de 1995 no alcanzó para penar a los Peirano, quienes perogrullescamente estan demandado por ello al Estado y a la Sociedad representada por éste, a quienes sumieron en una debacle financiera descomunal con sus maniobras fraudelentas, porque con ley o sin ley que lo encuadre técnicamente, el "vaciamiento" y la "volatización" de los activos de un grupo financiero es lisa y llanamente un fraude.
Institutos del derecho penal tales como la "legítima defensa", elaborados en épocas donde había códigos de conducta que hasta los delincuentes tenían presentes, entre ellos el respeto a la vida de las "víctimas" a quienes generalmente se evitaba dañar (qué distinto a los copamientos, rapiñas o hasta a los arrebatos violentos que terminan lastimando seriamente que se ven hoy!!), actualmente son imposibles de "completar" en la práctica atento a las engorrosas condiciones establecidas por la norma, siendo hasta contraproducentes para la "víctima" que ha reaccionado frente al delincuente y que lejos de verse exonerado en su responsabilidad, hasta puede terminar procesado por el eventual daño que le haya causado a éste.
¿No resulta paradójico que el consentimiento prestado al mantenimiento de relaciones sexuales por una menor de 15 años resulte normativamente irrelevante y no obstante existiir no impedirá la imputación de "violación" a quiensea su compañero en las mismas, cuando la realidad nos muestra "legiones" de madres adolescentes incluso menores a esos 15 años que obviamente prestaron ese consentimiento que a ojos de la Ley no existe?
En definitiva, quiero expresar que el ordenamiento jurídico, las normas y por ende su aplicación no pueden dejar de atender a las realidades, los cambios y las necesidades de la Sociedad a la que sirven, por eso, y sin que signifique dejarse llevar por el "grito de la tribuna", desde lo alto de sus despachos deberían tomar muy en cuenta a la opinión pública, cuando manifiesta esas realidades y necesidades. Claro que en este proceso hay "intermediarios", sobre todo el Legislador que elabora las normas y el Juez que las aplica, que son quienes "deben prestar oídos" y cuya responsabilidad es absoluta e ineludible en el tema. Ojalá todos ejerciéramos nuestras respectivas responsabilidades debidamente...
