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Estado de Derecho
#61
(05-01-2022, 02:58 PM)Terminus escribió: Por supuesto que todo ha prescripto. Pero siguen chicaneando a la ley.

Y el Superior Gobierno...????  Mutis por el Foro.
 
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#62
Sanguinetti: “Se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años”
El expresidente de la República se expresó tras la condena a prisión del militar retirado Juan Rebollo como autor de un triple homicidio en 1974.




Viernes, 29 Julio 2022 10:50
[Imagen: 62b13979d3743.jpeg]

Julio María Sanguinetti. Foto: Estefanía Leal.
Días atrás la Justicia procesó con prisión al militar retirado Juan Rebollo por tres delitos de homicidio cometidos el 21 de abril de 1974, el caso conocido como de "Las muchachas de abril". El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, escribió un extenso descargo sobre esta decisión, donde calificó que "se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento".

"Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática", enfatizó el exmandatario.

En su columna de El Correo de los Viernes, Sanguinetti argumentó por qué le parece un caso de particular preocupación. "No estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas", explicó. "Al general Rebollo lo ascendimos nosotros, en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático. Lo elegimos de la terna propuesta entonces por el Comandante en Jefe del Ejército teniente general Medina, que se apoyó en un grupo de oficiales que resultó fundamental en los difíciles equilibrios que hubo que sortear en aquellos tiempos", detalló.

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Para Sanguinetti, este es "un terreno muy peligroso para la vida democrática". "Se amnistió a los tupamaros o se decretó su libertad mediante un cómputo favorable de los años de prisión. Quedaron 30 crímenes sin resolver, por los que nadie fue preso"; "Tan grave o más que lo jurídico es la doble moral: para unos la amnistía, para los otros la prisión", enfatizó.

Para el expresidente, "nada excusa" la responsabilidad de los militares que dieron el Golpe de Estado, pero en la sentencia a Rebollo encuentra que "se retuercen los textos jurídicos y hasta se hacen apreciaciones políticas totalmente fuera de lugar" y que "ningún fiscal está autorizado a hacer juicios políticos y menos sobre un hecho legal y justificado de un gobierno democrático".


"El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos. En estos temas, ha cambiado una y otra vez de opinión y adolece de episodios como los narrados. Específicamente, están actuando un solo fiscal y dos jueces. Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar", escribió Sanguinetti.

"Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aun peor, de explotación demagógica. La democracia no puede hacerse cómplice de la degradación del derecho y la justicia", sentenció.
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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#63
Tarde pero llega.
 
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#64
(07-30-2022, 02:50 AM)PATRIOT ONE escribió: Tarde pero llega.

Si, pero a veces no sastiface.
 
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#65
La Ley de Caducidad debe recobrar su vigencia
HECHOS 15 de septiembre de 2022 Por Fernando Caride Bianchi
La derogación de la ley de Caducidad, lejos de haber posibilitado el esclarecimiento de hechos ocurridos hace más de 40 años en el país, ha fomentado la “Grieta” en contra de la pretendida conciliación y pacificación nacional. Los pronunciamientos populares a favor del mantenimiento de la ley de Caducidad deben ser respetados devolviéndoles su plena vigencia
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En las últimas horas en las Redes Sociales se ha hecho viral un video en el cual el diputado de la Coalición Republicana e integrante de Cabildo Abierto Carlos Testa en una intervención parlamentaria, se ha manifestado en relación al tema de lo que se dio en llamar la ley interpretativa de la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
El tema es de una gran trascendencia para poder lograr la tan ansiada “vuelta de página” por parte de la sociedad uruguaya, que posibilite mirar hacia el futuro dejando los rencores originados hace ya más de dos generaciones. Para no olvidar lo ocurrido, pero poder recordar en paz a las víctimas de ambos lados, es necesario e imprescindible que la sociedad uruguaya “de vuelta página”.






Ya en octubre de 2021, en el prestigioso Semanario Contexto, habíamos hecho referencia a estos temas que hoy nos permitiremos volver a hacer referencia.
 Es, por lo menos, curioso que habiéndose derogado la ley de Caducidad en el año  2011, en estos últimos dos años, el sistema de Justicia uruguayo (Fiscalía más Poder  Judicial), haya procesado y encarcelado a más militares que en períodos anteriores. 
 Gente con la que he conversado, está convencida que esta “pisada del  acelerador” , en lo que respecta a procesar y encarcelar a militares por presuntos  delitos de lesa humanidad, no tiene otro objetivo que desestabilizar al gobierno. 


 Lo cierto es que, tenga o no tenga base real dicha especulación, al gobierno de la  Coalición Republicana no le hace nada bien estos encarcelamientos. 
 En efecto, el malestar no es solo el que se pueda dar entre la “familia militar”, que  sin duda es una realidad. El malestar trasciende a la esfera castrense para instalarse en  los militantes y votantes de la Coalición Republicana en general. 


 Estos hechos son tomados como una “mojada de oreja” al gobierno de la  Coalición Republicana. Hoy los ciudadanos que votaron a este gobierno ya no  compran más el falso “Relato” elaborado por el Frente Amplio y la Izquierda  uruguaya en general, No solo no lo aceptan sino que lo rechazan. Un “Relato” que  establece que la Dictadura comenzó en 1968 en plena democracia con un gobierno  constitucional electo en elecciones libres. Solo este dato ya está indicando lo  tendencioso de dicho Relato. 
 Hoy la gente cuestiona y condena ese relato falso elaborado por la Izquierda. Ya  no se calla más. Se ha informado y a través del conocimiento, se empieza a  manifestar y contestar la exageración y la mentira. 


 La gran mayoría de los ciudadanos de este país, están hartos de los coletazos de  la dictadura. Quieren realmente dar vuelta la página sobre estos hechos que ya tienen  más de 50 años. Quieren realmente que la sociedad, pasadas ya dos generaciones,  pueda vivir en paz y mirando hacia el futuro.
 Por otra parte, mientras militares ancianos van a la cárcel de Domingo Arena ¿Cuál  es la actitud que observamos respecto del bando terrorista que pretendió tomar el  poder por las armas atentando contra la República y sus instituciones? 


 Lo que vemos es que mientras algunos queremos dar vuelta la página, otros  festejan ostensiblemente orgullosos, la pretendida toma de la ciudad de Pando, en la  cara del Sr. Diego Burgueño, a quien los actos terroristas que festejan le dejaron sin el  recuerdo en su retina de su padre, muerto por los tupamaros en aquella oportunidad. 
 Los que queremos dar vuelta la página, vemos como los que no son capaces de  asumir su responsabilidad en las decenas de muertes ocasionadas por sus actos  terroristas, exigen a los militares información que pueda esclarecer acontecimientos  protagonizados por éstos. 


 Los integrantes del MLN Tupamaros, que asesinaron a compatriotas, tienen claro  que el anonimato es un escudo que los protege de la condena social. A pesar de que  para el caso de que dijeran la verdad, dando respuesta a los familiares de sus  víctimas, , no tendría consecuencias jurídicas puesto que ya fueron amnistiados, aún  así no hablan. 
 Los familiares de las víctimas del MLN -Tupamaros, tampoco saben quienes  fueron los victimarios que terminaron con la vida de sus padres, de sus hermanos, etc.  Acaso también ¿no tiene derecho a saber la verdad? 


 ¿Será que los integrantes del MLN Tupamaros, necesitan una 45 en la mano para  tomar valor y en lugar de entrar en un banco, se pongan a hablar y decir la verdad? 
 Es imperioso que el Gobierno de la Coalición Republicana de señales a la  ciudadanía que él también quiere dar vuelta la página. Esta encrucijada en la que se  encuentra el Gobierno se soluciona con una ley de un solo artículo. Una ley que  derogue la ley 18.831, ley que derogó a la Ley de Caducidad y que fuera declarada  inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. 
 No mencionaré los argumentos jurídicos como el de la irretroactividad de la ley  penal, la fecha de vigencia del tratado de Roma en lo que refiere a la aplicación de los  delitos de lesa humanidad en nuestro país, los que comparto plenamente, por no ser el  objeto de esta columna. 


Además, ¿Qué se ha logrado con la derogación de la llamada ley de Caducidad? Lejos de pacificar a la sociedad uruguaya, tuvo como consecuencia gravísima que el propio Sistema de Justicia, de la mano del fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, atente contra en Ordenamiento Jurídico, violando principios del Derecho imprescindibles para un Estado de Derecho. Entre otras cosas, Perciballe no ha tenido en cuenta en sus dictámenes entre otras cosas: la irretroactividad de la ley penal, en materia probatoria ha elevado los a “indicios” prácticamente a la categoría de “plena prueba”, así como tampoco ha tenido en cuenta la vigencia de tratados internacionales como el de Roma del cual Uruguay es signatario.


No se ha logrado el esclarecimiento de ningún caso. No se ha encontrado a ningún desaparecido. No se ha logrado dar respuestas fehacientes a las víctimas de la Dictadura. Con la derogación de la ley de Caducidad, solamente se ha conseguido encarcelar, porque ni siquiera condenar, a un montón de ancianos fogoneando la famosa “Grieta social” que dicen combatir. 


 Corresponde destacar, por ser un dato no menor, que dicha ley fue sancionada en  el año 2011 y votada en contra por todos los partidos que hoy integran la Coalición  Republicana que en ese entonces contaban con representación parlamentaria. 
 En consecuencia, podemos pensar que la Coalición tendría los votos necesarios  para ponerle el punto final al tema derogando una ley declarada inconstitucional y  que las consecuencias de su vigencia es un verdadero dolor de cabeza para el  Gobierno. 
 Alguien dirá que es posible que algún legislador de la Coalición Republicana no  esté dispuesto a levantar la mano en el parlamento para ayudar a dar vuelta la página. En tal caso igualmente yo exhortaría a la presentación del proyecto de ley  derogatorio, a los efectos de que los ciudadanos votantes de dicha Coalición tomen  conocimiento de quienes son los legisladores que no contribuyen a la pacificación de  nuestra sociedad, dándole nuevamente vigencia a la voluntad del pueblo expresada a  través de dos plebiscitos y que el Frente Amplio la deshonró derogándola. 


 El pueblo Republicano se merece saber, cuales de sus legisladores, ante un cruce  de caminos como el propuesto, prefieren respaldar lo resuelto por el Frente Amplio  en el 2011 al sancionar la ley 18.831,en contra de sus propios Partidos e incluso en  contra de lo resulto por el pueblo uruguayo en tres oportunidades, la primera en 1984 indirectamente a través de la elección de los legisladores que lo representaron a la hora de la sanción de la ley y dos en forma directa a través de consultas populares.   


 Además el pueblo Republicano también tiene derecho a saber qué legisladores  están en contra de lo hecho y defendido por grandes referentes políticos, que no solo  apoyaron la vigencia de la ley de Caducidad, sino que lucharon para que se  mantuviera vigente. Dirigentes de la talla de Wilson Ferreira Aldunate, Luis Alberto  Lacalle Herrera y Gonzalo Aguirre Ramírez dentro del Partido Nacional y Julio  María Sanguinetti y Enrique Tarigo, en el Partido Colorado; lucharon  incansablemente contra quienes se opusieron a la Ley de Caducidad.  Seguramente los militantes y votantes de la Coalición Republicana, en el año 2024  tendrán en cuenta muy especialmente, a los legisladores que les defraudaron en este  importante tema. Resolviendo no votar ninguna lista que los incluya como  candidatos.
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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#66
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#67
¿ El Estado de Derecho? No existe, desde que fue prácticamente borrada del mapa la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado , la ley más firme que ha tenido Uruguay desde 1830 hasta la fecha. Votada por el Parlamento en 1986, ratificada en referéndum en 1989 y vuelta a ratificar en plebiscito de 2009. NINGUNA OTRA LEY URUGUAYA HA TENIDO TANTO APOYO.
 
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#68
(10-20-2022, 02:48 AM)PATRIOT ONE escribió: ¿ El Estado de Derecho? No existe, desde que fue prácticamente borrada del mapa la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado , la ley más firme que ha tenido Uruguay desde 1830 hasta la fecha. Votada por el Parlamento en 1986, ratificada en referéndum en 1989 y vuelta a ratificar en plebiscito de 2009. NINGUNA OTRA LEY URUGUAYA HA TENIDO TANTO APOYO.

Totalmente de acuerdo, dos veces en un plazo de 10 años . Referendum de 1989  57% contra 43%. Plebiscito de 2009 no alcanzaron el 50% requerido (47%)
El mensaje de la ciudadanía fue claro. La inseguridad jurídica en que nos sumergieron con la "ley interpretativa" es tremenda
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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#69
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#70
In memoriam del Cnel. Artigas Bianchi

Roque Gallego Curbelo | Montevideo
@|Hace un año y a la edad de 95 años falleció el Coronel Artigas Bianchi tras un arbitrario pasaje por el Poder Judicial. Había sido procesado con prisión a los 92 años. Bajo su comando se allanó la estancia Espartacus y se desenterró el cadáver de Pascasio Báez cruelmente ejecutado por la delincuencia subversiva tupamara (hoy mimetizada bajo la sigla MPP).

Como todos los militares juzgados por hechos del pasado fue víctima de la venganza orquestada por el Frente Amplio y sus adláteres, desconociendo una ley aprobada por un parlamento democrático y dos veces ratificada por la voluntad popular, al amparo de una inconstitucional ley interpretativa y la aplicación de normas internacionales ignorando el principio “tempus regit actum”(irretroactividad de la ley en el Derecho Penal).


Si lo anterior fuera poco se creó una Fiscalía especializada de dudoso valor constitucional poniéndose a su frente a un fiscal que, ante la falta de pruebas, acude al recuerdo de los denunciantes y testigos que se construye a partir de otras consideraciones, a partir de un relato colectivo que los orienta. Se admite que ellos “no sabían quiénes eran los represores” que “eso también fue un hecho colectivo” (Brecha, 20 agosto 2021).


El empleo del Derecho como arma de guerra no convencional, la persecución judicial, judicialización de la política, guerra jurídica o lawfare en inglés, es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el desprestigio y repudio popular contra un oponente.


La anterior descripción encaja, sin entrar en grandes detalles, con lo sucedido con civiles, militares y policías procesados por supuestos delitos cometidos en el siglo pasado, durante el combate a la sedición en defensa de nuestras instituciones y sistema democrático. Motivados por sentimientos de venganza y buscando el desprestigio de nuestras Fuerzas Armadas, último escollo éstas para la toma del poder, los seguidores de las directrices del Foro de San Pablo pergeñaron el lawfare en nuestra patria. Sus brazos ejecutores fueron los sucesivos gobiernos del Frente Amplio auxiliados por una vasta red de ONG´s, mucha de las cuales responden a George Soros a través de la Open Society y un sistema judicial infiltrado o cuando menos presionado o atemorizado.


Sintetizando: para quienes robando, secuestrando, asesinando y torturando intentaron derrocar un gobierno democrático: amnistía y compensaciones económicas; para quienes defendieron la patria: prisión.


Existe un proyecto de ley que establece prisión domiciliaria para personas mayores de sesenta y cinco años, el cual aliviaría en una pequeña parte el sufrimiento de aquellos detenidos y sus familias. El mismo se considera necesario y urgente, pero no suficiente. Se requiere de una ley que devuelva al sistema la situación creada por la Ley de Caducidad aprobada por un parlamento democrático y dos veces refrendada por la ciudadanía.
Esperamos que los poderes Legislativo y Ejecutivo actúen en consecuencia.

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”, Platón.

[Imagen: FHJDVJ_XIAooFZL?format=jpg&name=large]
 
"Mas vale ser aguila un minuto que sapo la vida entera".
 
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