Por Carolina Bilder
La flota de los 40 helicópteros Robinson R-22 fue adquirida durante la gestión del ex secretario de Seguridad del gobierno bonaerense Eduardo Pettigiani, en medio de una polémica con el radicalismo, que los cuestionaban por “ineficientes”. Ayer, un grupo de legisladores bonaerenses de ese partido le pidió al gobernador Eduardo Duhalde la suspensión urgente de la autorización de los vuelos de estos helicópteros al alertar sobre sus “precarias condiciones de seguridad”. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales habían recomendado no utilizar esos aparatos y advertían que esas máquinas tienen expresamente prohibido volar sobre áreas pobladas. Con el de ayer ya suman cinco los helicópteros que la policía perdió desde que los compró, hace poco más de cinco años.
Los helicópteros Robinson R-22 son aparatos livianos, de pequeño porte y con capacidad para dos personas. Se caracterizan por su escaso peso y velocidad –alcanzan unos 100 kilómetros por hora promedio– y no pueden volar con vientos superiores a los 25 nudos.
En 1993, cuando la Policía Bonaerense adquirió el lote de 40 helicópteros Robinson R-22 a través de una compra directa y sin llamar a licitación, el entonces senador radical Héctor Bertoncello cuestionó la operación y denunció otros mecanismos irregulares de compra de equipamiento por parte de la Policía Bonaerense.
Por esa época, Bertoncello calificó a los Robinson como “ataúdes volantes” por su alta peligrosidad. Ayer, en diálogo con Página/12, Bertoncello –ex subsecretario de Seguridad– adelantó su intención de hacer una presentación judicial para que “se investigue si hay responsabilidad por homicidio culposo” en el accidente ocurrido ayer en Adrogué, en el que murió el piloto Raúl di Natale. Según el dirigente, “existe una prohibición de la Fuerza Aérea que les impide volar sobre zonas pobladas”. Además, citó informes internacionales que los califican como “de alto riesgo” y con “un margen de error como el del filo de una navaja”. En idéntico sentido, la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad ya había advertido que esos helicópteros tienen expresamente prohibido volar sobre áreas pobladas.
Tras subrayar que “la irresponsabilidad oficial de ninguna manera justifica el alto precio de una vida”, los legisladores radicales Francisco Ferro, Gustavo Ferrari y Oscar Doria le pidieron al gobernador Duhalde que suspendiera inmediatamente los vuelos de esos helicópteros por sus precarias condiciones de seguridad, y el radical Miguel Bazzé elevó un pedido de informes al ministro de Justicia, León Arslanian, por la caída del helicóptero policial en Adrogué.
Ojala estos enamorados de los barbudos de sierra maestra reflexionen,concuerdo con Franco,son mucho mejores los BO-105,y pagarle a la Armada el mantenimiento.