12-09-2015, 09:10 PM
Senador Javier Garcia
SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: como lo ha hecho en los últimos años en materia del inciso correspondiente al Ministerio del Interior, el Partido Nacional va a acompañar las normas que se proponen con excepción, obviamente, de aquellas con las que discrepamos por razones que plantearemos.
Un dato que no es menor es que en el caso del Ministerio del Interior no estamos frente al primer presupuesto del equipo que lo dirige, sino al segundo pedido por las mismas autoridades, esto es, el ministro Bonomi y el subsecretario Vázquez. Ellos no asumieron el 1.º de marzo de 2015, sino el 1.º de marzo de 2010 y, por lo tanto, ya tuvieron la oportunidad de pedir en dos proyectos de Presupuesto, en lo que refiere a su inciso, con las rendiciones de cuentas correspondientes. Hago esta aclaración para unirlo a lo que decía en cuanto a que es irrelevante discutir, en algunas circunstancias, la cantidad de efectivos por habitante. Si en este inciso algún integrante del Senado quisiera saber cuántos policías por habitante tenemos, debería informarle con una cifra que el senador Lacalle Pou ha difundido reiteradas veces: Uruguay tiene más policías por habitante que Colombia y que México, por ejemplo, que ¡vaya si tienen problemas vinculados al narcoterrorismo y el crimen organizado! Reitero: tenemos más policías que Colombia y que México. Y si algún integrante de este Senado quisiera obtener recursos, creo que no se le pasaría por la cabeza eliminar vacantes de policías.
El análisis de este inciso lleva indefectiblemente a evaluar la gestión del ministro Bonomi –que es quien nos pide estos recursos– y del subsecretario. No es la ministra de Industria, Energía y Minería o el ministro de Salud Pública, que asumieron unos meses atrás; ¡se trata del ministro Bonomi que asumió hace seis años!
Los números son incontrastables. ¡La gestión del ministro Bonomi ha fracasado por donde se la mire! ¡Ha sido un absoluto fracaso! El ministro Bonomi asumió en el Ministerio del Interior con 12.459 rapiñas –según cifras oficiales del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior–, sumadas las efectivas más las tentativas. Fue el cierre del año 2009, es decir, 28 días antes de que él asumiera. Y el ministro Bonomi cierra el ejercicio 2014, bajo su gestión, con 20.097 rapiñas. ¡Bajo el mando del ministro Bonomi en Uruguay aumentaron un 60 % las rapiñas! Y esto es con el presupuesto que se le votó, con todas las disposiciones que se aprobaron en 2010 –recursos económicos, disposiciones administrativas y organigramas– y con todo el respaldo político que supone ser ministro de un partido político que tiene mayorías absolutas en las dos cámaras, que le dan la tranquilidad de hacer lo que quiera sin que se ponga en riesgo su continuidad en el ministerio.
En materia de homicidios, seguramente cerremos el 2015 con una cifra récord. El 2014 –para citar la cifra más reciente– cerró con 262 homicidios y, según datos oficiales, el primer semestre de este año cerró con 154 homicidios. Y en el primer semestre de este año –cifra que no di– hubo 10.534 rapiñas. Es decir que si esto progresara –como da la impresión de que va a progresar– vamos a cerrar el año con cifras trágicamente récords.
Hoy mismo, en la página oficial del Ministerio del Interior, se destaca que Uruguay es una isla en materia de homicidios y que pasó de tener 7,7 homicidios cada 100.000 habitantes a estar hoy en 8 cada 100.000, apenas 1,8 por encima de la media. El problema es que nosotros no vivimos en la media mundial; vivimos en Uruguay y aquí la cifra de homicidios es trágica.
El ministro Bonomi ha sido un gran explicador con respecto a este tema. Es el ministro de las explicaciones. Él explica la violencia; dice cuál es la causa, pero es incapaz de enfrentarla. En el caso de los homicidios pasó del rótulo de «ajustes de cuentas» a uno –que nos enseñó cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hace unas semanas– que es: «disputas de delincuentes por territorio». Sean «disputas de territorio» o «ajustes de cuentas», los homicidios aumentan; esa es la realidad. Y en este caso, en la disputa de territorio, la explicación es peor que asumir el fracaso porque la explicación dice que, aun teniendo todos los recursos económicos y materiales, las disposiciones legales y las mayorías políticas, en el Uruguay hay territorios que están exentos de la mano del Estado, que están libres para las bandas mafiosas. Con todos los recursos materiales y económicos y todo el respaldo político, luego de seis años de gestión sigue habiendo –según interpretación del ministro– territorios que están liberados y en donde mandan las mafias criminales. ¡Es mucho más sano asumir el fracaso de la gestión, señor presidente!
En el caso de la seguridad, que es uno de los temas, si no el tema que más nos preocupa a todos los uruguayos –porque nadie en esta sala ni en ningún lugar creo que esté exento de haber sido víctima del delito o de tener familiares, vecinos o amigos que lo han sido–, hay un compromiso electoral del Gobierno. El doctor Tabaré Vázquez candidato –hoy es el doctor Tabaré Vázquez presidente– se comprometió a bajar un 30 % las rapiñas. Uno podrá decir: «Bueno, está bien, pero denle un plazo». Él hablo de un 30 % de las rapiñas y uno, legítimamente, puede pensar que se refería a cuando entregue el mando. ¡Bueno, pero lo que pasa es que el proceso debe empezar algún día! ¡No van a bajar el 30 % las rapiñas del día previo a entregar el mando al siguiente! ¡Algún día tiene que empezar! ¡Debe haber un proceso de reducción de las rapiñas!
La mala noticia es que, al cierre de este casi primer año de gobierno, no solo no han disminuido una décima de punto porcentual, sino que han aumentado las rapiñas. Es decir, al cierre –¡según cifras oficiales, eh!– del primer año de Gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que vamos a cumplir dentro de pocas semanas, no solo no hay visos de que se vaya a empezar a cumplir la promesa electoral –de las pocas que hizo, pero esta fue muy notoria y la hizo con el ministro Bonomi de aquel entonces, y el ministro Bonomi actual, que es el mismo–, sino que aumentaron las rapiñas, no solo en el área metropolitana, sino también en todo el país. ¡Y también aumentaron las rapiñas cuyos protagonistas son adolescentes!
Quiere decir, señor presidente, que a pesar de que los partidos políticos de la oposición votamos la inmensa mayoría de las disposiciones que nos pide el ministro del Interior para enfrentar el delito, ese ministerio ha sido incapaz de enfrentarlo en lo que significa la ecuación indispensable para evaluar una gestión, que son los números de esa gestión. A tanto se ha llegado que en el día de hoy el propio subsecretario del Interior pidió a la oposición que le dijera cómo hay que hacer para enfrentar la seguridad en el deporte. El subsecretario del Interior perfectamente podría recurrir a los programas de gobierno de la oposición y encontrará capítulos enteros, pero la responsabilidad de enfrentar eso la tiene él. Digo «él» concretamente porque, no sé por qué razón, cada vez que viene el Ministerio del Interior a una comisión –en este caso la Especial de Seguridad Pública y Convivencia–, el ministro Bonomi no habla del tema de la seguridad en el deporte; el que se encarga es el subsecretario Vázquez. ¡Y el señor subsecretario Vázquez hoy pide que aportemos ideas! ¡Las ideas están publicadas por todos lados! Lo que pasa es que el que debe aplicar las ideas es él, no la oposición. El que tiene que hacerse cargo del problema es el Poder Ejecutivo, no la oposición, y eso es por mandato de la voluntad popular.
Así, señor presidente, que nosotros –aun a pesar de estar llegando a lo que estamos llegando– vamos a reincidir en otorgarle la mayoría de los instrumentos que pide. Hay algunos que no le vamos a votar. Por ejemplo, no le votaremos cargos de particular confianza en el ministerio –cosa que se reitera en este inciso y en varios más‑; no le votaremos la reforma de la Ley Orgánica Policial –no corresponde que en un proyecto de Presupuesto se incluyan modificaciones a la Ley Orgánica Policial– y tampoco votaremos la compensación para los pilotos de las nuevas unidades aéreas que va adquiriendo la Policía, por la sencilla razón de un criterio de buena política, por lo menos en nuestro humilde criterio. En un país chico como el nuestro, la Fuerza Aérea tiene helicópteros y aviones que prácticamente no vuelan o vuelan muy poco. Hasta la Armada Nacional –el otro día recorríamos con el señor senador Lacalle Pou la Base Aeronaval «capitán Curbelo» en Maldonado– tiene todos los helicópteros parados. Un criterio de buena administración indica decir que si tenemos recursos humanos y materiales ociosos dentro del Estado y la Policía, con buen criterio, quiere tener un patrullaje aéreo, tendría que disponer de ellos en vez de duplicar el gasto. Le va a servir mucho a la Fuerza Aérea, pero mucho más le va a servir al contribuyente y al ciudadano, que tendrá recursos que paga con sus impuestos, que serán efectivos y no descansando en un hangar, sin uso ninguno. Y no se nos podrá decir –como sé que algunos dirán–: «¡No, no, los pilotos de la Fuerza Aérea tienen otra formación que la Policía!». ¡Vamos! ¡No resiste el más mínimo análisis! En las misiones de paz nuestro pilotos de la Fuerza Aérea hacen la tarea que se les pedirá acá. Para pilotear un avión o un helicóptero no se requiere una formación muy diferente en ninguna de las dos dependencias.
Así, señor presidente, con estos criterios que señalamos recién, será la actitud política que tendrá el Partido Nacional.
Gracias.
SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: como lo ha hecho en los últimos años en materia del inciso correspondiente al Ministerio del Interior, el Partido Nacional va a acompañar las normas que se proponen con excepción, obviamente, de aquellas con las que discrepamos por razones que plantearemos.
Un dato que no es menor es que en el caso del Ministerio del Interior no estamos frente al primer presupuesto del equipo que lo dirige, sino al segundo pedido por las mismas autoridades, esto es, el ministro Bonomi y el subsecretario Vázquez. Ellos no asumieron el 1.º de marzo de 2015, sino el 1.º de marzo de 2010 y, por lo tanto, ya tuvieron la oportunidad de pedir en dos proyectos de Presupuesto, en lo que refiere a su inciso, con las rendiciones de cuentas correspondientes. Hago esta aclaración para unirlo a lo que decía en cuanto a que es irrelevante discutir, en algunas circunstancias, la cantidad de efectivos por habitante. Si en este inciso algún integrante del Senado quisiera saber cuántos policías por habitante tenemos, debería informarle con una cifra que el senador Lacalle Pou ha difundido reiteradas veces: Uruguay tiene más policías por habitante que Colombia y que México, por ejemplo, que ¡vaya si tienen problemas vinculados al narcoterrorismo y el crimen organizado! Reitero: tenemos más policías que Colombia y que México. Y si algún integrante de este Senado quisiera obtener recursos, creo que no se le pasaría por la cabeza eliminar vacantes de policías.
El análisis de este inciso lleva indefectiblemente a evaluar la gestión del ministro Bonomi –que es quien nos pide estos recursos– y del subsecretario. No es la ministra de Industria, Energía y Minería o el ministro de Salud Pública, que asumieron unos meses atrás; ¡se trata del ministro Bonomi que asumió hace seis años!
Los números son incontrastables. ¡La gestión del ministro Bonomi ha fracasado por donde se la mire! ¡Ha sido un absoluto fracaso! El ministro Bonomi asumió en el Ministerio del Interior con 12.459 rapiñas –según cifras oficiales del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior–, sumadas las efectivas más las tentativas. Fue el cierre del año 2009, es decir, 28 días antes de que él asumiera. Y el ministro Bonomi cierra el ejercicio 2014, bajo su gestión, con 20.097 rapiñas. ¡Bajo el mando del ministro Bonomi en Uruguay aumentaron un 60 % las rapiñas! Y esto es con el presupuesto que se le votó, con todas las disposiciones que se aprobaron en 2010 –recursos económicos, disposiciones administrativas y organigramas– y con todo el respaldo político que supone ser ministro de un partido político que tiene mayorías absolutas en las dos cámaras, que le dan la tranquilidad de hacer lo que quiera sin que se ponga en riesgo su continuidad en el ministerio.
En materia de homicidios, seguramente cerremos el 2015 con una cifra récord. El 2014 –para citar la cifra más reciente– cerró con 262 homicidios y, según datos oficiales, el primer semestre de este año cerró con 154 homicidios. Y en el primer semestre de este año –cifra que no di– hubo 10.534 rapiñas. Es decir que si esto progresara –como da la impresión de que va a progresar– vamos a cerrar el año con cifras trágicamente récords.
Hoy mismo, en la página oficial del Ministerio del Interior, se destaca que Uruguay es una isla en materia de homicidios y que pasó de tener 7,7 homicidios cada 100.000 habitantes a estar hoy en 8 cada 100.000, apenas 1,8 por encima de la media. El problema es que nosotros no vivimos en la media mundial; vivimos en Uruguay y aquí la cifra de homicidios es trágica.
El ministro Bonomi ha sido un gran explicador con respecto a este tema. Es el ministro de las explicaciones. Él explica la violencia; dice cuál es la causa, pero es incapaz de enfrentarla. En el caso de los homicidios pasó del rótulo de «ajustes de cuentas» a uno –que nos enseñó cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hace unas semanas– que es: «disputas de delincuentes por territorio». Sean «disputas de territorio» o «ajustes de cuentas», los homicidios aumentan; esa es la realidad. Y en este caso, en la disputa de territorio, la explicación es peor que asumir el fracaso porque la explicación dice que, aun teniendo todos los recursos económicos y materiales, las disposiciones legales y las mayorías políticas, en el Uruguay hay territorios que están exentos de la mano del Estado, que están libres para las bandas mafiosas. Con todos los recursos materiales y económicos y todo el respaldo político, luego de seis años de gestión sigue habiendo –según interpretación del ministro– territorios que están liberados y en donde mandan las mafias criminales. ¡Es mucho más sano asumir el fracaso de la gestión, señor presidente!
En el caso de la seguridad, que es uno de los temas, si no el tema que más nos preocupa a todos los uruguayos –porque nadie en esta sala ni en ningún lugar creo que esté exento de haber sido víctima del delito o de tener familiares, vecinos o amigos que lo han sido–, hay un compromiso electoral del Gobierno. El doctor Tabaré Vázquez candidato –hoy es el doctor Tabaré Vázquez presidente– se comprometió a bajar un 30 % las rapiñas. Uno podrá decir: «Bueno, está bien, pero denle un plazo». Él hablo de un 30 % de las rapiñas y uno, legítimamente, puede pensar que se refería a cuando entregue el mando. ¡Bueno, pero lo que pasa es que el proceso debe empezar algún día! ¡No van a bajar el 30 % las rapiñas del día previo a entregar el mando al siguiente! ¡Algún día tiene que empezar! ¡Debe haber un proceso de reducción de las rapiñas!
La mala noticia es que, al cierre de este casi primer año de gobierno, no solo no han disminuido una décima de punto porcentual, sino que han aumentado las rapiñas. Es decir, al cierre –¡según cifras oficiales, eh!– del primer año de Gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que vamos a cumplir dentro de pocas semanas, no solo no hay visos de que se vaya a empezar a cumplir la promesa electoral –de las pocas que hizo, pero esta fue muy notoria y la hizo con el ministro Bonomi de aquel entonces, y el ministro Bonomi actual, que es el mismo–, sino que aumentaron las rapiñas, no solo en el área metropolitana, sino también en todo el país. ¡Y también aumentaron las rapiñas cuyos protagonistas son adolescentes!
Quiere decir, señor presidente, que a pesar de que los partidos políticos de la oposición votamos la inmensa mayoría de las disposiciones que nos pide el ministro del Interior para enfrentar el delito, ese ministerio ha sido incapaz de enfrentarlo en lo que significa la ecuación indispensable para evaluar una gestión, que son los números de esa gestión. A tanto se ha llegado que en el día de hoy el propio subsecretario del Interior pidió a la oposición que le dijera cómo hay que hacer para enfrentar la seguridad en el deporte. El subsecretario del Interior perfectamente podría recurrir a los programas de gobierno de la oposición y encontrará capítulos enteros, pero la responsabilidad de enfrentar eso la tiene él. Digo «él» concretamente porque, no sé por qué razón, cada vez que viene el Ministerio del Interior a una comisión –en este caso la Especial de Seguridad Pública y Convivencia–, el ministro Bonomi no habla del tema de la seguridad en el deporte; el que se encarga es el subsecretario Vázquez. ¡Y el señor subsecretario Vázquez hoy pide que aportemos ideas! ¡Las ideas están publicadas por todos lados! Lo que pasa es que el que debe aplicar las ideas es él, no la oposición. El que tiene que hacerse cargo del problema es el Poder Ejecutivo, no la oposición, y eso es por mandato de la voluntad popular.
Así, señor presidente, que nosotros –aun a pesar de estar llegando a lo que estamos llegando– vamos a reincidir en otorgarle la mayoría de los instrumentos que pide. Hay algunos que no le vamos a votar. Por ejemplo, no le votaremos cargos de particular confianza en el ministerio –cosa que se reitera en este inciso y en varios más‑; no le votaremos la reforma de la Ley Orgánica Policial –no corresponde que en un proyecto de Presupuesto se incluyan modificaciones a la Ley Orgánica Policial– y tampoco votaremos la compensación para los pilotos de las nuevas unidades aéreas que va adquiriendo la Policía, por la sencilla razón de un criterio de buena política, por lo menos en nuestro humilde criterio. En un país chico como el nuestro, la Fuerza Aérea tiene helicópteros y aviones que prácticamente no vuelan o vuelan muy poco. Hasta la Armada Nacional –el otro día recorríamos con el señor senador Lacalle Pou la Base Aeronaval «capitán Curbelo» en Maldonado– tiene todos los helicópteros parados. Un criterio de buena administración indica decir que si tenemos recursos humanos y materiales ociosos dentro del Estado y la Policía, con buen criterio, quiere tener un patrullaje aéreo, tendría que disponer de ellos en vez de duplicar el gasto. Le va a servir mucho a la Fuerza Aérea, pero mucho más le va a servir al contribuyente y al ciudadano, que tendrá recursos que paga con sus impuestos, que serán efectivos y no descansando en un hangar, sin uso ninguno. Y no se nos podrá decir –como sé que algunos dirán–: «¡No, no, los pilotos de la Fuerza Aérea tienen otra formación que la Policía!». ¡Vamos! ¡No resiste el más mínimo análisis! En las misiones de paz nuestro pilotos de la Fuerza Aérea hacen la tarea que se les pedirá acá. Para pilotear un avión o un helicóptero no se requiere una formación muy diferente en ninguna de las dos dependencias.
Así, señor presidente, con estos criterios que señalamos recién, será la actitud política que tendrá el Partido Nacional.
Gracias.
“Dulce et decorum est pro patria mori”