11-01-2019, 09:31 PM
Borrador de acuerdo programatico de la coalicion opositora sobre seguridad publica
6. Una policía respetada, una sociedad pacífica
El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como instrumentos de rehabilitación, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Frente a esta situación escandalosa, nos comprometemos a impulsar medidas como:
• Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República
• Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado
• Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias
• Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio
• Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal
• Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza
• Modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios
• Establecer la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes (artículos 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294)
• Pena perpetua revisable para delitos gravísimos
• Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por niveles de peligrosidad de los internos
• Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socio-educativos
• Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)
• Excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico (arts. 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294), homicidio simple (art. 310 del Código Penal), homicidio agravado (art. 311 del Código Penal), homicidio muy especialmente agravado (art. 312 del Código Penal), 105 lesiones graves (art. 317 del Código Penal), lesiones gravísimas (art. 318 del Código Penal), rapiña (art. 344 del Código Penal), rapiña con privación de libertad (art. 344 bis del Código Penal), y
secuestro (art. 346 del Código Penal)
• Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales
• Profundizar y ampliar la formación policial en todas sus especialidades
• Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género
• Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior
• Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos, extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando equipos de rescatistas para emergencias
6. Una policía respetada, una sociedad pacífica
El aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como instrumentos de rehabilitación, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Frente a esta situación escandalosa, nos comprometemos a impulsar medidas como:
• Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República
• Establecer el combate frontal al narcotráfico mediante una acción permanente sobre “bocas” de expendio, rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles en el Estado
• Recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población. Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias
• Desarrollar una verdadera policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también solucionar problemas de convivencia en sentido amplio
• Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal
• Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza
• Modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos, tanto en el marco de operaciones especiales como de controles rutinarios
• Establecer la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes (artículos 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294)
• Pena perpetua revisable para delitos gravísimos
• Construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por niveles de peligrosidad de los internos
• Impulsar en el sistema carcelario programas de tratamiento de adicciones y enfermedades psiquiátricas, así como programas de formación laboral y socio-educativos
• Conservar los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes autores de delitos gravísimos. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia)
• Excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico (arts. 30 a 35 del Decreto Ley N° 14.294), homicidio simple (art. 310 del Código Penal), homicidio agravado (art. 311 del Código Penal), homicidio muy especialmente agravado (art. 312 del Código Penal), 105 lesiones graves (art. 317 del Código Penal), lesiones gravísimas (art. 318 del Código Penal), rapiña (art. 344 del Código Penal), rapiña con privación de libertad (art. 344 bis del Código Penal), y
secuestro (art. 346 del Código Penal)
• Desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales
• Profundizar y ampliar la formación policial en todas sus especialidades
• Incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género
• Crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior
• Modernizar la Dirección Nacional de Bomberos, extendiendo su presencia en todo el territorio, articulando equipos de rescatistas para emergencias
"Dormía y soñaba que la vida era alegria, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegria."
Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore