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Venezuela
#41
(08-06-2017, 10:53 PM)Artiguista escribió: Esto recien empieza, tambien sigo con dudas sobre este movimiento sofocado asi como el del piloto de helicoptaro desertor.
No se olviden que detras del gobierno de Maduro esta la inteligencia cubana y esos son maestros en el oficio.

Me autocito para valorar el gesto de Oscar Perez y repudiar su ejecucion extrajudicial. Tambien parece que Maduro con esto piso algunos callos de gente poderosa.

La Policía política de Maduro inspecciona logias masónicas en busca de los vínculos de Óscar Pérez
Al agente rebelde y ejecutado en la operación en El Junquito se le relaciona con estas sociedades, que denuncian su persecución y la falta de respeto a los principios democráticos por paret del Gobierno venezolano
[Imagen: resizer.php?imagen=http%3A%2F%2Fwww.abc....&medio=abc]Ludmila Vinogradoff
@ludmilavino
Corresponsal en Caracas22/01/2018 01:54h

[Imagen: oscar-perez-mason-kJ6G--620x349@abc.jpg]
Óscar Pérez, en uno de los vídeos que difundía a través de internet - Afp

La policía política del régimen de Maduro ha inspeccionado a nueve logias masónicas en Venezuela, buscando los vínculos de Óscar Pérez. Los próceres de la independencia venezolana, como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, fueron masones.
El fallecido antecesor de Nicolás Maduro, Hugo Chávez intentó inscribirse en la logia de Caracas, pero no se lo permitieron.

Uno de sus miembros, que pidió anonimato, aseguró a ABC: «La masonería, en el mundo moderno, pasó de ser una sociedad secreta a ser una sociedad discreta, porque creíamos ya superada la etapa de persecuciones sin sentido contra la orden masónica. Pero hoy, en Venezuela, ya no estamos tan seguros de ello. Desde que se conoció la relación de Óscar Pérez con la masonería hemos sido objeto de escrutinio e investigación, irrespetando principios democráticos elementales».

El «asesinato moral» de Óscar Pérez
«Muchos queremos limpiar el nombre de nuestro querido hermano Óscar Pérez. Es decir, un masón que fue asesinado en una ejecución extrajudicial, pues manifestó su rendición y disposición de entregarse. Más allá del asesinato físico, está el asesinato moral del Gobierno nacional al calificarlo como terrorista. Un masón no es terrorista. Si bien cometió un delito al robar el helicóptero y las armas del comando de la GN, no cometió ningún asesinato o dejó heridos en las acciones que ejecutó, porque era un masón que respetaba la vida», advierte otro integrante de logia.

Una semana después de lo que se conoce ya como la «masacre de El Junquito», Óscar Pérez fue enterrado por parte del Gobierno venezolano sin atender los deseos de su familia y tan solo ante su tía y una prima. Los otros seis sublevados que murieron en esa operación también fueron sepultados de forma secreta y forzada, sin consentimiento de los parientes.
“Dulce et decorum est pro patria mori”
 
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#42
Militares venezolanos buscan atención médica en Brasil

http://www.defesanet.com.br/ven/noticia/...no-Brasil/

[Imagen: 39238_resize_620_380_true_false_null.jpg]

El general de brigada del Ejército venezolano Silvano José Torres Oñates, de 46 años, atravesó la frontera de su país hacia la capital de Roraima, Boa Vista em Brasil, sin informar oficialmente a las autoridades militares brasileñas y sin se identifica como integrante de las Fuerzas Armadas del país vecino. Su discreción tenía un motivo: como miembro de la cúpula militar que apoya al presidente Nicolás Maduro, venía a Brasil en busca de atención médica tras sufrir una fractura en el fémur.

Los prontuarios de atención realizados en el principal hospital de Boa Vista obtenidos por el GLOBO revelan un flujo de militares venezolanos en busca de socorro, sin que el Comando del Ejército sea previamente informado. El movimiento llamó la atención del servicio de inteligencia del Ejército.

El caso de Oñates -y de al menos otros tres militares venezolanos cuyas identidades fueron comprobadas por el reportaje- revela que hasta integrantes de alta patente del país vecino están ingresando en territorio brasileño para obtener auxilio médico para casos como fracturas, meningitis e incluso extracción de un " hueso de pollo preso a la garganta.

Venezuela vive una grave crisis económica, que comenzó con la caída del precio de crudo, principal producto de exportación. Sin reservas de moneda fuerte, el país enfrenta dificultades para comprar productos en el exterior, con el desabastecimiento de alimentos y medicinas llegando al 80% - lo que podría explicar la demanda por atención médica en Brasil.

Dos horas después de que Oñates entrase en el Hospital General de Roraima (HGR), el capitán del 513º Batallón de Infantería de Selva Jairo Jose Lotero Mendoza también llegó al hospital. Los dos presentaban fracturas expuestas en el fémur y la tibia, y dieron justificaciones contradictorias para las heridas. Mientras el "motivo de la atención" de Oñates fue registrado como "otros", el de Mendoza aparece como "accidente de moto". Además, sólo el prontuario del capitán lo identifica como "militar", mientras que el del general no informa siquiera de su documento de identidad.

El Ejército brasileño constató que los dos se accidentaron en la explosión de un mortero durante un ejercicio militar en el municipio de Santa Elena de Uairén, a 80 km de la frontera con Brasil. La ciudad venezolana cuenta con hospital y aeropuerto y está a unos 231 km de Boa Vista.

Ambos fueron sometidos a cirugías y, en el caso del general, un informe médico del día 24 informa que él se accidentó con "artefacto explosivo, arma militar", sin dar detalles. En el caso del capitán, sin embargo, no hay descripción.

El Comando Militar reconoció que sólo supo, e informalmente, de la presencia de los militares extranjeros cuando ya estaban internados en el hospital de Boa Vista, a unos 215 kilómetros de la frontera.

MUERTE EN HOSPITAL BRASILEÑO

El Ejército confirmó que el general Oñat dejó el país el 29 después de recibir alta. Los militares brasileños lo acompañaron hasta el aeropuerto de Boa Vista, desde donde partió hacia Caracas. Mendoza, por su parte, regresó a su país el día 26, también acompañado hasta la frontera.

Cinco meses después de que el general y el capitán fueron atendidos, soldados también vinieron a Brasil en busca de socorro médico sin informar a las autoridades y sin identificarse como militares. A diferencia de sus superiores, sin embargo, no estaban en la región fronteriza, sino en el municipio de Luepa, a 180 km de Santa Elena de Uairén, hacia el interior de Venezuela.

El 18 de octubre de 2017, el soldado Luís Fernando Guiana Maraima entró en el HGR. El motivo: estaba atrapado un día con un hueso de pollo en la garganta y con fiebre. En el caso de él, el Ejército brasileño dijo que sólo fue informado de la presencia por teléfono después de la atención de urgencia. El Ejército también informó que, tras ser avisado, lo acompañó hasta el país vecino. En el expediente tampoco figura el documento de identidad, teléfono o incluso la ocupación de Maraima.

Siete días después, fue el turno del soldado Edgar Jesús Losano Flores, de 20 años, entrar en el HGR (Hospital General de Roraima). A diferencia de los demás, fue enviado por médicos venezolanos del Instituto de Salud Pública del estado de Bolívar, en el municipio de Ciudad Bolívar, a 700 kilómetros de Santa Elena. De acuerdo con el Ejército brasileño, pasó por los puestos de salud de Santa Elena y Pacaraima hasta llegar al Hospital General de Roraima.

El soldado fue encaminado debido a la sospechosa de meningitis. En su prontuario tampoco es informada la ocupación. El diagnóstico se confirmó, pero no resistió la enfermedad y murió 14 días después. En este caso, el Ejército brasileño también admite que se hizo un "contacto informal", sin identificar de quién, sólo después de la muerte del soldado y, a partir de ahí, pasó a acompañar el episodio.

El reportaje intentó contacto con la embajada venezolana en Brasilia por teléfono el jueves, pero nadie atendió, y encaminó el correo electrónico. El viernes, el reportaje fue hasta la embajada, cuando se le informó que la responsable de la comunicación estaba de vacaciones. La funcionaria, sin embargo, informó la dirección de e-mail para encaminar la demanda, que aún no ha sido respondida.

El Ejército informó que monitorea la entrada de militares extranjeros "por medio de informaciones recibidas de las autoridades venezolanas y brasileñas" y que no tomó conocimiento de la entrada de más militares venezolanos en busca de atención médica y / o refugio, además de las levantadas por el reportaje.
  
En una reunión en el Planalto para discutir la crisis migratoria que alcanza Roraima tras el aumento del ingreso de venezolanos, el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, desabafotó, según interlocutores presentes al encuentro: "Nadie sabe qué hacer con el país vecino."

En esa ocasión, el 30 de enero, el ministro ya había sido informado del ingreso y salida de militares del país vecino, pero tenía una preocupación humanitaria mayor y urgente: cómo recibir los cerca de 70 mil venezolanos que entraron en Brasil.

Recientemente, el ayuntamiento de Boa Vista anunció que los inmigrantes ya llegan a 40 mil, lo que equivale a más del 10% de la población de unos 330 mil habitantes del municipio.

Los números coinciden con el aumento en las atenciones en los hospitales del estado. Según el gobierno de Roraima, en la red pública local saltó de 766, en 2014, a 18.241, en 2017, un aumento del 2.281%. Considerando sólo inmigrantes, el número medio de venezolanos atendidos por mes saltó de 63, en 2014, a 1.520, en 2017.

De acuerdo con el gobierno estadual, el aumento en las atenciones fue mayor principalmente en los casos de media y alta complejidad, lo que presiona aún más la estructura de salud local. En este escenario, la gobernadora Suely Campos (PP) solicitó un aumento en el repaso de fondos del SUS (Sistema Único de Salud) para el estado, que tiene un déficit del 37% en el financiamiento de la salud, el equivalente a R$ 2,4 millones.

REFUERZO DE LA POLICÍA

En esa reunión en Brasilia, además de Jungmann, también estaban presentes los ministros Eliseo Padilha (Casa Civil), Sérgio Etchegoyen (GSI), Torquato Jardim (Justicia), Osmar Terra (Desarrollo Social) y el líder del gobierno del Senado, Romero Jucá, (PMDB-RR), que llegó a defender el cierre de la frontera. La idea, sin embargo, fue descartada debido al gran desgaste internacional que causaría.

En la ocasión quedó definido que el gobierno va a realizar un censo para identificar los perfiles de inmigrantes venezolanos y que deben ser implementadas medidas para aumentar el control para la entrada de los extranjeros. El último jueves, 8, Jungmann, Etchegoyen y Torquato Jardim estuvieron en Boa Vista.

Después del viaje la semana pasada se anunciaron medidas como el refuerzo de la policía en la frontera y hasta la propuesta de llevar a los inmigrantes a otros estados. Torquato Jardim anunció que la idea es atender hasta mil venezolanos en 90 días.

Mientras el gobierno estudia las alternativas, el número de inmigrantes no para crecer. Según la Policía Federal, de 2014 a 2017 los pedidos de refugio de venezolanos saltaron de 21 a 14.231. De acuerdo con el órgano, sólo el año pasado entraron en Roraima 70 mil venezolanos. En enero entraron en el país 12.100.
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#43
El reparto de pasaportes venezolanos a miembros de Hizbolá, en manos de El Aissami
El vicepresidente distribuía los documentos a integrantes del grupo terrorista libanés para facilitar su participación en los negocios de narcotráfico
EMILI J. BLASCO
@ejBlasco
Actualizado:07/05/2018 15:47h19

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  • [Imagen: tareck-aissami-hizbola-keNG--1240x698@abc.jpg]
Tareck el Aissami ha sido señalado repetidas veces como responsable de la entrada y asentamiento en Venezuela de Hizbolá, grupo terrorista libanés de filiación chií, apadrinado por Irán. Para facilitar su participación en el negocio del narcotráfico en que está envuelto el chavismo y ayudar a sus movimientos por el mundo, repartió visados y pasaportes a miembros del grupo y otros elementos radicales cuando fue ministro de Justicia e Interior, entre 2008 y 2012. Se calcula que en ese periodo se registraron como ciudadanos venezolanos al menos 173 individuos de Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán.
La apertura a Hizbolá fue decidida por Hugo Chávez y secundada por Nicolás Maduro, quien como ministro de Exteriores llegó a reunirse en secreto con el líder de esa organización. La política de ayuda a Hizbolá ha continuado, especialmente gestionada desde la Embajada en Jordania, donde opera Husam el Aissami, primo de Tareck.
Beneficiarios de visados, residencia y ciudadanía
De acuerdo con fuentes de inteligencia, entre quienes han obtenido visados, residencia y ciudadanía de Venezuela a través de Tareck el Aissami están:
Adul Ghani Suleima Waked. Considerado mano derecha de Hassan Nasralá, líder de Hizbolá.

Milad Bou Nasr Eddin. Familia directa de Salameh Nasserddin, elemento político de Hizbolá para América Latina y familiar de Gazhi Nasserddine. Este último, nacionalizado venezolano, fue encargado de negocios en la Embajada de Venezuela en Damasco, puesto que utilizó para entregar visas a elementos radicales; está bajo sospecha por el FBI por sus estrechas conexiones con Hizbolá.
Munther Yacoub. Arrestado en Canadá en 2004, acusado de contrabando de recambios de vehículos a Irak por medio de terceros países.
Kamal Fayad. Miembro de «Al Monitor», órgano de propaganda chií en favor de Irán.
Makram Abdoul Khalek. Familiar de Amakram Daoud Abdel Khalek Abdel-Khalek, miembro de la organización libanesa Partido Socialista Progresista (PSP), de Walid Jumblatt.
Abbas Husein Harb. Miembro de la red de Ayman Joumaa, conocida como red Joumaa, de narcotráfico y lavado de dinero. Joumaa está acusado formalmente en Estados Unidos por envíos de toneladas de cocaína desde Colombia a EE.UU.; se le atribuyen operaciones de lavado de dinero de 200 millones de dólares mensuales. Abbas Husein Harb ha tenido acceso a diversos canales del sector financiero libanés.
Kassem Mohamad Saleh. Miembro de la red Joumaa, incluido como Abbas Husein Harb en el listado de personas vinculadas a actividades narcotráfico y blanqueo de capitales elaborado por el Tesoro estadounidense. Ambos han gestionado varias compañías dedicadas al lavado de dinero, en Colombia y en Venezuela, entre ellas Importadora Silvania, vinculada a Tareck el Aissami. Kassem Mohamad Saleh es hermano de Ali Mohamad Saleh, de nacionalidad libanesa y colombiana, considerado por EE.UU. como un «facilitador fundamental» de financiación para Hizbolá, especialmente a través de negocios en el enclave colombiano Maicao, que aloja una gran colonia libanesa.
Walid Abdul Khalek. Familiar de Abdel Khalek, excomandante de las Fuerzas Patrióticas Libanesas.
Khuzaei Salha. Familiar del periodista de Hizbolá del mismo nombre.
Omar Khaled. Militante de Hizbolá, según el registro del Comando tripartito Argentina, Brasil y Paraguay.
Malik el Rifai. Abogado vinculado a Jaoude Law Firm, un bufete de abogados de Líbano que gestiona empresas de fachada para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y destinadas al terrorismo.
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#44
Habria que cambiarle el nombre a este topico por el de Crisis Humanitaria en Venezuela

Militares venezolanos desertan en masa a Colombia por el hambre
Maduro, obligado a reclutar a jubilados y milicianos ante la fuga de soldados regulares
[Imagen: resizer.php?imagen=http%3A%2F%2Fwww.abc....&medio=abc]Ludmila Vinogradoff
@ludmilavinoSeguir
CORRESPONSAL EN CARACASActualizado:10/05/2018 01:19h31

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  • [Imagen: guardia-venezolana-kGCI--1240x698@abc.jpg]
Hasta los soldados están huyendo de Venezuela por el hambre, lo que pone en riesgo la seguridad militar de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, ya que la Fuerza Armada Nacional se está quedando sin tropa. Para llenar ese vacío, el régimen está reclutando a jubilados y milicianos para que integren el Plan República.
En los cuarteles se vive la misma tragedia que en los hogares venezolanos. Los soldados se han sumado al éxodo porque comen mal y poco, no tienen medicinas ni seguridad sanitaria, uniformes ni un salario que compense la galopante hiperinflación del 13.000% prevista para este año por el Fondo Monetario Internacional.
¿Cómo lo llevan? El personal de tropa ha seguido la misma suerte que muchas de sus familias: escapar sin nada en los bolsillos por las fronteras terrestres de Colombia y Brasil para no morir por la temible hambruna de su país, que era uno de los más ricos de la región antes del chavismo.

Muchos han pedido la baja y otros desertan sin avisar para evitar las rejas. Los primeros son retenidos y pasados por trámite burocrático para impedir su salida. En el caso de los segundos, el nivel de deserción ha crecido exponencialmente en el último año, especialmente entre las tropas de menor rango.

Al menos 10.000 soldados han pedido retirarse en marzo, dijo Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano sobre Seguridad, entrevistada por la agencia Bloomberg. «Desde 2015 ha habido un aumento en detenidos militares acusados de traición, deserción y otros crímenes», comenta. «Nuestra estimación es que hay 300 personas encarceladas -indica San Miguel-, en su mayoría tropas. Algunos son altos funcionarios, otros son civiles vinculados al Ejército».

Detenciones
«Aquellos que piden retirarse son arrestados durante una semana en el cuartel general de contrainteligencia militar», asegura por su parte Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, organización de derechos humanos. «Así de preocupado está el Gobierno», añade. Según Himiob, la mayoría abandonaron el país después de ser liberados.
Los miembros de alto rango de las fuerzas armadas tienen prohibido el contacto con los rangos inferiores. Las filas de militares que solicitan la jubilación son largas, señaló el primer oficial que se retiró, que intentó hablar con uno de ellos, pero los mandos del cuartel prohibieron hablar entre ellos. El jubilado dijo que los oficiales superiores temen que demasiada conversación permita a los oficiales y soldadores alistados formar alianzas para un golpe, apunta Bloomberg.
La deserción de tropas ha complicado la organización del Plan República y su logística para resguardar el material electoral, como cuadernos, ordenadores y urnas en los 14.000 centros de votación.

La falta de personal militar ha obligado al régimen de Nicolás Maduro -que busca el 20 de mayo la reelección de su cargo para otros seis años en unos comicios que la mayoría de la oposición y gran parte de la comunidad internacional rechazan por fraudulentos- a reclutar a jubilados y milicianos y entrenarlos de manera rápida e improvisada para el Plan República.

Seguridad para el 20-M
La milicia bolivariana no llega a 100.000 miembros. A los jub0ilados y milicianos chavistas les encanta portar fusiles y los pechos llenos de medallas. Su participación en los actos públicos ha quedado para los desfiles folclóricos que convoca Maduro para los aniversarios patrios. Esta forma improvisada de entrenamiento militar a personas no preparadas para tales funciones no garantiza la seguridad del proceso electoral, pues se requieren más de 50.000 uniformados para proteger los 14.000 centros de votación.

La tropa huye de los cuarteles por el hambre mientras Maduro militariza la represión. Los once directivos de Banesco detenidos han sido puestos en prisión por agentes del comando de Contrainteligencia Militar. Foro Penal asegura que ha aumentado a 300 el número de arrestados a través de la represión militar.
Cualquier militar o civil que proteste contra las injusticias, los bajos sueldos, la falta de comida o los altos precios es susceptible de ser detenido. Las elecciones pueden empeorar la crisis y por eso hay soldados que prefieren escapar de los cuarteles para poder sobrevivir.
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#45
El Helicoide: de complejo comercial ultramoderno a siniestro centro de torturas de Venezuela
La sede de la Inteligencia bolivariana en Caracas, símbolo de la decadencia de Venezuela
ABC
Actualizado:18/05/2018 10:10h6


[Imagen: helicoide-caracas-venezuela-kkU--1240x698@abc.jpg]

Pretendía ser un icono del capitalismo consumista en América Latina y ha acabado convertido en el símbolo de la represión del régimen chavista. El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde este miércoles estalló un motín de presos políticos, fue levantado en los años 60 con el propósito de ser un moderno complejo comercial.


Su diseño evoca el de la torre de Babelgracias a la forma helicoidal que le da nombre y que pretendía que los clientes pudieran llegar con su coche hasta la puerta misma del local que escogieran entre los 320 que ofrecería el centro. Salas de exposición, gimnasio, piscina, bolera, guarderías y un multicine serían parte de las instalaciones, además de un centro automovilístico con venta de vehículos y repuestos, estación de gasolina, lavado automático y taller. Tendría ascensores inclinados para recorrer las diferentes plantas y adaptarse a la particular fisonomía del edificio. E incluso su propia emisora radiofónica: Radio Helicoide.


El proyecto, en lo alto de un cerro conocido como La Roca Tarpeya, se debe a los arquitectos Pedro Neuberger, Dirk Bornhorst y Jorge Romero Gutiérrez, de la compañía Arquitectura y Urbanismo C. A.





Se dice que el poeta chileno Pablo Neruda lo ensalzó como «una de las creaciones más exquisitas que jamás nacieran de la mente de un arquitecto» y que el pintor Salvador Dalí se ofreció a decorarlo.





Drogas, prostitución y un museo
Sin embargo, el ambicioso proyecto quedó descartado antes de que la obra llegase a estar terminada y el inmueble quedó abandonado. Distintos proyectos públicos para aprovecharlo no llegaron a cuajar y las drogas y la prostitución camparon a sus anchas.


En la década de los 80 se quiso instalar allí el Museo de Antropología, pero esta opción quedó finalmente descartada.


En 1984 empezaron a llevar allí sus oficinas los servicios de inteligencia de la policía venezolana, el actual Sebin (antes Disip).
Con el tiempo, el Helicoide se ha convertido en un centro de confinamiento de presos políticos, donde muchos de ellos han sufrido torturas, como han venido denunciando quienes han pasado por los siniestros calabozos y las organizaciones de derechos civiles.
Este miércoles, en su interior se desató un motín para reclamar la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
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#46
Así se fraguó el atentado contra Maduro

Maolis Castro
Hace 1 hora
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[Imagen: BBLOwcE.img?h=451&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f&x=426&y=202]© Xinhua (AP) / EPV Guardaespaldas protegen a Maduro tras la explosión de un dron el pasado 4 de agosto. En vídeo: La familia de un opositor cree que fue torturado para inculparse en el atentado contra Maduro.


La confusión y la represión marcan la rutina de Venezuela desde que el pasado 4 de agosto el [url=https://elpais.com/tag/nicolas_maduro/a]presidente Nicolás Maduro
sufriera un atentando durante una celebración militar. El régimen acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, al Gobierno de Estados Unidos y a la oposición política interna de estar detrás de lo que denomina “intento de magnicidio”. Pero la versión oficial se diluye día a día cada vez que un portavoz comparece para explicar qué sucedió en Caracas hace una semana. O cada vez que un testigo accede a hablar o cada vez que se consulta a un experto. Un efecto que se multiplica cuando las instancias oficiales han perdido la credibilidad en cada declaración.

Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicaciones, fue el primero en dar detalles del suceso. “Explotaron tres drones”, explicó en una entrevista exclusiva para la cadena de noticias rusa Sputnik, uno frente a la tarima presidencial, en la avenida Bolívar, que provocó la activación del protocolo de seguridad, según el relato del funcionario. El segundo reventó hacia el lado derecho del estrado donde se encontraba Maduro y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. El último colisionó contra el edificio Don Eduardo, en la céntrica avenida Este 12 con la avenida Sur de la capital del país.


Una fuente vinculada al Ejército venezolano, que estuvo cerca de la tarima presidencial confirma la versión de Rodríguez y agrega que uno de los drones fue derribado por disparos de francotiradores del Gobierno. La voladura del artefacto fue lo que ocasionó heridas a los siete cadetes y soldados que en ese momento desfilaban por la avenida Bolívar. Otra fuente, un militar extranjero, sin embargo, sostiene que no oyó ningún disparo y que por tanto ese dron no fue abatido por los tiradores del Ejército. “Además es virtualmente imposible darle con un fusil a un dron volando”, señala la misma fuente. Estas versiones contradictorias subrayan la dificultad de establecer los hechos en ausencia de una versión oficia creíble.

La versión del titular de Comunicaciones quedó también en entredicho poco tiempo después cuando Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, aseguró que intervinieron solo dos drones del tipo DJI-Matrice 600, un modelo que se utiliza para tomar fotografías aéreas y de uso industrial, según la web del fabricante. Cada aparato, según la declaración de Reverol, iba cargado con un kilo C4, una variedad común de explosivos plásticos. El ministro explicó que uno de ellos fue destruido por francotiradores y el segundo se estrelló contra una residencia. Los vecinos entrevistados por EL PAÍS de la avenida Este 12 confirman que solo escucharon dos fuertes detonaciones.

El estallido del último dron solo afectó a un apartamento y a la fachada del edificio. Se puede inferir que la carga explosiva no llegó a detonar por completo. Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, pone como ejemplo que solo se necesitan 30 o 50 gramos de esta sustancia para volar la cerradura de una puerta. “Con un kilo se puede causar una destrucción muy importante”, sostiene el experto. Este material es de uso habitual de organizaciones militares, sus comercializadores son estadounidenses y se consigue con “dificultad” en el mercado negro. Es manipulable, semejante a la plastilina, y se activa con dispositivos eléctricos.

Reverol, en su explicación, detalló que uno de los drones fue neutralizado por los equipos inhibidores de señales instalados en la avenida Bolívar durante la celebración. “En los aeropuertos y zonas de seguridad existen inhibidores de señales, pero no creo que en la avenida Bolívar”, dice René Ramos, un experto venezolano en esas aeronaves, poniendo también en duda la versión oficial.

 Los drones DJI-Matrice 600 cuestan unos 6.000 dólares, aproximadamente. Los cineastas y productores audiovisuales los usan por su capacidad para recorrer una distancia horizontal de cinco kilómetros sin interferencias. “Los pilotos de los drones tuvieron que estar cerca de la zona, seguramente se devolvió una de las aeronaves a su origen porque perdió señal y no necesariamente por un inhibidor. Estos drones tienen un sistema que automáticamente los regresa a su punto de partida al alejarse mucho”, dice Ramos.

Maduro, Reverol y el fiscal general Tarek William Saab aseguraron que uno de los aparatos fue piloteado desde el piso 10 del Centro Empresarial Cipreses de la avenida Sur de Caracas, a unos 70 metros de la tarima presidencial.

El edificio Don Eduardo, en el que cayó uno de los aparatos, a dos cuadras de donde se realizaba la celebración, fue tomado por cuerpos de inteligencia policial. Algunos de sus habitantes solo declararon lacónicamente a la prensa haber escuchado una explosión, pero varias horas después se negaron a repetir su declaración por miedo a represalias.

En Venezuela el uso de drones está regulado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil desde 2016, para tener un registro de sus propietarios que, previamente, deben obtener permisos para volarlos. “Si el ataque hubiese sido planificado por un gobierno como el colombiano o el estadounidense, tal vez hubieran usado drones militares capaces de recorrer gigantescas distancias, al punto de ser manejados desde otra ciudad, y de no ser detectados por inhibidores de señales. Es claro que los que cometieron este atentado son inexpertos”, opina René Ramos.

Aumenta la represión

 A las pocas horas de sufrir el atentado, Nicolás Maduro compareció en la televisión pública venezolana para denunciar que el complot estaba supuestamente orquestado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en connivencia con la oposición venezolana, lo que el mandatario denomina “la extrema derecha”. No son los únicos que para el oficialismo fraguaron el ataque, Osman Alexis Delgado Tabosky y el militar Oswaldo Valentín García Palomo también están acusados, ambos ya tenían investigaciones en marcha por su posible conspiración en planes antigubernamentales en 2017.

Delgado está involucrado como el presunto responsable de financiar el asalto contra el Fuerte Militar Paramacay, en el Estado de Carabobo (centro-norte del país), en agosto del año pasado. Al coronel retirado de la Guardia Nacional García Palomo se le busca por su presunta participación en la “Operación Armagedón”, un golpe militar frustrado en mayo.

El Gobierno de Venezuela una vez más los culpa de ser los principales financiadores del atentado contra Maduro, junto a los también ciudadanos venezolanos José Eloy Rivas Díaz y Rayder Alexander Russo Márquez.

El oficialismo asegura que les ofrecieron 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos como recompensa. Todos ellos fueron entrenados en la finca Atlanta en Chinácota, en el departamento Norte de Santander, en el norte de Colombia. Le pagaron alojamientos y traslados a hoteles y además compraron drones y C4 en el mercado negro para perpetrar el ataque, siempre según la versión oficial,

Russo y Delgado son los más conocidos por la opinión pública venezolana porque se les relaciona con el movimiento dirigido por el piloto rebelde Óscar Pérez, que atacó las sedes del Supremo y del Ministerio de Interior en 2017, y fue asesinado en enero por grupos policiales. Aunque, el mismo Pérez denunció en su cuenta de Twitter que estos dos hombres eran “infiltrados del régimen” dentro de los grupos opositores.

La familia de Delgado, supuestamente radicado en Florida, tiene negocios principalmente en Carabobo: un centro comercial, una clínica privada, una finca y apartamentos, que en este momento están tomadas por la policía. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, asegura que muchas son “empresas de maletín” (empresas pantalla) usadas para financiar ataques antigubernamentales.

De manera paralela, el régimen de Maduro ha aumentado en los últimos días la persecución contra varios líderes de la oposición. El Supremo ha solicitado prisión para Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá; y ha detenido de forma ilegal y por la fuerza en su domicilio al diputado opositor Juan Requesens, acusados de ser los supuestos autores intelectuales del atentado. Requesens apareció el viernes en un vídeo emitido por el Gobierno autoinculpándose del atentado y haciendo responsable también a Borges.

Observadores independientes dudan de que esta declaración sea voluntaria y la familia asegura que fue drogado para conseguir que se atribuyera el atentado. Paralelamente se difundió en redes sociales un denigrante video donde se ve a Requesens en ropa interior, muy deteriorado y con la mirada perdida. El periodista que distribuyó las imágenes las atribuye a una filtración de la policía de inteligencia, SEBIN, que se las hicieron llegar junto a la frase “indignación entre los funcionarios por como trataron al diputado Requsens”.
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#47
La Administración Trump barajó con militares venezolanos rebeldes un posible golpe de Estado
Según The New York Times, finalmente se descartó esta posibilidad tras conversaciones desarrolladas durante varios meses
Carlos Pérez Cruz
WASHINGTONActualizado:08/09/2018 21:19h30



La historia está para aprender y el siglo XX ofreció muchas lecciones a Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, a tenor de lo que hoy desvelado «The New York Times», el Gobierno de Estados Unidos estuvo tentado de repetir las mismas acciones que ya tomara el siglo pasado en varios países latinoamericanos. Según el rotativo neoyorquino, miembros de la Administración Trump se reunieron en varias ocasiones con militares rebeldes venezolanos que buscaban derrocar al presidente Nicolás Maduro.

La Casa Blanca no ha entrado en detalles y se limita a decir que es importante entablar «diálogo con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia» con el objetivo de «llevar un cambio positivo a un país que ha sufrido tanto con Maduro».

Hasta once funcionarios y exfuncionarios de la Administración han confirmado las reuniones al periódico. También un militar venezolano que, irónicamente, figura en la lista de funcionarios de Venezuela sancionados por Estados Unidos. Aunque finalmente parece que se descartó ayudar a los conspiradores, esta revelación será probablemente acogida por Maduro como una prueba del papel de los estadounidenses en los intentos de descabalgarle del poder.

Según explican estas fuentes, el supuesto grupo golpista implicado ya habría intentado sin éxito contactar con el Gobierno durante la presidencia de Barack Obama. Su sucesor, Donald Trump, desató las alarmas hace un año al no descartar la opción militar en Venezuela. Una declaración que animó a intentarlo de nuevo a esta facción del ejército, que dice contar con el apoyo de centenares de militares.

Las reuniones comenzaron el otoño del año pasado y se han prolongado durante el 2018. Los venezolanos solicitaron a Estados Unidos que les facilitaran transmisores de radio encriptados y que desarrollaran un plan para instalar un gobierno de transición hasta que se pudieran celebrar elecciones. Tal y como relata «The New York Times», nada de eso sucedió finalmente.

La fuente venezolana contactada por el periódico dice sentirse «decepcionada» y temer por la suerte de sus compañeros detenidos en las últimas semanas tras el ataque con drones de principios de agosto en Caracas.
“Dulce et decorum est pro patria mori”
 
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#48
ARIEL BERGAMINO
La belleza de Cleopatra: la excusa para no responder sobre la denuncia a Venezuela
El vicecanciller fue consultado cinco veces sobre la postura de Uruguay en caso de haber sido invitado a denunciar al gobierno de Nicolás Maduro, pero se excusó diciendo que se trataba de un ejercicio contrafactual.




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Miércoles, 26 Septiembre 2018 12:00
[Imagen: 59b4c69498905.jpeg]



Lo contrafáctico o contrafactual es todo lo que no sucede en el universo observable para la investigación humana. En otras palabras, se trata de hablar sobre "qué hubiera pasado si...". Esa fue la excusa del vicecanciller, Ariel Bergamino, para evitar responder sobre la no participación de Uruguay en la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Venezuela en la Corte Penal Internacional.
Bergamino, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores interino, fue entrevistado esta mañana en el programa Desayunos informales de Teledoce sobre la situación del país caribeño y la posición del gobierno uruguayo sobre el tema.

Al ser consultado sobre si cree que en Venezuela hay una democracia plena, Bergamino respondió: "No, ¡qué esperanza! No". Y acto seguido recordó que por este motivo "algunos países de la región han decidido impulsar una acción ante la Corte Penal Internacional" por presunto delitos de lesa humanidad.

Luego, le preguntaron por qué Uruguay no fue invitado para participar de esa denuncia y el vicecanciller dijo que se enteró de la decisión de los cinco países denunciantes "por los medios de prensa". Lo mismo había repetido ayer lunes en las diversas consultas que le hicieron los medios.

En ese momento, uno de los integrantes del programa, Juan Miguel Carzolio, preguntó: "¿Y si los hubieran consultado?". Primero, Bergamino terminó de elaborar su respuesta a la pregunta anterior: "¿Por qué no fuimos consultados? No lo sé. Yo mantengo un diálogo cotidiano con mis pares, y en ningún momento nos plantearon esto".


Luego, atendió a la consulta de Carzolio: "¿Qué hubiera pasado si nos hubieran invitado a participar? Eso es un buen ejercicio contrafactual. Yo solía hacerlo en Facultad de Humanidades. 'Qué hubiera pasado si...'. ¿Qué hubiera pasado si Cleopatra no hubiera sido tan bonita y seducido a Marco Antonio? ¿Qué hubiera pasado si Napoléon no hubiera dormido la siesta durante la batalla de Waterloo? es un excelente ejercicio académico, precioso, entretenidísimo".

"Bueno, hagámoslo, por favor", le dijo el periodista Jaime Clara y María Noel Marrone agregó que a Uruguay "no lo invitaron, pero se puede sumar también". Bergamino continuó: "Pero, lo cierto es que no nos han invitado, no nos consultaron". 

En ese momento, surgió la pregunta de Marrone: "bueno, ¿pero cuál es la opinión de Uruguay?". "Tampoco fuimos los únicos, no estamos ofendidos de que no nos hayan consultado", señaló el vicencanciller.

En ese momento, Carzolio decidió volver a la carga: "Yo le pregunto por Uruguay. ¿Qué pasaría si a Uruguay le consultan?". "Reitero, es un precioso examen contrafactual", le dijo Bergamino. Y Clara volvió a preguntar: "¿No quiere compartir su opinión, si hubiera ocurrido?". "Es un excelente ejercicio contrafactual, (pero) la realidad es como es. No nos invitaron", sentenció.

Luego dijo que Uruguay está "preocupado" por la situación venezolana. "No nos gusta lo que está pasando, no aplaudimos", indicó, y fue interrumpido por Clara. "¿O sea que si Uruguay hubiera estado ahí se hubiera abstenido?". "Reitero, no fuimos participados de esta iniciativa, como otros 28 estados de la OEA", fue la respuesta final de Bergamino, antes de cambiar de tema.

Ayer entrevistado por Sarandí Bergamino también había sido consultado por la posible respuesta de Uruguay y el subsecretario se había referido a la belleza de Cleopatra. “No puedo hacer análisis contrafactuales, qué hubiera pasado si nos hubieran consultado invitados porque no lo hicieron por tanto no tengo respuestas”, había insistido.
¡Legionarios a luchar, legionarios a morir!
 
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#49
[Imagen: americo-degrazia-kZgD--620x349@abc.jpg]Personal de seguridad auxilia al diputado Américo de Grazia © durante enfrentamientos en la Asamblea Nacional, en 2017 - EFEENTREVISTA
De Grazia: «Maduro ha dado a la narcoguerrilla ELN las minas de oro a cambio de protección»
Américo De Grazia, nacido hace 58 años en la localidad minera de Upata, Bolívar, no tiene miedo a los riesgos que generan sus denuncias. Sus siete hijos han tenido que huir al extranjero por las amenazas y la falta de seguridad
[Imagen: resizer.php?imagen=https%3A%2F%2Fwww.abc...&medio=abc]Ludmila Vinogradoff
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Corresponsal en CaracasActualizado:07/11/2018 10:59h12



En cadena nacional de radio y televisión el presidente Nicolás Maduro amenazó públicamente con «desaparecer y extinguir» al diputado Américo de Grazia y al excandidato presidencial Andrés Velásquez, ambos dirigentes del partido Causa R, por denunciar a las mafias criminales que trafican oro y diamante en el denominado Arco Minero, estado Bolívar al sur de Venezuela, apoyadas por el mandatario.
En su entrevista con ABC, Américo De Grazia, nacido hace 58 años en la localidad minera de Upata, Bolívar, no tiene miedo a los riesgos que generan sus denuncias. Sus siete hijos han tenido que huir al extranjero por las amenazas y la falta de seguridad. «El régimen chavista desintegró mi familia», se lamenta el diputado, que sobrevive gracias a las remesas que le envían sus hijos porque el Gobierno dejó de pagar el salario de los parlamentarios desde hace tres años.



El Arco Minero tiene una superficie de 111.800 kilómetros cuadrados y es más grande que Portugal y Bélgica. Tiene minas a cielo abierto y en el subsuelo ricas en oro, diamante, coltán, tirio, uranio, hierro y bauxita. A partir del 2006, cuando el extinto Hugo Chávez tomó control de sus riquezas y le abrió las puertas a la guerrilla colombiana, la zona se convirtió literalmente en «la tierra de nadie, en el salvaje lejano oeste donde se impone la ley de la selva con la devastación ambiental más grande de la Amazonía», dice el diputado.
¿Qué ha producido la fiebre del oro en el Arco Minero?
Un mundo sórdido de muerte, devastación ambiental, desolación y enfermedades como la malaria, tuberculosis y el sarampión que habían sido erradicadas.
¿Quiénes controlan la zona?
Primero fue Hugo Chávez que acabó con la paz de la zona al permitir la presencia de la narcoguerrilla colombiana. Después Maduro amplió las operaciones del ELN y la disidencia de las FARC, los islamistas del hizbolá y los «pranes» (jefes delincuentes) bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército, que se lucran de las mafias criminales.
¿Con qué propósito?
Maduro le ha cedido territorio a la narcoguerrilla del ELN en Amazonas, Apure, Bolívar y otros estados, a cambio de protección, seguridad y custodia de sus negocios turbios. Los grupos criminales colombianos le también le han ofrecido defender su régimen en caso de una intervención militar extranjera.
¿Cómo ocurrió el ataque del colombiano ELN contra los militares venezolanos hace dos días si se toleraban bien?

La GNB había detenido a uno de los cabecillas del ELN que portaba cédula de identidad y carnet de la patria falso y los «elenos» emboscaron a los militares cerca de Puerto Ayacucho, Amazonas. Resultaron 4 soldados asesinados y 12 heridos venezolanos. Los del ELN estaban «cuidando» las minas de oro y coltán de «Nicolasito», el hijo del Presidente, en Parguaza, Amazonas.
¿Y las otras masacres?
En todo el Arco Minero han ocurrido 42 masacres desde el 2006 cuando Hugo Chávez le abrió las puertas a las mafias. Las fuerzas armadas venezolanas han sido cómplices. El 4 de marzo de 2016 marcó un hito porque aparecieron primero 17 y luego 18 mineros enterrados en una fosa común en Tumeremo, Bolívar. En el 2017 ocurrió otra matanza y hace 15 días masacraron 8 mineros.
¿Por qué Maduro se apoya en el ELN colombiano?
A Maduro le ha ido bien con el ELN porque le limpia el camino. Son más serios y confiables porque le entregan dinero seguro de la explotación del oro y otros minerales y además los narcoguerrilleros han sacado a los «garimpeiros» brasileños y acaban con los archipiélagos de los “pranes” que dejó el anterior gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
¿Cómo operan las mafias en las minas?
Un día de zafra puede dejar muertos. Sin un minero se pasa de la línea roja le pegan un tiro a las manos para inhabilitarlo de por vida. Y si no entrega el “impuesto” lo matan. Los “elenos” cobran el 10% de impuesto para ellos de la producción de oro y luego con el 90% restante le pagan al minero el precio que ellos decidan.
¿Y la presencia del Hizbolá?
Los musulmanes del hizbolá le responden al vicepresidente económico Tareck El Aissami. Operan en las minas Las Rositas de Angostura y el Lago de Guri donde extraen el oro y diamantes. Hay dos mezquitas en las minas. Queda a dos horas de Ciudad Piar en Bolívar.
¿Qué países hacen negocios con Maduro?
Maduro ha hecho negocios turbios del oro de empresas ficticias con Turquía, China y Rusia.
¿A falta de petróleo, cree que el oro puede mantener a Maduro en el poder?
Claro que sí. Maduro podrá tener capacidad de maniobra y control con el oro (anunció 5.000 millones de dólares) para continuar en el poder pero no podrá gobernar.
¿Cómo son las amenazas en su contra?
Primero la persecución. Los sicarios de Maduro pueden inventar accidentes de tránsito o asaltos para robar y matar a sus adversarios.
“Dulce et decorum est pro patria mori”
 
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#50
Estan regalando escusas para la invasion
 
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