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El fracaso del fusil colombiano Jaguar, una apuesta política que terminó desechada por los fallos del arma
Carlos Vanegas, 13 de septiembre de 2026



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Lo que comenzó durante el gobierno de Gustavo Petro como uno de los proyectos emblemáticos para alcanzar una mayor autonomía de Colombia en materia de armamento terminó convertido en una seria controversia para el sector defensa. El fusil Jaguar, presentado como el primer fusil de asalto concebido y fabricado en Colombia, fue finalmente descartado por las Fuerzas Militares debido a las fallas detectadas durante su proceso de desarrollo y validación.
La decisión fue confirmada por el actual ministro de Defensa, general ® Jorge Mora, quien aseguró que el proyecto quedó completamente desechado y anunció que la documentación relacionada con su desarrollo será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer si existen responsabilidades de carácter administrativo, fiscal o penal. “No, eso es una locura. Eso ya quedó completamente desechado”, contó el ministro.
La dimensión del caso adquiere especial relevancia porque el Jaguar no fue presentado simplemente como un proyecto técnico de la Industria Militar de Colombia. Durante la administración Petro, el fusil adquirió una fuerte carga política. El entonces presidente lo convirtió en uno de los símbolos de su política de soberanía militar e industrial y lo presentó como una alternativa al Galil, arma de origen israelí que durante décadas ha sido utilizada por la Fuerza Pública colombiana.
En ese contexto, el desarrollo del Jaguar quedó estrechamente relacionado con la decisión política de Petro de romper relaciones con Israel y suspender la adquisición de material militar proveniente de ese país. La búsqueda de una alternativa nacional pasó entonces de ser una posibilidad industrial a convertirse en una bandera política del Gobierno.
El problema es que en materia de defensa un arma no puede evaluarse por su significado político, su origen nacional o el discurso que la acompaña. Un fusil destinado a soldados y policías debe superar rigurosas pruebas de seguridad, precisión, confiabilidad, resistencia y funcionamiento en condiciones extremas. En otras palabras, para un militar que depende de su arma en combate, la ideología no puede sustituir a la ingeniería.
La revelación del actual ministro de Defensa pone precisamente ese punto en el centro de la discusión. Mora afirmó que quienes participaron en las decisiones relacionadas con el Jaguar tendrán que responder ante los organismos de control y la Fiscalía, y que existen documentos e investigaciones que serán entregados a las autoridades.

Fracaso en medio de una enorme necesidad
La controversia se vuelve todavía más delicada por el momento en que se produce. Mientras el Estado colombiano descarta el Jaguar, las Fuerzas Militares enfrentan, según el propio ministro de Defensa, un déficit de aproximadamente 120.000 fusiles, armamento que debe ser reemplazado en un plazo inferior a seis meses. La situación significa que Colombia necesita resolver con urgencia la dotación básica de miles de integrantes de su Fuerza Pública.
Así, el debate deja de ser exclusivamente sobre si el Jaguar era un buen o mal fusil. La pregunta de fondo es cómo se tomaron las decisiones que llevaron a desarrollar, impulsar y presentar públicamente un sistema de armas que finalmente terminó siendo descartado, y cuánto tiempo y recursos se destinaron a una iniciativa que no consiguió convertirse en una solución operacional.
Petro, lejos de aceptar el cierre del proyecto, salió públicamente en defensa del Jaguar. El expresidente sostuvo que el fusil debía continuar en pruebas y que las fallas podían ser corregidas. También cuestionó la decisión de regresar al Galil y planteó que detrás de esa determinación podrían existir intereses económicos relacionados con proveedores extranjeros.
Precisamente allí aparece una de las principales críticas que pueden hacerse a la administración anterior: haber convertido una decisión eminentemente técnica y estratégica en una discusión política. El desarrollo de armamento nacional puede ser perfectamente legítimo e incluso conveniente para Colombia. Tener capacidad propia para fabricar fusiles, municiones, vehículos, sistemas electrónicos y otros equipos militares constituye una ventaja estratégica para cualquier país.
Pero la soberanía tecnológica no significa fabricar algo simplemente porque sea colombiano. Significa tener la capacidad de producir sistemas que cumplan estándares militares exigentes y que puedan ser utilizados con seguridad y eficacia por los hombres y mujeres que enfrentan diariamente a grupos armados ilegales. (Carlos Vanegas)

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