09-11-2018, 06:10 PM
UNA SANCIÓN QUE NO CORRESPONDE
El Comandante en Jefe del Ejército, Tte Gral Guido Manini Ríos, fue sancionado por el Poder Ejecutivo con 30 días de arresto a rigor, por manifestaciones públicas realizadas en las últimas semanas.
El hecho, como todo lo inherente a las Fuerzas Armadas, dividirá las aguas y generará aplausos en ciertos sectores de la sociedad y condena en otros, sea cual sea la causa de la medida.
Me propuse tratar de ser objetivo y analizar el fondo y la forma del tema. Y concluí que es una sanción que no corresponde.
Manini Ríos, según consigna la prensa, habría formulado expresiones políticas en las últimas semanas, que le están vedadas. Por ejemplo, días atrás criticó la reforma del sistema de retiros castrense y consideró que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no está bien informado respecto a sus efectos. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad",
El artículo 77 de la Constitución establece que los militares en actividad, los directores de entes, los magistrados, entre otros, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.
¿Encuadran esas afirmaciones de Manini Ríos en las prohibiciones del artículo 77?
Yo creo que no. El Comandante en Jefe del Ejército formuló declaraciones inherentes a su actividad castrense. Opinó sobre el impacto que la reforma de la caja militar tendría sobre sus subalternos. Y afirmó que lo que el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro estaba mal informado sobre sin atribuirle “mala fue” y ni siquiera creer “que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado”. Efectuar estos señalamientos es parte de su actividad y responsabilidad.
Quien esto escribe conoce bien el artículo 77 de la Constitución. Fue dos veces sometido al mismo.
En 1993, siendo Director del Banco Central, el gobierno de Luis Alberto Lacalle quiso aplicármelo porque denuncié el nefasto resultado de la venta del Banco Comercial y señalé que el ministro Enrique Braga no había dicho la verdad al señalarle al parlamento que se había entregado a los hermanos Rohm por 30 millones de dólares. Las investigaciones que realicé en mi carácter de director demostraban que el banco había sido entregado saneado, sin las carteras pesadas, el excedente de empleados había sido trasladado al Banco República y, por una serie de intercambio de partidas, el resultado final era que el Estado había terminado pagando 2 millones de dólares a los compradores en lugar de recibir el precio anunciado.
Al final, no fui sancionado, pues varios constitucionalistas entendieron que mis afirmaciones referían pura y exclusivamente el ámbito de mi función y no podían considerarse de carácter político. Y que lo que decía era estrictamente verdad.
La segunda vez fue en 1997 siendo Presidente de Antel, cuando varios dirigentes nacionalistas criticaron la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones, aunque los directores blancos del organismo habían acompañado la realización de la obra. Allí fui más lejos y respondí con verdades y convicción a esas críticas llenas de informaciones erróneas y antojadizas. En esa ocasión, recibí una “amonestación” por parte del Presidente Sanguinetti, evidentemente presionado por sus coaligados nacionalistas.
También en esa oportunidad hubo numerosos constitucionalistas que señalaron que no correspondía la sanción porque no estaba discutiendo sobre política sino por temas inherentes a mi función, y me alentaron a recurrirla, cosa de la cual desistí, obviamente.
Así que tengo claro el alcance de la norma. Y no puede decirse que ahora el Comandante en Jefe del Ejército la haya transgredido. Quizás sí lo haya hecho en su oportunidad cuando afirmó que la sociedad le debía un homenaje a Fernández Huidobro. Pero en ese caso, obviamente, el gobierno miró para otro lado.
Articulo de Ricardo Lombardo
El Comandante en Jefe del Ejército, Tte Gral Guido Manini Ríos, fue sancionado por el Poder Ejecutivo con 30 días de arresto a rigor, por manifestaciones públicas realizadas en las últimas semanas.
El hecho, como todo lo inherente a las Fuerzas Armadas, dividirá las aguas y generará aplausos en ciertos sectores de la sociedad y condena en otros, sea cual sea la causa de la medida.
Me propuse tratar de ser objetivo y analizar el fondo y la forma del tema. Y concluí que es una sanción que no corresponde.
Manini Ríos, según consigna la prensa, habría formulado expresiones políticas en las últimas semanas, que le están vedadas. Por ejemplo, días atrás criticó la reforma del sistema de retiros castrense y consideró que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no está bien informado respecto a sus efectos. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad",
El artículo 77 de la Constitución establece que los militares en actividad, los directores de entes, los magistrados, entre otros, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.
¿Encuadran esas afirmaciones de Manini Ríos en las prohibiciones del artículo 77?
Yo creo que no. El Comandante en Jefe del Ejército formuló declaraciones inherentes a su actividad castrense. Opinó sobre el impacto que la reforma de la caja militar tendría sobre sus subalternos. Y afirmó que lo que el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro estaba mal informado sobre sin atribuirle “mala fue” y ni siquiera creer “que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado”. Efectuar estos señalamientos es parte de su actividad y responsabilidad.
Quien esto escribe conoce bien el artículo 77 de la Constitución. Fue dos veces sometido al mismo.
En 1993, siendo Director del Banco Central, el gobierno de Luis Alberto Lacalle quiso aplicármelo porque denuncié el nefasto resultado de la venta del Banco Comercial y señalé que el ministro Enrique Braga no había dicho la verdad al señalarle al parlamento que se había entregado a los hermanos Rohm por 30 millones de dólares. Las investigaciones que realicé en mi carácter de director demostraban que el banco había sido entregado saneado, sin las carteras pesadas, el excedente de empleados había sido trasladado al Banco República y, por una serie de intercambio de partidas, el resultado final era que el Estado había terminado pagando 2 millones de dólares a los compradores en lugar de recibir el precio anunciado.
Al final, no fui sancionado, pues varios constitucionalistas entendieron que mis afirmaciones referían pura y exclusivamente el ámbito de mi función y no podían considerarse de carácter político. Y que lo que decía era estrictamente verdad.
La segunda vez fue en 1997 siendo Presidente de Antel, cuando varios dirigentes nacionalistas criticaron la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones, aunque los directores blancos del organismo habían acompañado la realización de la obra. Allí fui más lejos y respondí con verdades y convicción a esas críticas llenas de informaciones erróneas y antojadizas. En esa ocasión, recibí una “amonestación” por parte del Presidente Sanguinetti, evidentemente presionado por sus coaligados nacionalistas.
También en esa oportunidad hubo numerosos constitucionalistas que señalaron que no correspondía la sanción porque no estaba discutiendo sobre política sino por temas inherentes a mi función, y me alentaron a recurrirla, cosa de la cual desistí, obviamente.
Así que tengo claro el alcance de la norma. Y no puede decirse que ahora el Comandante en Jefe del Ejército la haya transgredido. Quizás sí lo haya hecho en su oportunidad cuando afirmó que la sociedad le debía un homenaje a Fernández Huidobro. Pero en ese caso, obviamente, el gobierno miró para otro lado.
Articulo de Ricardo Lombardo
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".