[Terminus]

La verdad sobre "la cárcel del pueblo"
Convertir en museo la "cárcel del pueblo" creada por los tupamaros en los años 60 podría ser una buena idea si se la pone al servicio de la verdad histórica.

23 sep 2014

Adentro de ese calabozo construido bajo lo que parecía ser una inocente casa de familia en la zona del Parque Rodó estuvieron secuestrados políticos, diplomáticos extranjeros y empresarios uruguayos. Montar allí una correcta muestra didáctica serviría para recrear ante los visitantes uno de los instrumentos usados por los tupamaros en su demencial intento de imponer en Uruguay una dictadura de tipo castrista.

Para empezar, convendría difundir la lista de los que allí fueron privados de su libertad durante meses e incluso por más de un año. Seres humanos que padecieron amenazas y maltratos de todo calibre y que en algún caso -el del agrónomo estadounidense Claude Fly- contrajeron enfermedades que tiempo después les causarían la muerte. En un ambiente irrespirable, los secuestrados fueron encerrados en una suerte de jaulas con mínimo espacio para moverse y sometidos a continuas vejaciones. Según relató Fly cuando lo liberaron tras sufrir un infarto "todo el tiempo sentí que estaba por exhalar mi último suspiro". Todo eso ocurrió en democracia, mucho antes del golpe de Estado de 1973.

Hubo otras cárceles similares de los tupamaros, pero la principal fue ésa, la de la calle Juan Paullier, que ellos quisieron presentar como un símbolo de lo que llamaban "justicia revolucionaria". Por eso, el allanamiento de esa casa en mayo de 1972 fue un golpe demoledor para aquella organización clandestina que por entonces estaba en franca retirada. Quienes oficiaban de guardianes de los secuestrados que allí yacían -los ex gobernantes Ulises Pereyra Reverbel y Carlos Frick- se rindieron sin oponer resistencia. Sería bueno que el museo exhibiera las fotos de estas dos víctimas en momentos de su rescate para apreciar su mal estado de salud y las trazas visibles de la brutalidad ejercida sobre ellos por sus captores.

Es sabido que poco o nada se habla de los derechos humanos de esas víctimas de la violencia guerrillera, violados por la locura revolucionaria de aquel movimiento alzado contra las instituciones democráticas. Prueba de ello es que el director del Museo de la Memoria (MUME), Elbio Ferrario, el funcionario encargado de reconvertir la "cárcel del pueblo", sostiene que "los derechos humanos fueron violados por el Estado" y que las acciones de los tupamaros deben calificarse como simples "delitos" comunes. Es decir, niega que ellos hayan violado los derechos humanos, una teoría discutida a nivel internacional en donde la ONU, por ejemplo, entiende que incluso los "grupos insurgentes" deben respetar los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario, según su dictamen en el caso de Sendero Luminoso en Perú.

Tanto o más inquietantes son otros dichos de Ferrario quien explica que los tupamaros surgieron a comienzos de los años 60 ante "la falta de un proyecto de desarrollo por parte de la clase dominante, el rompimiento de la convivencia democrática, las luchas sociales, la represión, la falta de garantías". Es la postura clásica de quienes justifican la violencia guerrillera de aquel tiempo asimilando a una dictadura el Uruguay de los Consejos de Gobierno y de los presidentes Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco. De acuerdo a esa interpretación falaz nuestros valientes castristas vernáculos habrían tomado las armas para derrocar un gobierno tiránico y no para derribar la democracia.

Cuesta creer que un funcionario público inspirado en semejante teoría pueda organizar un museo con un mínimo de neutralidad y respeto por la verdad histórica. Su sesgo político es tan evidente que bajo su conducción el museo-cárcel de la calle Juan Paullier promete transformarse en un escenario de propaganda pro-tupamara. De todos modos, su actitud no es una excepción adentro de una izquierda gobernante que tiende a tergiversar los hechos hasta en los textos de enseñanza y en donde algunos dirigentes aseguran que la dictadura se instaló en Uruguay en la década del 60 y no a partir del 27 de junio de 1973, fecha del golpe de Estado.

De esta manera, lo que podría ser una buena oportunidad de poner el pasado reciente en perspectiva exponiendo los errores y horrores cometidos, amenaza degenerar en otra distorsión intencionada de lo ocurrido en el pasado reciente.