06-20-2016, 10:09 PM
COMUNICADO NRO: 082 20/Jun/2016
El Centro Militar siente la obligación de comunicar a sus asociados, amigos y población en general que en los últimos días se ha informado maliciosamente sobre presuntos beneficios excesivos, recibidos por el personal retirado de las Fuerzas Armadas.
En principio se debe aclarar que las cifras mencionadas con relación a los aportes de Rentas Generales a la Caja de Retiros, son falsas o por lo menos inexactas.
Se le quiere hacer creer a la población que la situación de la Caja Militar es la gran responsable del déficit fiscal.
No se le dice a la gente que los aportes de Rentas Generales al BPS son mucho mayores a lo proporcionado a la Caja de Retiros Militares.
Los 400 millones mencionados por algunos personajes del equipo económico no son tales y eso los confirmaremos fehacientemente en próximos informes a la ciudadanía. De todas maneras estas cifras ya están trascendiendo a la opinión pública desde diferentes medios.
Lo más grave de esta campaña de menoscabo de nuestros derechos es que se omite mencionar que los militares no son responsables de estos déficits existentes.
Los mismos se produjeron por múltiples decisiones políticas de diferentes gobiernos, de las que se destacan:
a.- La disminución drástica de efectivos y sus correspondientes aportantes, durante 30 años en más de un 40 %, situación que no ha soportado ninguna Caja. Nos preguntamos ¿qué pasaría si cualquier caja sufriera una pérdida de aportantes de este nivel, por decisiones políticas?, ¿qué pasaría con los gremios o sindicatos afectados? y ¿qué conducta adoptarían?
b.- Recompusieron carreras de Oficiales y Personal Subalterno, destituidos durante el período de facto por diferentes causas incluidos delitos comunes, muchos promovidos a los máximos grados que podrían haber alcanzado en actividad y con el máximo sueldo de quien dentro de ellos cobraba más.
c.- Leyes de estimulo para retiros anticipados, con importantes erogaciones para una cantidad de Oficiales.
d.- Los responsables de la conducción económica omiten decir que la disminución de aportes, en parte se debe a la reducción de los sueldos miserables de los funcionarios más sumergidos de la administración pública; dato incontestable, que es público y aparece comentado por todos los medios de comunicación. Solo basta saber dónde y cómo vive nuestro personal subalterno en retiro, para entender la situación.
En los discursos se presenta una situación falsa, donde se trata de hacer creer a la población que todos cobran sueldos de 100.000 pesos, cosa que abarca a un universo muy pequeño de Oficiales Superiores. Dentro de la administración pública existen muchos sueldos similares, de funcionarios administrativos o de particular confianza, cuyas responsabilidades no coinciden con las responsabilidades de Oficiales Superiores y que no son afectados.
Debemos también hacer presente que las medidas a tomar afectan de forma importante al personal subalterno retirado.
e.- Recordamos que los aportes patronales que realiza el Estado, al Servicio de Retiro, son inferiores al realizado a otras Cajas.
f.- En los años 90, el Poder Ejecutivo dispuso que las reservas de la Caja de Retiros, de varios millones de dólares, pasaran a rentas generales para su uso con otros fines.
Lo más preocupante es que las autoridades nacionales conocen bien esta realidad y están tratando de encubrir el impuestazo, aplicado al resto de la población, con la Reforma de la Caja de Retiros, como si su Déficit fuera la causa de todos los males. La Caja de Retiros no es causa de que el Estado haya gastado más de lo que podía gastar en los últimos seis años y no haya sabido ahorrar para hacer frente a posibles dificultades que se avizoraban claramente ya en el año 2014.
La situación de la Caja de Retiros es una coartada de la retórica oficial para enmascarar desarreglos que nada tienen que ver con los derechos de retiro y pensiones de la familia militar.
Resaltamos y ponemos en conocimiento que el impuesto que impulsa el gobierno, nada tiene que ver con el IASS que ya existe, sino que es específicamente otro impuesto del tipo del IASS que se suma abusivamente al que ya rige y solo para los militares. Es un impuesto de dudosa constitucionalidad, cosa que no nos asombra para nada.
El mismo incluye posibles franjas más bajas que al resto de la población. Seguramente un soldado es rico y debe ser gravado.
Estas actitudes políticas no son ajenas a los cambios positivos, registrados en la opinión pública, a favor de las Fuerzas Armadas y ante el continuo deterioro y desgaste de la filosofía del gobierno actual. La progresiva pérdida de credibilidad del discurso oficial, forma parte del fracaso y fin de un ciclo de gobiernos populistas en la región que lentamente se traslada a nuestro país.
Por este errático camino que se quiere recorrer la Institución militar está siendo frontalmente atacada, pues con la pretensión de afectar los retiros de los viejos servidores, se busca desestimular la vocación militar de los más jóvenes y de los activos, con el fin de debilitarlas.
Todo ello, mientras el país asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia: ANCAP, ALUR, PLUNA, CASINOS, FONDES, etc. Ellos alcanzan por lo menos 1.200 millones de dólares, equivalentes a 3 años de aporte a la Caja de retiros, según las cifras que ellos dan sobre los aportes. Podemos agregar a la escena de detrimento de las cuentas públicas la cuadruplicación de gastos del Ministerio del Interior; un gasto enorme sin resultados prácticos, pese al esfuerzo del personal policial que esta regando con su sangre la incapacidad política y judicial para lograr un mínimo de seguridad pública.
El festival de dispendio es incesante. Por ejemplo, se dice que hay que ahorrar pero no se detienen turbias licitaciones para hacer la cartografía nacional, con empresas privadas, en lugar de utilizar la alta calificación del Servicio Geográfico Militar que desde siempre lo hizo.
Se niega al Ejército la realización de obras de construcción de carreteras nacionales, a bajo costo, porque se prefiere entregarlas a empresas de dudosa credibilidad. El Ejército tiene probada idoneidad para cumplir con esas misiones, lo ha hecho en el Sinaí, en el Congo y en varias misiones. Pero se opta por el impuestazo antes que por el ahorro y la disminución racional de gastos innecesarios para equilibrar la economía.
La ciudadanía debe saber que las medidas adoptadas ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones de las FFAA. No afectarán las misiones principales de defensa de la Constitución y las Leyes, tantas veces ignoradas, por estar por “debajo de la política”. Para ello siempre estarán las FFAA aunque no haya presupuesto o retiros. Así ha sido desde la época de la independencia, en toda nuestra historia y guerras internas. Nadie piense que va a poder destruirlas.
Sí, se debe tomar conciencia de que se afectarán las Misiones de Paz, y la importancia que tienen las FFAA en la Política Exterior de nuestro país. Seguramente se afectaran las capacidades de defensa del Mar Territorial y el espacio aéreo, favoreciendo el ingreso de mayor cantidad de drogas con consecuencias sobre el aumento de la inseguridad pública.
También se deteriorará la capacidad para apoyar al Ministerio del Interior en la custodia de las cárceles cada vez más superpobladas.
Se verán afectados los apoyos en las emergencias sociales, climáticas, sanitarias, etc.
La opinión pública debe saber que el Estatuto del Funcionario Público no existe para el Personal Militar.
Este tiene un tratamiento completamente diferente y hace y cumple con actividades que no cumpliría otro funcionario público o privado.
Para entender esto, es necesario que la ciudadanía se ponga en el lugar de cualquier integrante de las FFAA.
•El militar no recibe horas extra, con su sueldo debe pasar días, semanas o meses, cumpliendo con el servicio sin otra remuneración.
•El soldado no tiene salario vacacional como algunas empresas del Estado, tiene licencia anual si el superior se lo permite.
•El Militar no puede trabajar en otra cosa.
•Lo ponen arrestado, si se equivoca y no va a su casa. Tiene que estar disponible siempre, no hay nocturnidad para él.
•Si comete un delito Militar es Sometido a la Justicia Militar.
•Si no va más a su trabajo lo procesan por Desertor.
•La situación de riesgo es constante: tanto en etapa de entrenamiento como en su actuación.
•Debe mantener sus aptitudes, condiciones físicas, entrenamiento y capacidad física.
•Presta servicios 24 horas, los 365 días del año, no las 6 u 8 horas del funcionario público.
•La Constitución de la República, concretamente dice que el Estatuto del funcionario público no es aplicable al Militar.
•No tiene derecho a expresarse libremente, a sindicalizarse, a reunirse, a la libertad de circulación, al descanso semanal obligatorio, a la certeza de inamovilidad, luego de retirados están sujetos a ser movilizados.
Esta última condición en definitiva permite a las FFAA la seguridad de que no es posible su disolución como muchos pretenden.
Considerando todo lo expresado cabe acotar que por estas razones los beneficios sociales de los militares, en todos los países tienen condiciones diferentes al del resto de los ciudadanos y proporcionan beneficios que compensan las obligaciones antes mencionadas.
De pronto las autoridades entienden que se pueden eliminar estos beneficios, pero obligaría a compensarlos como al resto del funcionariado, ya que no son ni esclavos ni ciudadanos de segunda.
Por esa razón los cambios que se traten de promover, para que sean considerados cambios honestos, siempre han de estar sujetos a estas realidades. Probablemente, en el caso de gobiernos que se alejan de la legalidad, en determinados momentos o períodos, se hagan modificaciones, pero tarde o temprano se regresara a las situaciones anteriores debido a la especificidad de la profesión.
Para finalizar informamos que este Centro Militar realizará todas las acciones necesarias para defender a la Institución Militar de estas políticas discriminatorias y estigmatizantes.
LA COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO MILITAR
El Centro Militar siente la obligación de comunicar a sus asociados, amigos y población en general que en los últimos días se ha informado maliciosamente sobre presuntos beneficios excesivos, recibidos por el personal retirado de las Fuerzas Armadas.
En principio se debe aclarar que las cifras mencionadas con relación a los aportes de Rentas Generales a la Caja de Retiros, son falsas o por lo menos inexactas.
Se le quiere hacer creer a la población que la situación de la Caja Militar es la gran responsable del déficit fiscal.
No se le dice a la gente que los aportes de Rentas Generales al BPS son mucho mayores a lo proporcionado a la Caja de Retiros Militares.
Los 400 millones mencionados por algunos personajes del equipo económico no son tales y eso los confirmaremos fehacientemente en próximos informes a la ciudadanía. De todas maneras estas cifras ya están trascendiendo a la opinión pública desde diferentes medios.
Lo más grave de esta campaña de menoscabo de nuestros derechos es que se omite mencionar que los militares no son responsables de estos déficits existentes.
Los mismos se produjeron por múltiples decisiones políticas de diferentes gobiernos, de las que se destacan:
a.- La disminución drástica de efectivos y sus correspondientes aportantes, durante 30 años en más de un 40 %, situación que no ha soportado ninguna Caja. Nos preguntamos ¿qué pasaría si cualquier caja sufriera una pérdida de aportantes de este nivel, por decisiones políticas?, ¿qué pasaría con los gremios o sindicatos afectados? y ¿qué conducta adoptarían?
b.- Recompusieron carreras de Oficiales y Personal Subalterno, destituidos durante el período de facto por diferentes causas incluidos delitos comunes, muchos promovidos a los máximos grados que podrían haber alcanzado en actividad y con el máximo sueldo de quien dentro de ellos cobraba más.
c.- Leyes de estimulo para retiros anticipados, con importantes erogaciones para una cantidad de Oficiales.
d.- Los responsables de la conducción económica omiten decir que la disminución de aportes, en parte se debe a la reducción de los sueldos miserables de los funcionarios más sumergidos de la administración pública; dato incontestable, que es público y aparece comentado por todos los medios de comunicación. Solo basta saber dónde y cómo vive nuestro personal subalterno en retiro, para entender la situación.
En los discursos se presenta una situación falsa, donde se trata de hacer creer a la población que todos cobran sueldos de 100.000 pesos, cosa que abarca a un universo muy pequeño de Oficiales Superiores. Dentro de la administración pública existen muchos sueldos similares, de funcionarios administrativos o de particular confianza, cuyas responsabilidades no coinciden con las responsabilidades de Oficiales Superiores y que no son afectados.
Debemos también hacer presente que las medidas a tomar afectan de forma importante al personal subalterno retirado.
e.- Recordamos que los aportes patronales que realiza el Estado, al Servicio de Retiro, son inferiores al realizado a otras Cajas.
f.- En los años 90, el Poder Ejecutivo dispuso que las reservas de la Caja de Retiros, de varios millones de dólares, pasaran a rentas generales para su uso con otros fines.
Lo más preocupante es que las autoridades nacionales conocen bien esta realidad y están tratando de encubrir el impuestazo, aplicado al resto de la población, con la Reforma de la Caja de Retiros, como si su Déficit fuera la causa de todos los males. La Caja de Retiros no es causa de que el Estado haya gastado más de lo que podía gastar en los últimos seis años y no haya sabido ahorrar para hacer frente a posibles dificultades que se avizoraban claramente ya en el año 2014.
La situación de la Caja de Retiros es una coartada de la retórica oficial para enmascarar desarreglos que nada tienen que ver con los derechos de retiro y pensiones de la familia militar.
Resaltamos y ponemos en conocimiento que el impuesto que impulsa el gobierno, nada tiene que ver con el IASS que ya existe, sino que es específicamente otro impuesto del tipo del IASS que se suma abusivamente al que ya rige y solo para los militares. Es un impuesto de dudosa constitucionalidad, cosa que no nos asombra para nada.
El mismo incluye posibles franjas más bajas que al resto de la población. Seguramente un soldado es rico y debe ser gravado.
Estas actitudes políticas no son ajenas a los cambios positivos, registrados en la opinión pública, a favor de las Fuerzas Armadas y ante el continuo deterioro y desgaste de la filosofía del gobierno actual. La progresiva pérdida de credibilidad del discurso oficial, forma parte del fracaso y fin de un ciclo de gobiernos populistas en la región que lentamente se traslada a nuestro país.
Por este errático camino que se quiere recorrer la Institución militar está siendo frontalmente atacada, pues con la pretensión de afectar los retiros de los viejos servidores, se busca desestimular la vocación militar de los más jóvenes y de los activos, con el fin de debilitarlas.
Todo ello, mientras el país asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia: ANCAP, ALUR, PLUNA, CASINOS, FONDES, etc. Ellos alcanzan por lo menos 1.200 millones de dólares, equivalentes a 3 años de aporte a la Caja de retiros, según las cifras que ellos dan sobre los aportes. Podemos agregar a la escena de detrimento de las cuentas públicas la cuadruplicación de gastos del Ministerio del Interior; un gasto enorme sin resultados prácticos, pese al esfuerzo del personal policial que esta regando con su sangre la incapacidad política y judicial para lograr un mínimo de seguridad pública.
El festival de dispendio es incesante. Por ejemplo, se dice que hay que ahorrar pero no se detienen turbias licitaciones para hacer la cartografía nacional, con empresas privadas, en lugar de utilizar la alta calificación del Servicio Geográfico Militar que desde siempre lo hizo.
Se niega al Ejército la realización de obras de construcción de carreteras nacionales, a bajo costo, porque se prefiere entregarlas a empresas de dudosa credibilidad. El Ejército tiene probada idoneidad para cumplir con esas misiones, lo ha hecho en el Sinaí, en el Congo y en varias misiones. Pero se opta por el impuestazo antes que por el ahorro y la disminución racional de gastos innecesarios para equilibrar la economía.
La ciudadanía debe saber que las medidas adoptadas ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones de las FFAA. No afectarán las misiones principales de defensa de la Constitución y las Leyes, tantas veces ignoradas, por estar por “debajo de la política”. Para ello siempre estarán las FFAA aunque no haya presupuesto o retiros. Así ha sido desde la época de la independencia, en toda nuestra historia y guerras internas. Nadie piense que va a poder destruirlas.
Sí, se debe tomar conciencia de que se afectarán las Misiones de Paz, y la importancia que tienen las FFAA en la Política Exterior de nuestro país. Seguramente se afectaran las capacidades de defensa del Mar Territorial y el espacio aéreo, favoreciendo el ingreso de mayor cantidad de drogas con consecuencias sobre el aumento de la inseguridad pública.
También se deteriorará la capacidad para apoyar al Ministerio del Interior en la custodia de las cárceles cada vez más superpobladas.
Se verán afectados los apoyos en las emergencias sociales, climáticas, sanitarias, etc.
La opinión pública debe saber que el Estatuto del Funcionario Público no existe para el Personal Militar.
Este tiene un tratamiento completamente diferente y hace y cumple con actividades que no cumpliría otro funcionario público o privado.
Para entender esto, es necesario que la ciudadanía se ponga en el lugar de cualquier integrante de las FFAA.
•El militar no recibe horas extra, con su sueldo debe pasar días, semanas o meses, cumpliendo con el servicio sin otra remuneración.
•El soldado no tiene salario vacacional como algunas empresas del Estado, tiene licencia anual si el superior se lo permite.
•El Militar no puede trabajar en otra cosa.
•Lo ponen arrestado, si se equivoca y no va a su casa. Tiene que estar disponible siempre, no hay nocturnidad para él.
•Si comete un delito Militar es Sometido a la Justicia Militar.
•Si no va más a su trabajo lo procesan por Desertor.
•La situación de riesgo es constante: tanto en etapa de entrenamiento como en su actuación.
•Debe mantener sus aptitudes, condiciones físicas, entrenamiento y capacidad física.
•Presta servicios 24 horas, los 365 días del año, no las 6 u 8 horas del funcionario público.
•La Constitución de la República, concretamente dice que el Estatuto del funcionario público no es aplicable al Militar.
•No tiene derecho a expresarse libremente, a sindicalizarse, a reunirse, a la libertad de circulación, al descanso semanal obligatorio, a la certeza de inamovilidad, luego de retirados están sujetos a ser movilizados.
Esta última condición en definitiva permite a las FFAA la seguridad de que no es posible su disolución como muchos pretenden.
Considerando todo lo expresado cabe acotar que por estas razones los beneficios sociales de los militares, en todos los países tienen condiciones diferentes al del resto de los ciudadanos y proporcionan beneficios que compensan las obligaciones antes mencionadas.
De pronto las autoridades entienden que se pueden eliminar estos beneficios, pero obligaría a compensarlos como al resto del funcionariado, ya que no son ni esclavos ni ciudadanos de segunda.
Por esa razón los cambios que se traten de promover, para que sean considerados cambios honestos, siempre han de estar sujetos a estas realidades. Probablemente, en el caso de gobiernos que se alejan de la legalidad, en determinados momentos o períodos, se hagan modificaciones, pero tarde o temprano se regresara a las situaciones anteriores debido a la especificidad de la profesión.
Para finalizar informamos que este Centro Militar realizará todas las acciones necesarias para defender a la Institución Militar de estas políticas discriminatorias y estigmatizantes.
LA COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO MILITAR