COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
(Sesión del día 12 de julio de 2016)
(Ingresa a sala una delegación de un grupo orientado al estudio de temas militares de defensa y seguridad social militar)
——Tenemos el gusto de recibir a una delegación de retirados militares, integrada por los coroneles Mario Frachelle, Rivera Elgue y Sergio Rico, y el capitán de navío Enrique Falco.
SEÑOR FRACHELLE (Mario).- Previamente, traslado las excusas del general Fígoli, que no pudo concurrir por razones familiares impostergables.
Al igual que el coronel Elgue, fui director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, en mi caso durante dos períodos; el capitán de navío Falco es integrante de la Armada Nacional, abogado y profesor en la Udelar, y el coronel Rico es politólogo.
La razón de nuestra visita es explicar a los legisladores ‑ya lo hemos hecho con medios de comunicación escritos, televisivos y radiales‑ por qué entendemos que una serie de afirmaciones que se han hecho públicas son incorrectas. Nosotros queremos aportar nuestra visión, basada en estrictos datos numéricos y de leyes.
En primer lugar, queremos explicarles por qué es erróneo decir que somos una caja militar. Nosotros no somos una caja; esa es la denominación que tienen otros organismos paraestatales. El nuestro es un servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas porque no es independiente financiera ni administrativamente. No puede tomar decisiones como la caja notarial, la caja profesional o la caja bancaria. Nosotros dependemos pura y exclusivamente de los dineros que nos dé el Estado, y nuestros retiros y pensiones son otorgados bajo la firma del señor ministro de Defensa Nacional y del presidente de la República.
Como no tenemos autonomía, entendemos que es incorrecto decir que tenemos déficit. Nosotros tenemos asistencia financiera, pero no tenemos déficit, porque como no podemos hacer inversiones, como no podemos gastar más que lo que tenemos ni podemos tomar decisiones propias, es incorrecto decir que tenemos déficit. El dinero que entra en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es exclusivamente para pagar a sus retirados y pensionistas. Todas esas jubilaciones ‑como se les llama en el medio civil‑ y pensiones son con cargo a Rentas Generales, tal como lo establecen las leyes. Si hubiera alguna ley que dijera que de aquí en adelante los retiros y pensiones militares son con cargo al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y hubiera algún problema de desfinanciamiento, sí seríamos los responsables por un supuesto déficit. Pero todas las leyes por las cuales se otorgan retiros y pensiones son con cargo a Rentas Generales, de acuerdo con lo aprobado por el Parlamento, y después implementado por el Poder Ejecutivo.
Hay una serie de razones por las cuales tenemos un desnivel entre la cantidad de activos y pasivos. La situación ideal en el mundo es que sea de cuatro a uno. En Uruguay, la caja de profesionales universitarios tiene cuatro cotizantes por cada pasivo; sin embargo, como ustedes han visto en la prensa, así y todo tienen algunos inconvenientes.
En el caso nuestro, el hecho de que haya cambiado la relación activo-pasivo es exclusiva y estrictamente por decisiones políticas, que no discutimos, sino que simplemente aceptamos. Los diferentes gobiernos a partir de 1985 entendieron que había que reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Para ello había que reducir el número de activos. Al reducir el número de activos, se reduce el número de cotizantes. Cuando esos cotizantes adquieren derechos jubilatorios, más tarde o más temprano, lo que hacen es jubilarse.
Al comienzo del período democrático, fines de 1984, principios de 1985, había algo más de cuarenta mil hombres; hoy tenemos veintisiete mil, y bajando. Somos los únicos que han visto reducido su presupuesto. Eso ha provocado el desnivel existente hoy.
Los militares son los peor pagados de la Administración central. ¿Qué quiere decir esto? Que si se utiliza el montepío de sueldos magros para financiar el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, no puede haber mucho dinero para aportar. De acuerdo con los salarios que cobran, el 60% del personal subalterno de las Fuerzas Armadas está por debajo de la línea de pobreza. Hay una importante cantidad de oficiales que por los sueldos que cobran no pueden adquirir vivienda propia, ni siquiera a través de un préstamo; lo único que logran es alquilar.
Desde 1985, se han aprobado leyes de incentivo y de reparación con el objetivo político de reducir la cantidad de cotizantes. Las leyes de incentivo se debieron a decisiones políticas, por considerar que había muchos oficiales: les proponían retirarse con determinado grado y con un premio en metálico. De esta forma, siguió bajando la cantidad de cotizantes y aumentando la cantidad de pasivos.
También hubo leyes de reparación. Para aquellas personas que se sintieron perjudicadas durante la pasada dictadura se han aprobado leyes que les ha otorgado hasta el grado de general, sin que esa persona hubiese hecho los aportes correspondientes, y por los perjuicios ocasionados, no solo les otorgó el ingreso correspondiente a un general, sino un 25% adicional sobre el sueldo del general que cobre más. Además, le ha dado veinticinco salarios de premio como bonificación.
A todas esas cosas se suma que mientras nosotros aportamos el 13% de montepío, todas las demás cajas, incluida la policial, aportan el 15%; para nosotros el aporte patronal es del 15% ‑aclaro que el gobierno no hace aportes patronales por todos‑, mientras que para la caja policial es del 19,5%, y para la caja bancaria, del 25%.
Entonces, cuando se dice que tenemos déficit, lo único que pretendemos es que las versiones que se dan se ajusten a la realidad de los hechos. Nosotros no estamos desfinanciados. Simplemente damos cumplimiento a aquellas decisiones políticas por las que se afecta la cantidad de cotizantes, la cantidad de activos, haciendo que sea superior la cantidad de pasivos.
Hay otro elemento importante: hubo un cambio constitucional por el cual, mientras los activos reciben aumentos de sueldo de acuerdo con el índice del precio al consumidor, los pasivos recibimos aumentos por el índice medio de salarios. Si se analiza la evolución histórica de uno y otro, se ve que el IMS siempre está un 5% por encima del IPC. Quiere decir que ante situaciones similares, los activos tienen un aumento que siempre es inferior al que tienen los pasivos.
Esas son las causas verdaderas por las cuales nosotros tenemos asistencia financiera. Reitero que los argumentos que acabo de dar no se nos ocurrieron a nosotros, sino que están basados en la Constitución y la ley, y en los números oficiales; cuando se habla de más de $ 400.000.000, no es correcto, ya que la cifra es bastante menor.
Se nos podrá poner un impuesto, pero no arregla absolutamente nada. Esto simplemente tiene una razón: como hay que solucionar un déficit ‑que no es nuestro‑, se buscó a quién sacar determinada cantidad de dinero para reducir nuestro déficit. Nos preocupa ‑y por ello estamos en contacto con otras personas‑ que, de la misma forma que hoy nos tocan a nosotros, se siga tocando cuando el dinero no alcance; ¿quién lo garantiza?
SEÑOR ELGUE (Rivera).- Los aportes al sistema están basados en aportes patronales y montepíos del personal activo. Hoy tenemos una relación de un activo por cada dos pasivos: hay aproximadamente 35.000 retirados y 15.000 pensionistas. Eso corresponde a unas Fuerzas Armadas de los años ochenta, no a los actuales 27.000 activos en las tres fuerzas. La cantidad de pasivos que tenemos responde a la evolución natural.
El promedio de los retiros asciende a $ 24.000, y el de las pensiones, a $ 16.000. El 74% del total de pasivos cobra menos de $ 30.000. Hay unos once mil pasivos que son mayores de setenta años. Señalo esto porque la natural evolución de la expectativa de vida va a determinar la reducción de los pasivos; podemos decir que hoy estamos en la cresta de la ola en lo que refiere a la relación entre activos y pasivos: es la peor que tenemos, siempre y cuando no se produzca una reducción de los activos. Según la Ley de Presupuesto vigente, está pendiente una reducción de mil quinientas vacantes en las Fuerzas Armadas para volcar el monto resultante a un aumento salarial. De producirse esa reducción, además de afectar la fuerza, como lo plantearon el ministro de Defensa y los comandantes en su momento, también afectará directamente el financiamiento del servicio de retiros. Esa parte, que generalmente no es considerada cuando se habla de reducción de efectivos debe ser considerada porque afecta a mediano y largo plazo la forma de financiamiento del sistema. En esta rendición de cuentas también hay una reducción de vacantes que también va a afectar el financiamiento del sistema.
El servicio de retiros no tiene autonomía financiera ni autonomía administrativa, como tienen las cajas. Por eso es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional. Cumple las tareas y tiene las potestades que le asigna la ley como unidad ejecutora. Eso lo diferencia sensiblemente porque no establece las condiciones de retiro ni las condiciones de las prestaciones que da. Eso es determinante para asignar responsabilidades en la asistencia financiera.
La asistencia financiera está prevista en el artículo 67 de la Constitución cuando no están cubiertos los aportes patronales y personales. Además, algunas leyes han establecido retiros y pensiones que fueron con cargo a Rentas Generales. Eso determina que, se modifique o no el sistema previsional, esa cantidad de retiros y pensiones, que hoy son unos catorce mil ‑casi quince mil‑ van a seguir siendo pagadas por Rentas Generales.
La diferencia entre un posible impuesto a la caja bancaria, que se menciona en la rendición de cuentas, y un impuesto al sistema de seguridad social militar es que la caja bancaria buscó una solución basada en un acuerdo de todas las partes: el Estado, los patronos ‑adonde también figuraba el Estado como patrono de la banca pública‑, los activos a través de su gremio, y los jubilados, también integrando el gremio. Las cuatro partes determinaron un acuerdo, y todos colaboraron: hubo un incremento del aporte patronal; aportes patronales extraordinarios; aportes de Rentas Generales, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la ley de creación de la caja bancaria; incremento del montepío de los activos, el pasaje de nueve mil personas de distintas actividades financieras y colaterales ‑como las del transporte de valores‑ a la caja bancaria, y un impuesto a los pasivos. Esa fue una solución basada en un acuerdo de cuatro partes, con un objetivo: buscar la concreción de reservas a largo plazo.
Eso se diferencia rotundamente con este impuesto que se menciona. Aquí no se busca una solución a largo plazo para la asistencia financiera del sistema de seguridad social militar. Se busca un impuesto para reducir el déficit fiscal del gobierno, y así está expresado en la rendición de cuentas.
Por lo tanto, esa comparación con la situación de la caja bancaria hace una diferencia importante.
SEÑOR FRANCHELLE (Mario).- En el repartido que hicimos hay algunos ejemplos. Diferentes personas han salido a la prensa a preguntar: ¿por qué no somos todos iguales?, ¿por qué ellos son diferentes?, ¿por qué todos no tenemos las mismas jubilaciones?, ¿por qué todos no tenemos las mismas pensiones? Nosotros les decimos que lo primero que tienen que mirar es el artículo 59 de la Constitución de la República, donde dice claramente que el Estatuto del Funcionario Público no es aplicable a los militares. La Constitución nos está diciendo: "Ustedes son algo diferente". Y, en realidad, las diferencias las tenemos en menos, no en más.
Se dice: "Ustedes tienen sueldos muy buenos", "Tienen beneficios". En el informe señalamos lo que cobra el comandante en jefe del Ejército, el director del Hospital Militar ‑hospital por el que pasan 180.000 usuarios‑, el jefe de una unidad que tiene trescientos hombres, un teniente, un alférez que sea piloto. El chofer de un camión ‑de esos grandes, con los que ayudamos a Dolores o transportamos cosas que el gobierno dispone‑ está ganando $ 14.000 por mes.
También planteamos algunas de las cosas a las que la gran mayoría de la gente ‑por no decir toda‑ tiene derecho, pero que ninguno de nosotros ‑sea general o soldado‑ tiene derecho porque así lo establecen las reglas o la propia Constitución. Por ejemplo, no importa las horas que trabaje el militar ‑recuerdo cuando ha trabajado en oportunidad de las inundaciones, para levantar la basura, o para atender diferentes tipos de obligaciones‑ no cobra horas extra. Puede trabajar ocho, doce, veinticuatro o treinta y seis horas, y no va a cobrar extra.
A ningún militar se le paga por nocturnidad.
A ningún militar se le paga salario vacacional.
Hay algo muy importante, que cuando he tenido ocasión de expresarlo lo he dicho, porque de esto sé mucho porque tengo ejemplos familiares: nosotros no tenemos derecho a la licencia anual. De acuerdo con nuestras reglamentaciones, la licencia anual es un privilegio que solamente es otorgado cuando las necesidades del servicio no son superiores. Si alguien por alguna razón nos necesita ‑porque tenemos que ir a Dolores, porque tenemos que atender inundaciones, porque hay que levantar la basura o lo que fuere‑, no tenemos derecho al uso de licencia. Por tanto, no es que si la suspenden en un momento la van a otorgar en otro o se puede acumular para el año siguiente. Como no es un derecho, sino un privilegio, no puede acumularla.
Nosotros no cobramos prima por presentismo. Solemos decir que el sueldo que nos pagan es para que trabajemos. No discutimos que por ir a trabajar se pague una prima por presentismo, y no la reclamamos.
No tenemos derecho a múltiples trabajos. Las leyes militares establecen que la dedicación del militar es exclusiva a su profesión.
No tenemos libertad ambulatoria. Pregunten a cualquier funcionario público o privado si cuando quiere salir de licencia y se la dan tiene que pedir autorización e informar adónde va a ir, ante lo cual le van a comunicar si está o no autorizado. Si el militar quiere ir al exterior, tiene que pedir autorización e informar adónde va a ir; de lo contrario, no se la dan.
Por supuesto que no tenemos actividad política más allá del voto. No tenemos libertad de expresión. Los retirados sí podemos hacerlo, pero no todos, porque la ley establece que aquellos militares que no completan cuatro años luego del cambio en su situación jurídica, siguen sujetos a las reglas. Recién dejamos de estar sujetos a ciertas reglas ‑a otras lo estamos de por vida‑ hasta no completar cuatro años después del pase a situación de retiro.
Y tampoco podemos sindicalizarnos.
Señalo todo esto para explicarles, y solicitarles que miren las leyes, la Constitución y las reglamentaciones, para que vean que nosotros no tenemos nada de esto; no somos privilegiados. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, siempre apegados a los gobiernos, que son los que nos dicen qué tenemos que hacer.
SEÑOR FALCO (Enrique).- Vamos a hacer un pequeño análisis jurídico acerca de los proyectos a los que hemos tenido acceso, que refieren a este impuesto a los retiros militares.
En primer lugar, se trata de una doble imposición. Sobre un mismo hecho generador ‑la pasividad‑ al militar se le aplican dos impuestos de la misma naturaleza jurídica: se trata de impuestos dirigidos a cubrir la seguridad social.
Por un lado tenemos el IASS, que pagamos todos los militares ‑salvo los que estén eximidos de hacerlo por las normas vigentes‑, al igual que cualquier otro jubilado. El impuesto a la asistencia a la seguridad social (IASS) tiene por objeto contribuir a los fondos necesarios del Banco de Previsión Social, del cual los militares no recibimos ningún beneficio.
Además de este impuesto, se pretende aplicar a los retirados y pensionistas militares otro de igual naturaleza, que es esta prestación pecuniaria coactiva, con el fin de soportar el mal llamado déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Es un impuesto de la misma naturaleza, que solamente se aplica a los militares por su condición de tales. Como explicaron los coroneles Franchelle y Elgue, se pretende que los militares contribuyamos a abatir este costo del Estado.
En segundo término, este impuesto podría ser confiscatorio. Hemos analizado la situación y los cálculos nos dan que, de aplicarse los dos impuestos ‑el IASS y el impuesto a los retirados militares‑, la alícuota podría oscilar entre el 40% y el 50% del haber de retiro. No conozco a persona física o jurídica que soporte un gravamen de un monto similar. No me quiero extender porque no tengo el valor final, ni hay una definición de qué es confiscatorio y qué no lo es, pero se supone que un 40% o más de quita sobre un haber de retiro, como en este caso, es un porcentaje alto. Por eso entendemos que, de darse, sería confiscatorio. Además, viola el derecho de igualdad previsto en el artículo 8º de la Constitución de la República. Somos los únicos a los que se les aplicarían dos impuestos de la misma naturaleza.
Asimismo, se violan derechos adquiridos porque, como dijo el coronel Frachelle, los que se retiran lo hacen en virtud de leyes que están en vigencia. Observen esta particularidad: quien nos sirve nuestro haber de retiro es quien retiene el impuesto; es la misma persona. Es lo mismo que reducirnos directamente el haber de retiro. Lo podemos llamar como queramos, pero si le pagaba cien, ahora le pagaré ochenta, porque hay confusión entre quien me lo da y quien me lo retiene. Creo que esto no resiste un mayor análisis.
Hemos escuchado que el retiro militar es un retiro privilegiado. Nosotros pensamos que no lo es. Además, para considerar si una situación es o no privilegiada tenemos que comparar entre iguales; no podemos considerar desiguales. Si lo llegáramos a hacer, violando toda lógica, deberíamos considerarlo in totum y no solamente en un aspecto.
¿Por qué somos militares? Porque tenemos estado militar. ¿Por qué tenemos estado militar? Porque tenemos, como decía el coronel Frachelle, un estatuto diferente, dispuesto por la Constitución. Hay un conjunto de leyes y reglamentos que regulan específicamente a los militares retirados. De ese estatuto se desprenden nuestros derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones están las que citó el coronel Frachelle. No voy a exponer qué supone en los hechos que no cobremos horas extra, que no tengamos indemnización por despido, que no tengamos descanso semanal ni licencia no gozada. Tenemos esas obligaciones que aceptamos voluntariamente; nadie nos obligó a ser militares: al ingresar sabíamos cuáles eran las reglas de juego que nos regían.
Quiero resaltar dos o tres elementos, con respecto a las obligaciones, que nos distinguen claramente del resto. Estamos sujetos a un poder disciplinario absolutamente exigente, muy diferente al del resto, que supone, en el 95% de los casos, la pérdida de libertad. Como pena a una sanción disciplinaria, a una falta, tenemos lo que llamamos el arresto. Eso es lo normal: se pierde libertad. Esto no lo tiene ningún funcionario que yo conozca, ni siquiera los primarios que cometen delitos excarcelables; en ese caso, la mayoría de las veces no tienen pérdida de libertad. Nosotros, por llegar cinco minutos tarde somos sancionados con pérdida de libertad. Y si llegamos a faltar 144 horas, cometemos un delito, el de deserción, porque también estamos sujetos a la jurisdicción militar. En un juicio laboral discutiríamos si a esa persona la podemos despedir o no. El militar pasa a la justicia militar por deserción.
Entonces, tenemos una justicia penal especializada que nos regula, un poder disciplinario distinto, mucho más exigente que cualquier otro, y los tribunales de honor. Cuando un militar comete un delito ordinario, es juzgado por la justicia penal ordinaria, por la justicia penal militar y por el tribunal de honor, que juzga por convicción. Seguimos hasta nuestra muerte sometidos a la jurisdicción del tribunal de honor, porque el militar retirado sigue sometido a ella.
El retiro es un derecho que tiene el militar. Si comparamos los retiros ‑no deberíamos hacerlo porque las comparaciones se hacen entre iguales‑, es cierto que hay militares que tienen un privilegio en el retiro: los años bonificados. A un piloto, por cada año de vuelo, se le computan dos años para el haber de retiro; a un buzo, por cada dos años, se le computan tres; a un médico, a una nurse o a un enfermero, por cada tres años, se le computan cuatro. Ellos son bonificados, tienen ese privilegio: la ley mira en forma diferente a esas personas porque entiende que su trabajo es arriesgado.
No podemos comparar los privilegios de los militares con los de los civiles, porque se regulan por cajas diferentes. Pero si llegáramos a hacerlo, deberíamos comparar un todo, integralmente: comparemos los derechos y las obligaciones que tienen los militares con los derechos y las obligaciones que tienen los demás. Quizás habría que pagar horas extra, indemnización por despido, salario vacacional o licencia. Imaginen lo que hubiese costado al Estado pagar las horas de trabajo del personal del buque que hace la batimetría para la plataforma continental, que fue extendida a 350 millas, un tamaño mayor al Uruguay terrestre. Hablo de años de trabajo de todo el personal trabajando día y noche, sin licencia, sin salario vacacional, sin horas extra, sin nada. Entonces, para comparar, comparemos el todo, hasta por una razón de justicia.
Finalmente, ¿qué impacto podría causar esto en el personal de las Fuerzas Armadas? Tanto el personal superior como el personal subalterno ingresan por distintas razones a la carrera militar. El personal superior generalmente lo hace por vocación; el personal subalterno a veces lo hace por vocación y otras, porque no tiene otro trabajo. Las Fuerzas Armadas han aumentado su número de efectivos, dentro de las posibilidades de vacantes, cuando hay menos trabajo afuera. Cuanto más trabajo hay en la construcción, por ejemplo, menos personal ingresa o más personal se va de la fuerza. En general ha sido así.
Debemos tener en cuenta lo que cuesta la especialización, lo que cuesta un alumno en cualquiera de las escuelas militares, lo que cuesta formar un piloto, un marino, con cursos en explosivos, cursos en buceo, cursos en aviación. Si hay una nueva aeronave, deben calificar para ella, por lo que tienen que hacer los cursos. Eso es carísimo.
En la carrera todos cobran poco, aunque los oficiales cobran un poco más que el personal subalterno. El comandante del buque que hace la batimetría debe cobrar en el entorno de los $ 50.000. Un mecánico de aviación cobra unos $ 16.000, $ 17.000 o $ 18.000. Entonces ¿por qué se quedan? Porque les gusta, porque pueden formarse, porque se siguen formando. Los que se quedan más tiempo ‑por eso han salido muchas leyes para retener al personal‑ es porque en su horizonte ven que cuando se retiren tendrán un buen haber de retiro. Es la realidad, es parte de la carrera.
Suponemos ‑casi con certeza, porque ya ha ocurrido‑ que si se castiga el haber de retiro militar, la gente se va a ir. De hecho, ya se está yendo, con la consiguiente pérdida para el Estado de esas especializaciones que son difíciles de recobrar. Es difícil formar a un mecánico naval; no es imposible, pero supone años. Es difícil formar a un piloto. Por más que seamos unas Fuerzas Armadas pequeñas, por más que tengamos pocos helicópteros, pocos aviones y pocos tanques, hay que formar a la gente. Creo que el mismo helicóptero que lleva al presidente de la República es el que hace la asistencia sanitaria. Es muy probable que eso se pierda.
Otro aspecto importante, que no hemos comentado, es el de la sanidad militar. El Hospital Militar atiende a aproximadamente 180.000 personas. Los médicos, las enfermeras y las nurses trabajan todos en otros lados, salvo los que recién se han formado. El especialista en urología que me atiende en el Hospital Militar es el mismo que atiende en la Asociación Española. Así ha sido tradicionalmente. El jefe de hematología del Hospital Militar, que recién se retiró, es el jefe de hematología de la Asociación Española. ¿Por qué se quedan? Ellos también reciben sueldos magros, pero tienen una práctica importante y en el horizonte la posibilidad de retirarse y tener una base, un piso. Luego pueden seguir trabajando. Nosotros estamos convencidos de que si se aprueba una norma de este tipo, se van a ir. Y no me estoy refiriendo solo a médicos importantes; también se van a ir nurses y enfermeros y se verá afectada una asistencia sanitaria importantísima en el país, porque el Hospital funciona bastante bien y atiende a 180.000 personas.
SEÑOR RICO (Sergio).- Quiero dejar una reflexión sobre la política de Estado en cuanto a la defensa nacional, que es la diferencia más grande que tenemos todos los funcionarios de la Caja Militar con los funcionarios del BPS.
Nosotros somos la única función que el Estado tiene como bien público; el Estado comparte todas las demás funciones con el mercado privado, ya sea la educación, la salud y hasta la seguridad. Si a una persona no le gusta la seguridad que tiene, contrata una seguridad privada; si a una persona no le gusta la educación que le da el Estado, contrata educación privada. Sin embargo, el Estado está obligado a brindar defensa nacional a todos los ciudadanos y estos tienen que aceptarla, les guste o no.
Por eso el Estado no tiene que tomar el déficit del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas como un déficit de caja, de contadores. El Estado debe establecer qué Fuerzas Armadas quiere. Este es un debe, porque en 2006 se empezó a discutir la ley marco de defensa y en 2010 se aprobó ‑más adelante se aprobó la política de defensa nacional‑, estableciendo que todos los años los legisladores deben decir qué Fuerzas Armadas quieren. Al establecer cuántos efectivos quieren, ya tienen que pensar en la seguridad social de esos militares. En todo el mundo esto se ve como un gasto en defensa, aunque se planille en columnas separadas. Hay organismos internacionales que miran cuánto gasta cada país en defensa. Se puede establecer, por ejemplo, tenerlo por debajo del 1% y que lo demás vaya para seguridad social.
La reflexión es que algún día el Estado debe tomar en serio la defensa nacional y decir qué Fuerzas Armadas quiere y, de acuerdo con el monto que gastará en las Fuerzas Armadas, prever el que gastará en la seguridad social militar años después, y no solo cuando hay déficit de la caja. Cuando hay déficit ‑existen déficits normales y déficits exagerados‑, el Estado busca de dónde recolectar dinero. Hay que tener muy presente la defensa nacional, y la defensa militar dentro de aquella, para que una vez que se decidan esos temas tan importantes, queden plasmados.
SEÑOR ELGUE (Rivera).- El retiro voluntario es una decisión del integrante de las Fuerzas Armadas que, a partir de los veinte años de trabajo, ya tiene ese derecho. Sin embargo, cuando pasa a situación de retiro, continúa aportando montepío hasta completar los treinta y seis años de aporte personal. Esta es una diferencia con el resto de los sistemas, y no es algo menor. Como se dice que los militares se van con veinte años de trabajo, quiero aclarar que no hay nadie que se vaya con veinte años de servicio con el 100% de sus haberes, sino que continúan pagando el 13% de montepío.
Además, a partir del año 1992, en que fue modificada la tasa de reemplazo, se van con las veinteavas partes que corresponden a los años de servicio: el 80% entre veinte y veinticinco años, el 90% entre veinticinco y treinta años, y recién a partir de los treinta años de servicio tienen derecho al 100% de sus haberes. Pero, pese a tener derecho al 100% de sus haberes, continúan pagando montepío hasta completar los treinta y seis años de aportes.
Aquellos que superen los treinta y seis años de servicio en actividad, continúan aportando. Ese dinero, cuando se retiran, no se les retorna. Por ejemplo, si el comandante en jefe completa cuarenta y cinco años de servicio, aporta nueve años adicionales, que no tienen retorno cuando pasa a situación de retiro. Son aportes al sistema; no tienen devolución. Es el único sistema que tiene la particularidad de que los pasivos continúan pagando montepío.
La legislación sobre tiempos bonificados abarca a todas las profesiones. El personal de la salud en general bonifica cuatro por tres. Otras profesiones lo tienen establecido por ley o por decreto del Poder Ejecutivo. Es importante aclarar que no hay ningún tiempo bonificado que haya sido establecido por una orden del comando de ninguna fuerza. Si un efectivo estuvo un año en una misión de paz, se le computa un año, pero a partir de los veinte años de servicio simples; la misión de paz no sirve para acumular antes de los veinte años.
Por otra parte, el tiempo bonificado en la actividad civil, no solo cuenta para los años de servicio, sino también para computar la edad. Eso está establecido en la Ley Nº 16.713, de seguridad social. Por lo tanto, hay maestros y personal docente que computan años de servicio bonificados, tanto para el tiempo de servicio como para la edad. Nosotros solo lo contamos para el tiempo de servicio, no para la edad.
Se dice que los militares se retiran muy jóvenes. En el año 2013 se votó la reducción de la permanencia en el grado de los oficiales generales. Los generales no tenían edad de retiro, pero debían permanecer ocho años en la jerarquía. Cuando cumplían ocho años en la jerarquía, pasaban a retiro. En el año 2013 se determinó que fueran seis años. Entonces, se hizo una reducción de la edad, no un incremento. Los militares hoy se retiran más jóvenes. Aproximadamente el 50% de los retiros son obligatorios, por edad. O sea que ese personal alcanzó el máximo establecido por ley para desarrollar el cargo que tienen acorde a su edad. Esa es una visión psicofísica, que se determinó en base a estándares internacionales. Para que tengan una idea, en Naciones Unidas no aceptan militares mayores de cincuenta y cinco años en las misiones de paz. Entonces, no es un estándar antojadizo o arbitrario, sino un estándar internacional.
Lo que buscamos con el retiro obligatorio es la permanencia y eso genera dos situaciones: una menor cantidad de retiros voluntarios y un menor gasto del Estado en formar especialistas. Pero hoy las condiciones laborales no son las mejores, por las restricciones que tienen. El salario tampoco es el mejor; de hecho, es el peor de la Administración pública. Entonces, el único horizonte que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas es un mejor retiro.
Un impuesto sobre ese retiro generaría, además, un impacto importante sobre compromisos contraídos por los retirados, porque nunca pensaron que les irían a aplicar un impuesto a sus retiros; ellos pueden haber contraído compromisos en base a los ingresos que percibían, por lo que se verían seriamente afectados en caso de ser gravados con un nuevo impuesto.
SEÑOR FRACHELLE (Mario).- Como ya señalé, en el informe encontrarán respuestas a una serie de preguntas que hemos ido recibiendo en las diferentes entrevistas que hemos tenido.
Asimismo, encontrarán información a la que no se accede comúnmente. Otras cajas perciben el importe de timbres y otros beneficios; sin embargo, las tasas que se cobran por una serie de actividades que desempeñan los militares van todas para Rentas Generales, de acuerdo a disposiciones de diferentes gobiernos.
Reiteramos que cuando se dice que somos diferentes, hay que tener en cuenta también que no tenemos derecho a una cantidad de cosas, el Estatuto del Funcionario Público no nos es aplicable y cobramos una serie de tasas que no se destinan al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, sino a Rentas Generales.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su presencia y la información proporcionada.
SEÑOR FRACHELLE (Mario).- Agradecemos a la Comisión esta oportunidad.
(Se retira de sala la delegación de un grupo orientado al estudio de temas militares de defensa y seguridad social militar)
(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)
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