[Adrian]

Lo mas destacado sobre seguridad en la Ley de Urgente Consideracion

En materia de seguridad se propone aumentar las penas, crear nuevas figuras delictivas y ampliar el concepto de legítima defensa presunta para policías, militares y también civiles en sus domicilios. Dispone la obligatoriedad de identificarse ante la Policía, elimina la figura de la libertad vigilada para los presos y dispone la aplicación de tobilleras electrónicas en las salidas transitorias.


También pone fin a la ocupación de empresas cono extensión del derecho de huelga. En educación se eliminan los consejos desconcentrados quitando representatividad a los sindicatos en el gobierno de la educación. También se elimina la obligatoriedad de la inclusión financiera y el monopolio de Ancap. Ambas propuestas desatarán polémicas con los sindicatos. La intención de Lacalle Pou es presentar el proyecto definitivo al Parlamento apenas asuma.

Amplía la Legítima defensa en el campo y la ciudad.
El capítulo de seguridad incluye 99 medidas concretas. Una de ellas tiene que ver con la ampliación del concepto de legítima defensa para el hogar y en el medio rural en particular para quienes repelen el ingreso de personas extrañas en la noche. En tal sentido, se delimitan los espacios en los que se puede ejercer. Además, se incluye un capítulo en el que se impone el concepto para el personal policial o militar en oportunidad del cumplimiento de su misión “salvo prueba en contrario”.

Aumenta las penas para menores y varios delitos.
Define un incremento de las penas para los delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas. Lleva a diez años la pena máxima para los menores de edad. Pasa de doce a 16 años la máxima por violación. Fija en 30 años la pena por sicariato. Por otro lado, fija en tres años de penitenciaría la máxima para la resistencia al arresto. Dispone que quienes participen en la receptación de armas de fuego reciban una mínima de dos años, pero si el arma es de origen militar o policial la básica será de tres años.

Será obligatorio identificarse ante la policía

Se establece la obligatoriedad de identificación ante la Policía. Permite que el ciudadano pueda identificarse con distintos documentos. Ante la duda puede ser conducido a la seccional. Las personas privadas de libertad que gocen de salidas transitorias deberán llevar tobilleras electrónicas. En tanto, quienes rompan o dañen las tobilleras irán a la cárcel y pagarán una multa.

Mejoran uso de horas de contratación de guardias
Los funcionarios policiales podrán hacer un máximo de 100 horas mensuales mediante el servicio 222. Duplica las que pueden hacer en la actualidad. Deberán estar uniformados y en contacto con la seccional más próxima. Los retirados estarán autorizados a portar armas de fuego y podrán hacer arrestos en casos flagrantes.

Desaparece la suspensión condicional del proceso
Dentro de los capítulos del Código del Proceso Penal el proyecto establece el fin del régimen de libertades vigiladas y deroga la suspensión condicional del proceso. Crea la figura del agente encubierto y el colaborador para la investigación de todo tipo de delitos. Crea una repartición para la seguridad rural y dos subdirecciones, una para el área metropolitana y otra para todo el interior.

Piquetes “ilegítimos” y el uso de la fuerza.
El futuro gobierno pretende que la ley de urgente consideración declare “ilegítimos” los piquetes realizados en espacios públicos o privados “que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”.

El artículo 449 del borrador faculta al uso de la fuerza pública para disolver los piquetes. Y agrega que el Ministerio del Interior dispondrá “las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. Con ese cometido, se podrá requerir “en forma directa el auxilio de otros organismos públicos”.

El texto dice que la intervención de la autoridad se efectuará “a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”. En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes “detendrán a los presuntos infractores e informarán al Ministerio Público”.

En otro capítulo, el proyecto se refiere a las ocupaciones y dice que toda medida de huelga “deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”.

Entonces establece que el Poder Ejecutivo “podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando no reúnan las condiciones establecidas precedentemente”.