[Terminus]

La acusación de que las brigadas médicas cubanas constituyen «mano de obra esclava» o trabajo forzado proviene del Departamento de Estado de EE.UU.y cuenta con el respaldo de investigaciones de organismos de derechos humanos, como relatores especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Prisoners Defenders.

• Las denuncias cuestionan el esquema legal, financiero y de control social que el Estado cubano impone sobre ellos.
• Los gobiernos receptores pagan directamente al Estado cubano por cada profesional.
• El gobierno cubano retiene entre el 75 % y el 95 % del salario fijado en el contrato bilateral, otorgando al médico únicamente un estipendio de subsistencia.
• A los profesionales se les suelen confiscar sus pasaportes al llegar al país de destino.Se les impone un código de conducta que limita su libertad de movimiento, les prohíbe entablar relaciones personales con locales no autorizados y somete su vida cotidiana a vigilancia por parte de jefes de misión.
• Si un médico abandona la misión o decide no regresar a la isla, el Código Penal cubano y la normativa del Ministerio de Comercio Exterior lo tipifican como deserción, prohibiéndole la entrada a Cuba por un período mínimo de ocho años. Esto deriva en la separación forzada de sus familias e hijos.
  

La dictadura cubana califica las acusaciones de EE. UU.como una campaña política orientada a asfixiar financieramente a la isla, ya que la exportación de servicios profesionales representa una de sus principales fuentes de divisas y a perjudicar sus relaciones diplomáticas.