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Mientras una flota china avanza en el Atlántico Sur, senadores argentinos cuestionan el rol de Montevideo en la pesca ilegal
El puerto de la capital uruguaya “atiende a buques que vienen de alta mar para hacer relevo de tripulación, abastecimiento, logística y reparaciones” y “todo eso deja recursos en el país”, dice el comandante de la Armada
Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS
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Semanario Búsqueda


Nº 2152 - 9 al 15 de Diciembre de 2021

Argentina recibió la semana pasada el tercero de cuatro patrulleros oceánicos que compró a Francia en 2020, un tipo de buque que le permitió aumentar la capacidad operativa de su Armada y mejorar el control marítimo de su jurisdicción. Uno de ellos, denominado Bouchard, se encuentra en este momento en la boca oriental del estrecho de Magallanes para monitorear el paso por el mar argentino de una inmensa flota pesquera. Se trata de más de 300 barcos chinos que se están movilizando desde noviembre provenientes de Perú. Argentina vigila su recorrido para asegurarse que se ubiquen fuera de la milla 200, la distancia hasta donde se extiende su zona económica exclusiva.
La maniobra es observada con inquietud por un grupo de 11 senadores liderados por Pablo Daniel Blanco, representante por Tierra del Fuego del bloque Juntos por el Cambio. El mes pasado Blanco presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer las medidas de carácter diplomático bilateral adoptadas y que adoptará Argentina con el gobierno de China respecto al arribo de la flota y “con el gobierno de Uruguay en relación con el apoyo logístico y operativo creciente” que dicha flota tiene en puertos uruguayos. “El Puerto de Montevideo se ha convertido en el punto principal de apoyo de estas flotas estatales chinas, lo cual implica una toma de posición del gobierno uruguayo en relación con las prácticas predatorias que afectan nuestro patrimonio alimentario, poniendo en riesgo su sustentabilidad en el tiempo”, reclaman los legisladores.
Según los senadores, los buques pesqueros chinos —entre los que se encuentran poteros, de arrastre y palangreros— violan los derechos de soberanía argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales: aunque en un principio se concentren fuera de la milla 200, “cruzarán una y otra vez esa línea para arrasar con las especies” pertenecientes a aguas argentinas, entre las que destacan calamares, merluzas, tiburones, rayas y abadejos.
Esta denuncia de los legisladores argentinos no es la primera que la recibe el Puerto de Montevideo, señalado frecuentemente por organizaciones no gubernamentales de apoyar indirectamente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada al permitir el aprovisionamiento de estos barcos. También organismos internacionales y otros gobiernos han advertido a Uruguay sobre esta situación.
Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada Nacional, sostuvo a Búsqueda que Montevideo efectivamente “es un puerto que atiende a buques que vienen de alta mar para hacer relevo de tripulación, abastecimiento, logística y reparaciones” y que “todo eso deja recursos en el país”. De todas formas, admitió que este hecho es generalmente observado con preocupación por otros países porque la llegada a puerto les permite a las flotas “una permanencia muy importante en el área de faena”. Puso como ejemplo justamente a los buques que pescan en el Atlántico Sur, fuera del área de jurisdicción uruguaya, pero que vienen desde alta mar a Montevideo para abastecerse y luego retoman la pesca.
Wilson afirmó que cuando el buque declara que viene al Puerto de Montevideo “tiene que cumplir con determinada normativa nacional” a cargo de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y que al cumplirla “no tiene por qué ser vedado su ingreso a puerto”.
“La realidad es que el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada no es un control de la Armada. La Armada contribuye pero quien tiene la responsabilidad de efectuar esos controles es la Dinara, que establece qué buque puede ingresar al puerto. Una vez que la Dinara da la autorización, nosotros a través de la Prefectura hacemos los controles que nos competen. Entonces, cuando se dice que nosotros apoyamos flotas que pueden estar haciendo alguna actividad de estas, convendría esta pregunta formularla más a Dinara que a nosotros”, argumentó.
La Dinara ha respondido que Uruguay, y no Argentina ni Brasil, es quien hasta ahora firmó el acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (Amerp), el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal. Su objetivo es prevenir y eliminar esta práctica al impedir que los buques utilicen puertos para desembarcar sus capturas. “Es un desafío para nosotros que el resto de los países de la región firmen ese tratado y se comprometan”, dijo Jaime Coronel, director de la Dinara, durante un evento de la organización Océanos Sanos. Coronel también sostuvo que, junto con la Administración Nacional de Puertos, la Dinara debe mejorar el contralor de los buques que ingresan a Montevideo.
Más allá de las medidas que tome Uruguay, la pesca ilegal tiene un trasfondo político con China. A inicios de año Estados Unidos envió a Montevideo el buque más moderno de su Guardia Costera para realizar con la Armada actividades conjuntas contra la pesca ilegal, luego de que en un documento el gobierno norteamericano acusara a China de “blandir su poder” con una flota pesquera subsidiada por el Estado que “roba recursos vitales de naciones incapaces de defender sus zonas económicas exclusivas”.
En esa línea opinó el grupo de senadores argentinos, para quienes la flota de 300 buques que se posiciona en el Atlántico Sur “es un brazo militarizado de China” con el cual la potencia asiática “satisface necesidades imperiosas de alimentos y desarrolla una estrategia marítima de dominio e influencia internacional”.