[Terminus]

Una fiscal en banda

Por Gabriel Pereyra
Mayo 22, 2017 05:00
La pobre actuación de la fiscal Llorente en el caso de las superbandas y su independencia


N. Garrido
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Huidobro y Mujica en 2012

Un día a la fiscal Stella Llorente le cayó en sus manos la denuncia contra el extupamaro Héctor Amodio Pérez. Los ex compañeros de Amodio dicen que delató a varios y lo acusan de traidor. Llorente pidió el procesamiento de Amodio por privación de libertad y encontró en la jueza Julia Staricco una socia que aceptó el pedido. Por diversas razones, el pedido de procesamiento, que aún está en etapa de la apelación, llamó la atención. Hay variados testimonios de que otros tupamaros también delataron a sus camaradas pero nunca fueron ante la Justicia por ello.

Es harto complejo definir las razones que llevan a una persona a delatar a otra con el objetivo de que no lo torturen. En todo caso, si Amodio delató con el fin de hacerle daño al MLN, el Estado debería agradecerle el haber actuado a favor de las fuerzas del orden. Claro, eso si se sabe algo de historia, pero en el procesamiento se dice que en 1972 los militares actuaban al margen de la ley, cuando en realidad había una ley votada por el Parlamento que los habilitaba a actuar. Llorente y Staricco perderían un examen de historia.

La fiscal que se ensañó claramente con alguien que los tupamaros consideraban un traidor, cuando le tocó actuar contra los tupamaros lo hizo con un desgano que llama la atención y despierta suspicacias sobre su imparcialidad.

Con este asunto a sus espaldas en relación a un tupamaro, cuando su jefe, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le pidió a Llorente que indagara si hay relación entre los asaltos de la llamada superbanda en la década de los 90 con exmilitantes tupamaros, la magistrada quizás debió tomárselo con más seriedad de lo que luego demostró. Palabras más, palabras menos, Llorente le dijo a Díaz que revisando las actas judiciales de la época no encontró vínculo con los ex guerrilleros. Es tan obvio que si eso se desprendiera de las actas los jueces que actuaron en su momento lo habrían detectado, que la respuesta de Llorente parecería una broma si no fuera porque se la está dando nada menos que a su jefe.

Las sospechas de vínculos entre aquellos asaltos y el MLN surgieron luego de que la periodista María Urruzola publicó un libro sobre Fernández Huidobro. Algo similar habían publicado en sendos libros el periodista Federico Leicht y el politólogo Adolfo Garcé. Llorente no se tomó el trabajo de citar a estos autores (ni aparentemente de leer sus textos), ni convocó a tupamaros o a protagonistas de la época para indagar un poco, más no fuera para hacer la mímica de que le importaba.

La fiscal que se ensañó claramente con alguien que los tupamaros consideraban un traidor, cuando le tocó actuar contra los tupamaros lo hizo con un desgano que llama la atención y despierta suspicacias sobre su imparcialidad. La decadencia en la calidad de los servicios estatales es evidente en varias áreas, pero cuando se constata en el sistema de Justicia se encienden luces amarillas, ya que de ello depende la fortaleza del Estado de Derecho.

Con el nuevo Código del Proceso Penal los fiscales cobrarán mayor peso en los juicios y serán ellos los encargados de encabezar las investigaciones. En el actual sistema jueces y fiscales prácticamente actúan con una unión de hecho y son aisladas las veces que tienen grandes discrepancias. Con fiscales como Llorente más vale que el Poder Judicial fortalezca su independencia del Ministerio Público, sino va a pasar lo que decía Francisco de Quevedo: "Donde hay poca justicia es un peligro tener razón".