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Militares retirados se expresan
#11
Minas, 30 de julio de 2017
Sr. Director de la Revista Semanal “Búsqueda”:
Por la presente solicito a Usted la publicación de la siguiente carta, en respuesta a la carta del Sr. Guillermo Vázquez Franco publicada el pasado 27 de julio en la Sección Cartas de los lectores de su prestigiosa Revista. 
Agradeciendo desde ya su amable atención, lo saluda atentamente, con las seguridades de su mayor consideración
Cnel.® Ricardo Milans
C.I.: 1393403-2


Las Fuerzas Armadas
Es sorprendente el veneno que destila el Profesor Vázquez Franco en su carta titulada “las Fuerzas Armadas”, publicada en el último número de Búsqueda. Empleando información falsa sobre compensaciones y beneficios a militares totalmente inexistentes, agrede a una Institución que, le guste o no al Sr. Profesor, fue protagonista principal de nuestra historia, en las buenas y en las malas. A decir verdad, no se podía esperar otra cosa de quien dedicó su vida a denostar al General Artigas. Fracasado en su intento de acusar al Prócer de todos nuestros males, ahora la emprende contra la Institución que nació junto a él, en un esfuerzo digno de mejor causa.


Es comprensible que a alguien que se define a sí mismo como anarquista, el Ejército Nacional en tanto y cuanto significa la garantía del cumplimiento del marco normativo que rige a la República, le cause repulsión o, para usar sus palabras, le genere miedo, ya que tal vez pueda atreverse en el futuro a evitar la disolución del país, por la que el Sr. Profesor luchó durante su larga vida. Demuestra coherencia, ya que siempre sostuvo en sus clases que nunca debimos ser independientes…


Minimiza y ningunea la actividad militar en un claro desconocimiento de las múltiples actividades que llevan a cabo nuestros uniformados. Para cada una de las tareas que realizan, tiene una organización civil que puede cumplirla, como si en este país fuera posible contar a toda hora con los medios suficientes y preparados para enfrentar cualquier tipo de emergencia o acciones terroristas, por citar solo algunas de las amenazas a las que estamos sometidos. No menciona a quiénes mandará a las misiones de paz, que tan bien parado han dejado a nuestro país y tanto rédito le han dado a nuestros gobiernos, pero es evidente que el Sr. Profesor es totalmente contrario a esas actividades al servicio del imperio (en este punto ya no es tan coherente, como veremos)...


Con el criterio de que no vamos a poder pelear contra nuestros vecinos ni contra las grandes potencias (nuestra historia debió enseñarle otra cosa), no vacila en sugerir la desaparición de las Fuerzas Armadas (“un enorme y costosísimo aparato”). Demuestra así, una vez más, su profundo espíritu cipayo, al proponer que quedemos inermes no ya ante poderosos ejércitos, sino ante cualquier organización u ONG interna o externa que pretenda ignorar nuestro ordenamiento jurídico y que, ante la indefensión total del Estado, se atreva a cruzar líneas que hoy deben respetar, para apropiarse de todo o parte del poder real.

Tal vez eso es lo que busca el Sr. Profesor, defensor (¿o instrumento?) de gente como la senadora Constanza Moreira y su banda, generosamente financiados por organizaciones del primer mundo como la Open Society de George Soros, entre otras, tal cual ha sido reconocido públicamente por dirigentes de ese sector, con el objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas.
Es triste llegar a la senectud en un estado tal de incoherencia. Toda la vida despotricando contra el imperio del norte, y terminar sirviéndolo sumisamente, cumpliendo a rajatablas el libreto por él elaborado…


Por suerte son muy pocos los que tienen su visión, aunque tengan los apoyos externos y los recursos suficientes para aturdirnos hasta el hartazgo con sus eternas demostraciones de odio y resentimiento.
No es eso lo que hoy necesita nuestro país.
Cnel.® Ricardo Milans
C.I.: 1393403-2
 
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#12
COMUNICADO DEL CENTRO MILITAR
DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY, POR DECRETO
Ante el hecho que tomó estado público sobre el ingreso irregular de municiones, el Centro Militar quiere dejar constancia e informar que el Gobierno Nacional, por medio de un decreto, ha resuelto violar la ley vigente y las convenciones internacionales firmadas por el país.

En efecto, el pasado lunes 23 de octubre el Ministro de Defensa Nacional concurrió a una comisión del Senado, convocado por el Senador Javier García, donde reconoció que se ingresaron de contrabando 750.000 balas de punta hueca, denominadas “dum dum”, para ser empleadas por la Policía. Cuando el Ministerio del Interior pidió autorización para la importación de esas balas, el Ejército Nacional se la negó, basándose en la normativa vigente y en los compromisos internacionales asumidos por el país. Ello no fue obstáculo para ese Ministerio que igual introdujo las municiones sin autorización. Varios meses después, para supuestamente “legalizar” la situación, el Presidente Vázquez firmó un decreto autorizando esa importación.

Ahora, no sin sorpresa, vemos que un simple decreto presidencial alcanza para ignorar la legislación internacional y su peso jerárquico en nuestro orden jurídico, como si lo dicho y consagrado antes por el propio Gobierno no tuviera ningún valor y pudiera ser fácilmente olvidado o despreciado sin agravio para la verdad y sin menoscabo de la seriedad y coherencia que se supone y espera en los actos del Estado.
A partir de ahora deberíamos decir dentro de la Ley todo, fuera de la Ley, por Decreto.

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO MILITAR

COMUNICADO N° 396 1°/NOV./2017
“Dulce et decorum est pro patria mori”
 
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#13
Centro Militar: la decisión de la SCJ sobre delito de lesa humanidad “refleja una restauración del espíritu”
La organización militar criticó además la postura del fiscal de corte Jorge Díaz: “Se alineó en la dirección contraria”.
 [Imagen: 627894.jpg]

Hace algunas semanas informábamos sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que consideró que los delitos de lesa humanidad no pueden ser imprescriptibles, y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 para un caso de torturas en Tacuarembó.
La decisión del máximo órgano del Poder Judicial fue aprobada por mayoría y sostiene que como el caso ocurrió cuando no existían los delitos de lesa humanidad ni su imprescriptibilidad, el caso no puede tratarse por esas leyes, por el principio de no retroactividad de la ley.

La resolución alude al pacto de San José de Costa Rica y a la seguridad jurídica que implica que los actos sean juzgados solo en función de las leyes que existían en el momento de cometido el hecho, dado que, de lo contrario, todo acto es susceptible de transformarse en delito por leyes futuras.
Desde el Frente Amplio y las organizaciones civiles se criticó esta postura. Por ejemplo, el dirigente de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta dijo a Montevideo Portal que la decisión era un "importante retroceso que va en contra con los lineamientos del derecho internacional".

El dirigente de la Vertiente Artiguista resaltó que los dos jueces que votaron en contra entienden que "las normas internacionales los delitos de lesa humanidad no prescriben" y subrayó que "desde el punto de vista práctico representa que va a ser imposible juzgar a quienes están siendo investigados en 200 o 300 causas".

En un comunicado divulgado este jueves, el Centro Militar saludó la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y criticó la postura tomada por el fiscal de corte Jorge Díaz, quien fue uno de los que puso en duda la decisión de la SCJ.
"Esta decisión refleja una restauración del espíritu y de la letra de leyes que la República se dio en pleno ejercicio de su soberanía", sostienen, y agregan que, a la vez, se "consagra una reparación de las fisuras creadas en el Estado de Derecho por parte de quienes creen (que) las normas deben ser funcionales a un determinado discurso político, para ser utilizadas en campañas de ocasión, serviles a sectores o partidos que consideran que las instituciones son menos relevantes que sus proyectos estratégicos".

El Centro Militar cuestionó a Jorge Díaz, quien en declaraciones a la diaria había manifestado su contrariedad con el fallo. "Hay obligaciones que son generales para todos los casos de derechos humanos, así lo dice expresamente la Corte. Concretamente, dice que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado no son aplicables las normas de prescripción y de caducidad, de cosa juzgada ni de ningún otro tipo, que impidan la persecución penal.

Por tanto, esta es la posición de la Fiscalía y es la posición que Uruguay como Estado -porque el Estado no es sólo el Poder Ejecutivo, es todo el Estado uruguayo- está obligado a cumplir, y yo entiendo modestamente que no se está cumpliendo, en tanto la SCJ entiende que hay delitos que están prescriptos", comentó.

En el comunicado, el Centro Militar cuestiona a Díaz y sostiene que "en vez de celebrar que la norma constitucional recuperó su imperio y los principales de derecho, luego de tantos desvíos y subalternas manipulaciones, prefirió alinearse en la dirección contraria y convertirse en uno más de los que sufren por este impecable fallo que lleva a su cauce la normalidad de los procedimientos judiciales", dicen.

"Nos preocupa que el Dr. Jorge Díaz, pueda rechazar una afirmación tan clara en favor de la Constitucional y de aquellas leyes y sentencias destinadas a sellar la paz y el trato igualitario ante la Justicia de todos los orientales", sentencian. 
Montevideo Portal

Big Grin Big Grin Big Grin
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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